Claves históricas para entender la subida de la factura de la luz

España creció y se transformó económicamente en la década de los sesenta. Para mantener ese ritmo, uno de los factores más importantes era garantizarse el suministro regular y abundante de energía barata. El uso de la energía nuclear iba a poner una nueva distancia entre los futuros países desarrollados y los marginados. España tenía la ambición de no perder ese tren de desarrollo tecnológico y de energía barata, pero necesitaba instituciones, personal especializado y la materia prima: el uranio. Con respecto a esto, éramos afortunados al ser nuestro país, junto a Francia y la república Checa, los países europeos que disponen de yacimientos propios de este elemento radioactivo, localizados en España en las provincias de Córdoba, Badajoz y Salamanca.

La investigación nuclear en España se inició el 8 de octubre de 1948 con la constitución de la Junta de Investigaciones Atómicas, de la cual formaron parte José María Otero Navascués (ingeniero de Artillería de la Armada, director del LTIEMA y del Instituto de Óptica del CSIC «Daza Valdés») , Manuel Lora Tamayo (catedrático de Química Orgánica), Armando Durán Miranda (catedrático de la Facultad de Ciencias y jefe de la Sección de Óptica Geométrica y Cálculo de Sistemas del Instituto de Óptica del CSIC) y José Sobredo y Rioboo (oficial del Cuerpo de Intendencia de la Armada y miembro del Cuerpo Diplomático). El JIA tenía como objetivos la formación y obtención de personal cualificado, el hallazgo de pequeños yacimientos de uranio y preparar una pila termonuclear. El 22 de octubre de 1951 se creó la Junta de Energía Nuclear (JEN), que inició la colaboración tecnológica con los norteamericanos gracias al programa «Átomos por la paz» del presidente republicano Eisenhower.

Primera central

La llegada de Gregorio López Bravo al ministerio de Industria, donde permaneció de 1962 a 1969, fue decisiva. Para el ministro, el JEN debía impulsar la industria nuclear nacional y no ser sólo una institución científica. La primera central española surgió en Almonacid de Zorita (Guadalajara) el 14 de julio de 1968, y fue dotada de un reactor PWR de 160 MW, refrigerándose en las aguas del Tajo. Tres años más tarde, entró en funcionamiento Santa María de Garoña (Burgos), con un reactor BWR de 480 MW, que utilizaba como refrigeración las aguas del Ebro. Ambas emplearon como combustible el uranio enriquecido, del que solo los EE.UU. disponían de la tecnología para proceder a su enriquecimiento. 

En 1972, entró en servicio Vandellós I (Tarragona), con una potencia de 500 MW, debidas a su reactor GCR, que conformó la primera generación de centrales nucleares españolas. Vandellós I, que utilizaba para refrigerarse las aguas del Mediterráneo, era propiedad de la EDF y una serie de empresas catalanas. Era la única que utilizaba como combustible uranio natural, y grafito como moderador, una especialidad casi en exclusiva de la tecnología francesa. El célebre periodista Josep Pla, admirador del modelo gaullista, ayudó a los empresarios catalanes a ponerse en contacto con el almirante Carrero Blanco, verdadero impulsor de la energía nuclear en España. Este fue el inicio de la carrera fulgurante de Pere Duran i Farrell, ingeniero de Caminos, vinculado al Banco Urquijo, quien trajo el gas natural de una Argelia recién independizada de Francia.

La necesidad de energía barata para alimentar el formidable desarrollo moderno de país, se organizó mediante el primer Plan Eléctrico Nacional, correspondiente al periodo del 1 enero de 1972 al 31 de diciembre de 1981. Se procedió a la construcción de la segunda generación de centrales nucleares, conformada por Almaraz I y II (Cáceres), Lemóniz I y II (Vizcaya), Ascó I y II (Tarragona) y Cofrentes (Valencia), que debían sumar en conjunto una potencia de 6.714 MW. 

Moratoria nuclear

El proyecto final de construcciones, similar al francés, que en la actualidad tiene en funcionamiento 59 centrales nucleares, preparaba un mapa de 41 centrales en España, que dotarían de abundante energía, y de la tan ansiada autonomía energética nacional. Sin embargo, aunque sabemos de los lugares en que estaban ya en proyecto: Regodola (Lugo), Lamuño (Asturias), San Vicente de la Barquera (Cantabria), Valencia de Don Juan (León), Sayago (Zamora), Azutan (Toledo), Almonte (Huelva), Tarifa (Cádiz), Águilas (Murcia), Ispaster (Vizcaya), Punta Endala (Guipúzcoa), Oguella (Vizcaya), Vergara (Guipúzcoa), Tudela (Navarra), Chalamero (Huesca), Sástago (Zaragoza), Escatrón (Zaragoza), Ametlla (Tarragona), Delta del Ebro (Tarragona), tras el asesinato del almirante Carrero Blanco, los gobiernos posteriores paralizaron el programa. 

Con respecto a Lemóniz I y II, no llegaron ni a activarse por la amenaza terrorista de ETA, que asesinó a varios de sus trabajadores. Diez años después, se suspendieron las obras de siete centrales nucleares (Lemoniz I y II, Valdecaballeros I y II, Trillo II, Regodola I y Sayago I). Las pérdidas se evaluaron en 729. 000 millones de pesetas, que les fueron devueltas a las compañías eléctricas, autorizando el gobierno el cobro de un canon en el recibo de la luz a todos los contribuyentes españoles.

Según la visión que tenía Carrero Blanco, y que todavía se planteaba como realizable, entre 1977 y 1982 debían entrar en servicio veinte centrales nucleares completando las del periodo anterior. Esas veinte centrales debían sumar en conjunto una potencia de 19.210 millones de kilovatios/hora. De ellas, ocho tendrían una potencia de 1.000 millones. En fecha tan temprana como 1975, España ya era la séptima potencia nuclear del mundo, detrás de EEUU, URSS, Gran Bretaña, Francia, Alemania (RFA) y Japón. La moratoria nuclear del gobierno socialista de Felipe González, en la década de los ochenta, eliminó cinco centrales nucleares apostando por el gas natural, que nos convirtió en dependientes del extranjero, también en las energías renovables, que no tienen la misma capacidad de producción. En la actualidad las centrales nucleares supervivientes representan un 25 % de la energía total producida en España. La dependencia excesiva del exterior y la pérdida del accionariado de nuestras empresas, en manos de multinacionales, ha impedido el desarrollo de un plan energético representativo de los intereses soberanos de nuestro país.