Sánchez anuncia que agilizará una quita de la deuda para todas las regiones para aplacar al PP

El presidente del Gobierno anunció la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera en enero para agilizar el mecanismo con el que el Estado asumirá parte de la deuda de las comunidades del régimen común con el Fondo de Financiación Autonómico. Ello es consecuencia del pacto de investidura al que llegó el PSOE con ERC el año pasado, cuando se comprometió a condonar a Cataluña 15.000 millones de su deuda con el FLA, el 20 % del total. A raíz de la polémica suscitada, María Jesús Montero aseguró que ofrecería al resto de las autonomías del régimen común la misma posibilidad, pero de momento ni una cosa ni otra se han materializado. La medida ya provocó entonces diferencia de opiniones entre los presidentes del PP.

La financiación es el principal caballo de batalla que llevan estos últimos a la Conferencia de Presidentes de Santander, por el cupo catalán acordado con ERC a cambio de la investidura de Salvador Illa en Cataluña. De hecho, figura en el orden del día porque los populares forzaron su inclusión en el mismo durante la reunión preparatoria de finales de octubre, aprovechando su amplia mayoría. El Gobierno quería ceñir este cónclave al problema de la vivienda.

En su intervención, Sánchez abogó también por acordar un nuevo modelo de financiación autonómica «que concilie la multilateralidad y la bilateralidad, blinde la solidaridad entre territorios y garantice que todas las comunidades reciban más recursos de los que reciben hoy», según el Ejecutivo. Es decir, la cuadratura del círculo. Pero lo hizo sin ninguna concreción, a sabiendas de que las probabilidades son ínfimas.

Sánchez también propuso a las comunidades que hagan una especie de hucha para crear una línea adicional de ayuda a los afectados por la DANA, a mayores del dinero movilizado por el Gobierno central y la Comunidad Valenciana. Su idea pasa por que cada autonomía aporte los fondos europeos de cohesión FEDER y FSE+ que no tiene ejecutados ni comprometidos y redirigirlos a la Comunidad Valenciana.

En materia de vivienda, Sánchez reclamó a las comunidades del PP que apliquen la Ley de vivienda y los topes a los alquileres en las zonas tensionadas, puesto que éstas no lo están haciendo. También insistió en la propuesta del Gobierno de que las viviendas públicas y sociales financiadas con recursos públicos queden blindadas «de forma permanente e irreversible», sin que puedan venderse en el mercado libre dentro de unas décadas como ocurre ahora. Y recordó que sigue pendiente la aprobación de una reforma de la Ley del suelo, porque la propuesta del Gobierno no cuenta con el apoyo de sus socios - ni Podemos, ni Junts, ni ERC- y los socialistas pretenden que el PP les apoye en esto.

Además, el presidente se comprometió a transferir a las comunidades autónomas 223 millones de euros extraordinarios a principios de 2025 para nuevas soluciones sanitarias basadas en Inteligencia Artificial. Pero, sin embargo, no atendió las urgencias de las comunidades sobre la falta de personal sanitario. Solo dijo que consolidará y aumentará la financiación de nuevas plazas para profesiones sanitarias en las universidades públicas, «siempre y cuando exista un compromiso firme de las comunidades para contribuir de forma sostenida a su cofinanciación».