Una voluntaria, que ha sido amenazada e insultada por tres mujeres, repartiendo folletos frente a una clínica abortiva
Reportaje
Los provida resisten: «Si hay que ir a la cárcel, iremos, pero no vamos a dejar de salvar bebés»
Una semana después de su entrada en vigor, nos acercamos al Refugio por la Vida y preguntamos a algunas de las voces más autorizadas del mundo provida sobre las implicaciones de esta ley
El pasado Jueves Santo se hacía efectiva la modificación del Código Penal para sancionar «con pena de prisión de tres meses a un año» a todo aquel «que para obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo acosare a una mujer mediante actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad».
Con la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, España da un paso al frente para fiscalizar y ejercer la represión a actos que ahora adquieren carácter delictivo como son: repartir folletos informativos frente a una clínica abortiva, estar en las inmediaciones -de forma estática- contemplando la fachada, rezar, portar algún tipo de documento que pueda influir en la decisión del otro o hablar con cualquier persona que pueda tener interés en contar con una alternativa antes de decidir acabar con la vida de su bebé.
«Ahora lo que nos toca es ser discretos» -asegura Marta Velarde, presidenta de la iniciativa Rescatadores-Juan Pablo II. «Sabemos que los abortorios tienen fotos de algunos de nosotros y que no van a dudar a la hora de llevar a cabo denuncias falsas. Sin ir más lejos, hace unas semanas acusaron a una de nuestras voluntarias, que es una mujer mayor, de haber irrumpido en la clínica», asegura Velarde que ve con profunda preocupación la entrada en vigor de este nuevo ordenamiento que perseguirá a los provida.
El Refugio por la Vida, ubicado frente a la Dator, lleva desde el 8 de marzo abierto
«Ante la agresión, no haremos nada»
En la mañana de ayer, Inmaculada Fernández, una de las responsables de la gestión del Refugio que hace dos semanas puso en marcha la plataforma de participación ciudadana Derecho a Vivir, aseguraba que los actos de vandalismo desde que abrieron sus puertas el pasado 8 de marzo han sido constantes. «Pintadas, intentos de forzar las cerraduras para entrar en el local... Hemos tenido que poner cámaras por eso», señalaba Fernández poco antes de indicarnos que apenas un par de horas antes de nuestra llegada a la zona, una de sus voluntarias había recibido insultos y amenazas por parte de «tres feministas radicales» cuando la rescatadora estaba repartiendo algunos dípticos con información a las mujeres que se acercaban a la clínica Dator, uno de los epicentros abortivos de España. «La Policía sabe que repartir folletos no es acoso de ningún tipo».
«El hecho de que estemos tan cerca de la Dator hace que algunas mujeres, aunque sea por error, porque se confunden de local, sepan que estamos aquí, que queremos brindarles una alternativa, que sepan que no están solas, que existen bolsas de trabajo para mujeres embarazadas, apoyo en todos los órdenes», apunta Inmaculada Fernández. «Sabemos que van a hacer todo lo posible por cerrarlo pero vamos a seguir adelante mientras podamos».
Hace 15 días los Rescatadores-Juan Pablo II llevaron a cabo 26 intervenciones que salvaron vidas. «Desde los medios de comunicación, desde las universidades y colegios, desde el materialismo tan atroz que estamos viviendo y que aplican partidos políticos como el PSOE, lo que se quiere es desinformar y potenciar el aborto. Quieren que disminuya la población, quieren lucrarse a través de estas prácticas y ahora quieren inventarse delitos contra los que vamos a salvar bebés», apunta Velarde para agregar a continuación: «Si tenemos que ir a la cárcel, vamos a la cárcel, pero no por ello vamos a dejar de hacer lo que hacemos».
Una de las claves de esta resistencia pasiva como es ofrecer información o hacer convocatorias para rezar por las madres y los niños que pierden la vida en las clínicas, es no devolver la agresión a quienes ejerzan la violencia contra ellos, como ya ocurriera en 2017, cuando uno de los ginecólogos de la Clínica Isadora de Madrid, cuyas siglas son J.H.P., propició una paliza a dos de los rescatadores, que no se defendieron pero denunciaron los hechos. La resolución final del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid fue condenar al agresor a abonar una indemnización económica a los agredidos, privación de libertad en caso de no atender el mandato judicial y asumir las costas del juicio.
Velarde no descarta que nuevos sucesos de este tipo puedan volver a suceder, aunque confía en el recurso del Constitucional y que la Policía, como hasta ahora, siga mostrando el sentido común ante episodios de las últimas semanas donde ha sido necesaria su intervención. «No te pueden detener por rezar o informar. Es así de sencillo».