La falta de inversión del Gobierno pone en peligro a un millón de familias vulnerables

Un cambio en las políticas sociales del Gobierno, que ha pasado casi desapercibido hasta ahora, va a dejar desprotegidas en España a más de un millón de familias con menores a cargo en situación de vulnerabilidad.

Esta es la alarmante denuncia que ha lanzado al Fundación Madrina, tras analizar el impacto que tendrá el Real Decreto 93/2024 aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado 23 de enero, y que esquivó el control del Parlamento y del Senado al tratarse de un decreto y no de un Proyecto de ley.

Según apunta esta fundación –referente en España en el ámbito de la atención a la maternidad en riesgo de exclusión–, el cambio legislativo «sustituye el programa de alimentación europeo FEAD por el FSE+». Este movimiento implica que, a partir de ahora, el Estado va a destinar «solo 95 millones de euros a cubrir los gastos de alimentación de estas familias, cuando un año antes destinaba 1.000 millones de euros».

Una rebaja del 90,5 % en ayudas a familias vulnerables

Esto supone una rebaja del 90,5 % en un tipo de ayudas que, de hecho, ya estaban muy lejos de cubrir las necesidades reales. Tanto es así que, según las estimaciones de la fundación, para satisfacer las necesidades de las familias con menores a cargo y en situación de vulnerabilidad, las administraciones estatales deberían prever un presupuesto de 6.500 millones de euros. Una cifra que está muy lejos de los 95 millones aprobados unilateralmente por el Gobierno y sin el control de las Cortes.

Así, este Real Decreto implica que el Estado «sólo cubrirá el 1,4 % del presupuesto necesario». Además, supondrá modificaciones relevantes, como que las llamadas «tarjetas monedero» y los vales de comida reemplazarán a las cestas de alimentos que se repartían hasta ahora, pero «con el riesgo de dejar fuera al 98 % de las familias necesitadas», explican desde la fundación.

¿Un bebé cuesta 130 euros mensuales?

La disparidad entre las cuantías previstas por la Administración y las que la fundación maneja a partir de un estudio elaborado con datos recabados de su labor asistencial, es enorme.

Mientras que la organización estima que una familia de bajos recursos con un menor lactante requiere un gasto de unos 430 euros mensual, el Real Decreto cifra este valor únicamente en 130 euros al mes, y 220 euros en el caso de las familias numerosas. Cuantías todas ellas que están muy lejos de los más de 670 euros mensuales que supone el primer año de vida de un bebé, según reveló un estudio elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en 2020.

Esta diferencia entre el día a día de un hogar en situación de vulnerabilidad y el auxilio que le prestan las administraciones supone un agravante que «perpetúa la desigualdad y la situación de pobreza en la que se encuentran estas familias», alerta la entidad.

Una injusticia social

«La propia administración reconoce en un informe público del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que los fondos europeos FSE+ no son suficientes para sacar a las familias de la pobreza», alertan desde Madrina. «Por eso, se espera que las ONG asuman la responsabilidad de alimentar a las familias que el Estado no cubre. Esta carga recae nuevamente sobre la sociedad civil y las fundaciones privadas, lo que genera una injusticia social al no garantizar el acceso universal a la alimentación para los más vulnerables», destaca la Fundación.

Y concluyen con un «llamamiento urgente para que se destinen más recursos y se aborde de manera integral y seria la pobreza infantil en España».