Viciana, tras la firma del convenio: «Intentan incendiar la Universidad y utilizarla ideológicamente»

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, explica en una entrevista con El Debate desde su despacho de la calle Alcalá por qué el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está tan en contra del convenio de Universidades María Goyri, a pesar de que se ha visto obligado a firmarlo, en lo que califican como «un chantaje».

Viciana pronunció el pasado jueves un durísimo alegato contra el convenio, frente a la ministra de Universidades, Diana Morant, que, posteriormente, le acusó de «maltratar lo público» y ser «un sectario».

–Tengo entendido que usted quería firmar el convenio de forma telemática pero la ministra no se lo permitió, ¿fue así?

–Una vez tuvimos claro que no había más remedio que firmar el convenio, queríamos hacerlo de la forma más rápida y aséptica posible mediante una firma electrónica, cosa que es perfectamente normal y admisible. Pero, después de varios intercambios de correos en los que insistían en que había que hacerlo de manera presencial, que ya lo habían hecho así con otras comunidades, yo les planteé que, según la legislación, se podía hacer de forma telemática sin ningún problema. Ellos fueron amables y me dijeron que sí pero que ellos, igualmente, iban a organizar un acto al que iban a ir los rectores e iban a hablar y me dijeron que era bienvenido. Entonces dije, si se va a hacer de todas formas, entonces tengo que ir. Y así fue.

–Tras su durísimo alegato contra el convenio, ¿la ministra le dijo algo sobre sus palabras?

–En absoluto. Lo que sí hizo, en su discurso posterior, fue una pequeña referencia cuando dijo que se sentía confundida porque era la primera vez que firmaban un convenio y no tenían claro si los firmantes querían estar o no. Estuve a punto de levantarme y explicárselo otra vez.

–Luego sí pudimos ver que la ministra reaccionó en sus redes sociales y le acusó de maltratar lo público y de pertenecer a un Gobierno sectario, ¿qué le parecieron esas acusaciones?

–Es una reacción completamente esperada por parte de la ministra y en general del Gobierno de Pedro Sánchez. Intentan darle la vuelta a todo y ellos lo que hacen es utilizar lo público para sus fines. Desde la Comunidad de Madrid estamos haciendo una defensa a ultranza de la Universidad Pública y de todo lo público en general. Yo creo que sus acusaciones fueron a lo fácil, a intentar enmarañar el asunto porque saben que tienen a gente que les compra el mensaje.

–¿Por qué, a su juicio, está tan mal este convenio? ¿Cómo se lo explicaría a alguien que no esté informado del tema?

–Podríamos dividirlo en dos partes, una económica y otra ideológica. En cuanto a la parte económica, que es la más grave, esto se remonta a que la LOSU genera artificialmente una necesidad de profesores adicionales en las Universidades Públicas. Esa ley fija una normativa en virtud de la cual los profesores de una determinada categoría han visto reducidas sus horas de dedicación docente. No pueden dar más horas de clase, con lo cual, obliga a las universidades a tener que contratar a más profesores. Todas las universidades tienen esa espada de Damócles sobre sus cabezas porque tienen esa necesidad de contratar. Y esto que se ha creado artificialmente lo trasladan a las comunidades autónomas, que somos las encargadas de financiar el funcionamiento de las universidades públicas. La LOSU está claro que ha sido un error que ha cometido el Gobierno, pues ahora piensan: 'lo que hacemos es pagar, financiar una pequeña parte de esa necesidad de profesores y el resto que lo hagan las comunidades autónomas'.

En cuanto a la parte ideológica, hay todo un alegato en el convenio, que además tiene un montón de contenido que es innecesario, que no es ni objetivo ni jurídico ni tendría que aparecer en un compromiso de cofinanciación entre dos administraciones. Hace un alegato de defensa a ultranza de la LOSU, habla de que la LOSU ha venido a salvar el sistema universitario cuando lo que ha hecho es crear una serie de problemas tremendos. Por ejemplo, reduce la calidad del sistema universitario, eliminando el requisito de ser catedrático para acceder al puesto de rector. O con la disposición adicional que obliga a la no adscripción de colegios mayores segregados a las universidades públicas.

El convenio lo que hace es dar una vuelta a todo eso y decir que esta es una oportunidad histórica para reducir la temporalidad en la Universidad Pública y en el fondo lo que hace es obligar a contratar a un determinado tipo de profesor que, para empezar, es una figura temporal. Es absolutamente contradictorio y paradójico. Además, actúa en detrimento de la figura del profesor asociado que es quien puede traer su experiencia del sector privado a la Universidad, quien mantiene el contacto entre la universidad y el mundo real.

–¿Cuáles fueron las modificaciones al convenio que planteó la consejería en un primer momento y que el ministerio rechazó?

–Hicimos dos versiones. Una primera que le presentamos a los rectores antes de tomar la decisión de asumir el convenio. Planteamos una versión absolutamente limpia de contenido ideológico en la que nos concentrábamos únicamente en aspectos puramente administrativos de una cofinanciación entre dos administraciones públicas. Es cierto que cuando se lo presentamos a los rectores todavía no habíamos tomado esta decisión y no teníamos la parte de financiación autonómica. Entonces los rectores prácticamente no se molestaron en leer el texto. Dijeron: 'un momento, ¿me estás diciendo que sólo tenemos la financiación del Estado pero no de la Comunidad Autónoma?'. No les interesaba porque en vez de tener un 100 % de plazas se les estaba ofreciendo un 60 %.

