El presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau
Puerto Rico prohíbe el aborto a partir de las 22 semanas de gestación
Tras un debate de más de tres horas, el Senado ha aprobado este martes un decreto que considera «viable todo lo concebido» en el vientre materno de 22 o más semanas
La vida se va abriendo paso poco a poco en los países latinoamericanos, después de que Colombia despenalizase el aborto hasta la semana 24 de gestación el pasado mes de febrero. Este martes, 21 de junio el Senado de Puerto Rico ha aprobado un decreto, después de más de tres horas de debate, por el que queda prohibido poner fin al embarazo a partir de la semana 22 de gestación.
Se suma así a la lista de países donde queda permitido dentro de unos plazos establecidos, junto con el ya conocido caso de Colombia, Uruguay o Argentina, donde se puede abortar hasta la semana 14. En el resto de países de esta parte del continente americano la legislación no permite abortar, salvo situaciones muy concretas, como que se ponga en peligro la vida o la salud de la madre, por motivos socioeconómicos, en caso de violación o cuando existan malformaciones.
El proyecto de ley, criticado por restringir el acceso al aborto en el país, obliga al Departamento de Salud a realizar un registro de abortos y elimina la prohibición de poner fin al embarazo en casos de violación.
La senadora del Proyecto Dignidad y presidenta de la comisión de Vida y Familia, Rodríguez Veve, quien ha trabajado y defendido la medida, ha manifestado «creo en la defensa de la vida desde la concepción, sin embargo, hoy estoy dispuesta a favorecer este proyecto de miembros de tres delegaciones. Un proyecto que reconoce el derecho a la intimidad de la mujer no es uno absoluto, sino es uno que encuentra sus límites frente a otros derechos como el de la vida». Con esta medida, ha asegurado, se intenta proteger la vida de aquellos bebés prematuros que podrían nacer a partir de los cinco meses y medio de gestación.
Fuertes críticas a la medida
El proyecto ha sido fuertemente criticado, entre otros, por la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera, quien se ha mostrado en contra de la ley y ha sostenido que este es un proyecto que implica el retroceso de los derechos de las mujeres. «Este proyecto en Puerto Rico pretende llevarnos a los 1800, que pretende crear obstáculos para que las mujeres tomen decisiones sobre su cuerpo», ha agregado Rivera.
Por su parte, la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, ha indicado que «cuando esa maternidad es deseada es la mayor ocasión de júbilo que se pueda tener». Sin embargo, Santiago ha asegurado que la «imposición de la maternidad no deseada es una fuente de dolor y marginación».
A su vez, el senador independiente José Vargas Vidot, ha destacado que el proyecto acerca a Puerto Rico «cada vez más al pasado», y ha sostenido que el efecto del decreto es «volver al gancho, es exponer a la persona que no tiene el recurso a arriesgar su vida». «No estamos hablando de una epidemia de abortos, en Puerto Rico eso no existe», ha sentenciado.