Las universidades públicas de Madrid trasladan a Ayuso su «crítica situación económica» y le piden cambios en los Presupuestos

Las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Carlos III, Politécnica, Rey Juan Carlos y Alcalá) han mostrado su descontento con el Gobierno regional y su preocupación con la financiación prevista para el próximo año en una carta conjunta publicada este jueves y dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La carta ha sido aprobada por los respectivos consejos extraordinarios, que se han celebrado esta mañana en cada una de ellas. En ella, los rectores han alertado sobre la «insostenibilidad económica» que imposibilita «la calidad del servicio público» y han puesto el foco sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid de 2025, que se encuentra en proceso de tramitación parlamentaria.

«El borrador de presupuestos no contempla las transferencias necesarias para afrontar el impacto de la inflación en los suministros, para cubrir íntegramente el incremento salarial acordado por el Gobierno central ni para financiar las exigencias de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Tampoco incluye recursos suficientes para garantizar el mantenimiento de los edificios, indispensable para su funcionamiento y seguridad en condiciones adecuadas», han expresado en la misiva.

Por ello, han considerado «imprescindible» que «se enmienden los presupuestos» durante el trámite en la Asamblea y que «se aumente considerablemente la partida de infraestructuras», que actualmente es de 7,6 millones de euros. Además, han solicitado que se elabore un modelo de financiación plurianual y que se garantice la adaptación a la LOSU de las plantillas.

Subvención en los Presupuestos

Si no hay cambios de última hora en el proyecto de presupuestos, las seis universidades públicas recibirán una subvención total de 1.052 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 0,9 % respecto a los 1.042 millones de las cuentas vigentes. Es decir, 9,4 millones más. «La partida destinada a subvenciones ignora los argumentos que hemos planteado a la Consejería y enmascara un descenso real en la financiación de las universidades, agravando el déficit estructural», han expresado en la carta.

La inversión en las universidades públicas prevista para 2025 correspondería a un 0,43 % del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad de Madrid, el más elevado de España, y sería un porcentaje inferior a la media nacional, del 0,55%, y lejos del objetivo de llegar al 1% marcado por la LOSU.

Más allá de la financiación global, los rectores han puesto el foco especialmente en el apartado de la partida anual destinada a transferencias corrientes para obras y reformas, que es de 7,67 millones de euros a repartir entre las seis, una cifra que «lleva congelada desde 2014», según han protestado en la carta. «Esta cifra resulta claramente insuficiente para atender las necesidades de los espacios que utilizan diariamente cerca de 30.000 profesores e investigadores, así como personal técnico, de gestión, de administración y de servicios, junto con 220.000 estudiantes, aproximadamente», han añadido.

Los rectores han denunciado la infrafinanciación «durante más de 15 años», que ha desembocado en «una situación crítica que podría volverse catastrófica» en poco tiempo. «La precariedad laboral, la imposibilidad de reponer jubilaciones, las limitaciones en promociones, la paralización de proyectos formativos y de investigación, y la incapacidad para atraer o retener talento son algunos de los desafíos recurrentes. A esto se suman infraestructuras obsoletas que representan un riesgo creciente para usuarios y trabajadores», han detallado.