A continuación fue cuando tomamos la decisión de firmar el convenio. Lo comunicamos al ministerio y entonces les mandamos esa misma versión libre de todo contenido ideológico. Habíamos eliminado un preámbulo de tres páginas en las que no se decía nada excepto lo buena que es la LOSU. Lo dejamos en algo muy aséptico y le dijimos al ministerio que estábamos dispuestos a firmarlo de manera inmediata. Pero, en ese momento, nos dijeron que el resto de comunidades habían firmado otra versión y que no iban a hacer ningún trato de favor con Madrid. Pero yo no creo que se tratara de un trato de favor, se trata de que un convenio es algo acordado entre dos partes. No puede ser una imposición de una sola de las partes. Ellos jugaron la batalla mediática y se encargaron de dar a entender en los medios de comunicación que si no lo aceptábamos estábamos abandonando a las Universidades Públicas. Ahí está la trampa y el chantaje.

–¿Cree que el Gobierno central ha querido llevar este asunto al ámbito mediático para politizarlo y utilizarlo como arma contra la Comunidad de Madrid?

–Sin ninguna duda. Por supuesto. Ellos saben que el ámbito universitario es un ámbito especialmente sensible a los vaivenes políticos y saben que es muy fácil incendiar la universidad. Eso es lo que han intentado. Ahí está, una vez más, esa utilización ideológica de lo público y de algo tan importante como es la universidad. Y eso es algo por lo que no vamos a pasar nosotros.

–¿Le han trasladado otras comunidades autónomas su oposición a este convenio, aunque también lo hayan firmado?

–Nosotros hemos estado en contacto con las comunidades, especialmente con las del Partido Popular. Hemos tenido un debate interno y yo he sido especialmente activo y he puesto de manifiesto, una y otra vez, la trampa que suponía este convenio. Es cierto que he tenido mucho apoyo en este sentido, pero claro, luego, no firmar suponía rechazar un dinero que era para la universidad. Eso es muy difícil de justificar ante el ámbito universitario y ante los rectores. Así que, finalmente, hemos firmado todos y nosotros hemos sido los últimos.

–¿Por qué cree que el Gobierno tiene interés en que el convenio se firmara en los términos previstos a pesar de sus críticas?

–Yo creo que el Gobierno es plenamente consciente del enorme error que ha sido la LOSU por cómo se gestó y los problemas prácticos que está generando, el más grave, de tipo económico. Cuando se gestó la LOSU no se contó con la comunidad universitaria en absoluto. La memoria económica de la ley fijaba sus costes en 50 millones de euros pero, al poco de publicarse, la CRUE -que no es sospechosa de partidismo- elaboró su propio informe y cifró esos costes en más de 1.000 millones de euros que tienen que financiar las comunidades autónomas. Esto es importante porque se supone que cuando el Estado regula sobre competencias que tienen que financiar las comunidades tiene que aportar financiación a las mismas. Y esto no se ha hecho.

Ellos mismos son conscientes del error que han cometido. En una de las primeras reuniones de Conferencia de Política Universitaria con la ministra hubo un clamor generalizado en contra de la LOSU. La ministra reconoció que 'la LOSU está ahí y no podemos hacer nada, así que vamos a buscar formas de solucionarlo'. Y unos meses después salen con este convenio que financia una pequeña parte de esos costes, pero el resto lo asumen las comunidades autónomas.

–Tras firmar el convenio, usted avanzó que Madrid trataría de amortiguar sus efectos en la medida de sus competencias, ¿qué es lo que pretenden hacer?

–Nosotros, como no puede ser de otra manera, cumplimos con la ley. Hemos estudiado jurídicamente y en profundidad la LOSU y vamos a actuar en todos aquellos huecos, en todos aquellos ámbitos, en los que veamos que hay margen de mejorar y de solucionar el desastre. Todo esto lo estamos recogiendo para elaborar nuestra Ley de Universidades y Ciencia.

En este punto quiero remarcar que la LOSU se hizo sin ningún tipo de colaboración con la comunidad universitaria. En cambio, nosotros, que todavía ni siquiera hemos publicado un borrador de la ley, hemos mantenido ya más de 15 reuniones con el mundo universitario y de la investigación. Hemos dividido nuestra ley en distintos ámbitos temáticos y hemos ido teniendo reuniones con rectores, vicerrectores, consejos sociales y estudiantes por materias. Es decir, estamos en permanente contacto. También nos hemos reunido con universidades privadas para tener todas sus aportaciones y poder plasmarlas en la ley. Una ley que queremos que sea de colaboración en todo momento y de la mano con la Universidad.

–¿Creen que esa ley va a suponer un nuevo motivo de confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez?

–No tenemos ninguna duda de que va a ser un motivo de conflicto nuevamente. Fue muy sorprendente en el mes de julio, cuando presentamos a los rectores unas líneas, unas directrices de por dónde queríamos que fuera la nueva norma -ni siquiera había aún un borrador de la ley-, de manera automática salió la ministra a decir que iban a recurrirla, que el borrador era un desastre... Nos quedamos bastante sorprendidos porque no había ningún borrador. Dijo que era un ataque a la Universidad Pública y que queríamos alimentar y fomentar la privada pero en Madrid defendemos el sistema universitario madrileño, con la públicas y las privadas, ambas se complementan. Así que sí, esto va a ser un caballo de batalla sin ninguna duda.

–¿Cuándo cree que se publicará esa Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid?

–Pretendemos que el borrador esté listo a mediados de enero. A partir de ahí, tenemos que presentarlo internamente en el Consejo de Gobierno para que se pueda analizar y luego ya empezaríamos con los trámites administrativos propios, es decir, una memoria de impacto normativo, pedir todos los informes para la tramitación administrativa correspondiente y, a partir de ahí, una vez esté todo eso ya superado, hay un trámite de audiencia pública. Luego ya viene la presentación en la Asamblea de Madrid.