Hacienda rechaza la petición de Ana Duato de anular su juicio y sigue acusándola de fraude

El abogado del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, se ha opuesto en el juicio a la petición de la actriz Ana Duato y su marido, el productor de la serie de televisión Cuéntame cómo pasó, Miguel Ángel Bernardeau, de anular el juicio seguido contra ellos y ha mantenido su acusación por delitos fiscales.

La Audiencia Nacional ha reanudado este jueves con cuestiones previas el juicio a 28 acusados de supuestos delitos fiscales cometidos a través del despacho de abogados Nummaria, entre los que también se encuentra el actor Imanol Arias, protagonista junto con Ana Duato de la citada serie, que al comienzo del juicio llegó a un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

En virtud de dicho acuerdo de conformidad Imanol Arias, para quien el fiscal pedía 27 años de cárcel por un fraude de 2,7 millones entre 2009 y 2015, ha reconocido los delitos y aceptado una pena de dos años de cárcel, que no implica su entrada en prisión, después de haber abonado la cantidad defraudada.

Por su parte, Ana Duato, que también ha devuelto parte de la cantidad supuestamente defraudada, se sigue enfrentando a una petición del fiscal de 32 años de prisión por un presunto fraude de 1,9 millones de euros acumulado por cuotas supuestamente defraudas del IRPF de siete ejercicios, los de 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 y 2017.

La defensa de Ana Duato alegó en la anterior sesión de la vista, este miércoles, que los ejercicios de 2010 a 2012 ya fueron objeto de un procedimiento administrativo por el que, tras ser sancionada al pago de alrededor de un millón de euros, el Tribunal Económico Regional estimó su recurso y ordenó que se le devolviera ese dinero al no apreciar correctas sus autoliquidaciones.

En cuanto a los supuestos fraudes de los ejercicios comprendidos entre los años 2014 y 2017 denunció que se trata de una acusación sorpresiva prohibida en la ley, ya que en ningún momento fue interrogada por ellos en la fase de instrucción.

Sobre el primer bloque, el abogado del Estado ha expuesto que sentencias del Tribunal Supremo y del Constitucional, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos permiten juzgar a un acusado en una causa penal aunque haya sido objeto de un procedimiento administrativo por los mismos hechos.

Ha señalado que el único requisito para ello es que se tenga en cuenta en la posible multa que se le imponga en el juicio lo que ya haya pagado en el procedimiento administrativo.

En este sentido, el abogado del Estado ha adelantado que en sus conclusiones definitivas modulará su petición de pena para Ana Duato en este sentido.

Por otra parte ha comentado que «es inaudito que alguien pueda decir que el tribunal se encuentra vinculado por lo que digan funcionarios de la Agencia Tributaria que no tenían toda la información de la que sí se dispuso con posterioridad tras el registro» en el despacho Nummaria «para formarse una opinión sobre si había o no indicios racionales de criminalidad».

Esas primeras «conclusiones aceleradas, precipitadas y equivocadas de la Agencia de no apreciar delito en ningún caso pueden afectar» a la Sala de este juicio, ha abundado el letrado.

Por su parte, la defensa de Miguel Ángel Bernardeau, para quien el fiscal pide 18 años de cárcel, alegó que de los cuatro delitos fiscales que se le atribuyen a su cliente tres no superaron la cuota de 120.000 euros –para considerarla delictiva– en los ejercicios de 2011, 2014 y 2015 mientras que el correspondiente a 2012, al igual que el de 2011, ya ha prescrito por el tiempo transcurrido.

Al respecto, el abogado del Estado ha dicho que decidirá su posición una vez practicada la prueba en el juicio pero ha rechazado que en este momento se tenga que suspender el juicio para este acusado.

El juicio se reanudará el martes próximo con las declaraciones de los siete acusados que han llegado a pactos con el fiscal, entre ellos Imanol Arias, mientras que Ana Duato prestará declaración el miércoles. Posteriormente lo harán los demás procesados, entre ellos el dueño del despacho Nummaria, el abogado Fernando Peña, para quien la Fiscalía pide la mayor pena, 298 años de prisión.

La defensa de una presunta colaboradora del despacho Nummaria ha intervenido para expresar que, a su juicio, los acusados que han llegado acuerdos de conformidad con la Fiscalía están siendo objeto de «chantaje».

La presidenta de la Sala, Ana Revuelta, le ha interrumpido para decirle que no estaba en el turno de palabra ante lo que el letrado ha retirado la expresión y ha pedido disculpas, pero ha anunciado posibles recursos por vulneración del derecho de defensa.