Ayuso interviene en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en directo

El Pleno de la Asamblea de este jueves está protagonizado por las enmiendas a la totalidad al Proyecto de Ley de Medidas para el Desarrollo Equilibrado del Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Los tres partidos de la oposición -Más Madrid, PSOE y Vox- solicitan que el Gobierno regional retire este texto que modificará 131 artículos de diez textos normativos con el objetivo de «hacer frente al desafío del crecimiento económico y demográfico».

Así lo avanzaba en julio el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en rueda de prensa después del Consejo de Gobierno, que aprobaba el texto y lo remitía a la Asamblea de Madrid. Explicaba entonces que se buscaba «facilitar el desarrollo de grandes proyectos» y «acelerar la edificabilidad porque se podrá solicitar licencia desde el momento de la reparcelación, lo que supone un adelanto de cerca de un año en los plazos».

También se pretende agilizar «los trámites urbanísticos municipales tras la aprobación de las 'Leyes Ómnibus' y de medidas urbanísticas para la promoción de vivienda protegida»; permitiendo a los ayuntamientos ir avanzando en el «planeamiento mientras se sigue tramitando la nueva reforma integral de la Ley del Suelo, actualmente en preparación». De cara a agricultores y ganaderos, se reducirán las autorizaciones urbanísticas y modernizarán los regadíos, «que supondrá un ahorro de agua y la mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrarias». Asimismo, se permitirá que haya «más usos y actividades en el suelo rural, así como la comercialización de los productos agroalimentarios en la propia instalación para una mayor competitividad».

Con la nueva reforma legislativa, además, se quiere fomentar la instalación de Centros de Procesamiento de Datos en Suelo Urbanizable No Sectorizado (el que no se encuentra delimitado en parcelas, sectores o áreas, por lo que su transformación está contemplada a largo plazo), mediante la fórmula de Proyecto de Actuación Especial, que agiliza los plazos de tramitación. En lo relativo al uso del agua, la nueva ley agiliza el procedimiento de aprobación de proyectos de obras de infraestructuras hídricas, «con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos relacionados con la gestión del ciclo del agua».