¿Desde cuándo tenemos Seguridad Social en España?

Los años de pandemia han demostrado la importancia de nuestro sistema de salud y el pago de nuestras pensiones en una sociedad cada vez más envejecida. El gasto de la Seguridad Social es el principal de nuestros presupuestos y el más necesario para evitar un aumento de la miseria en los sectores más depauperados de nuestra sociedad. Cuando en el siglo pasado las reformas liberales eliminaron la sociedad estamental, también lo hicieron con la visión comunitaria de la sociedad y su estructura gremial, llegaba la época de la competencia, donde el dinero imponía su ley. Sin embargo, los trabajadores fueron consiguiendo conquistas sociales en el siglo XIX.

En España los primeros programas sociales se iniciaron a primeros de siglo XX y eran de carácter voluntario, y orientados hacia los sectores de trabajadores industriales con bajo sueldo. En 1908, el órgano que se fundó para coordinar la actividad fue el Instituto Nacional de Previsión, que delegó en entidades privadas. Desde entonces los seguros aprobados fueron en las áreas de Accidentes de Trabajo, Maternidad y Jubilación. Ampliados en 1939 al de Vejez e Invalidez, que fue transformado en 1947 en el SOVI (Seguro Obrero de Vejez e Invalidez), y el de Enfermedad en 1943. En los primeros años de la postguerra la previsión social todavía estaba restringida, fragmentada y con una cobertura a escasos colectivos, herencia de su pasado liberal. La necesidad de una visión más universal que abarcase a la mayor parte de la sociedad española, vendrá a cuenta del crecimiento económico desarrollado, donde podía causarse experiencias de desempleo coyuntural, distinto al endémico, producto del subdesarrollo del país, que es el que había vivido España durante el siglo XIX y la primera mitad del XX.

La nueva situación se iniciaba con la creación de un Seguro Nacional de Desempleo, que sustituía a la Ley de Subsidio de Paro del 26 de diciembre de 1959, para resolver el llamado paro friccional, signo de una economía en evolución. Con aquel «parche» se solucionaba el paro temporal que pudiesen sufrir trabajadores, como había sido en el pasado la aplicación del Plan de Estabilización, con el consiguiente cierre de las empresas no competitivas. Sin embargo, la visión ya era diferente, e incluía a la mujer en igualdad de condiciones con el hombre, cuando socialmente había pervivido una subordinación de la mujer en el mundo educativo, laboral, político y jurídico al hombre.

A propuesta de Pilar Primo de Rivera, fundadora de la Sección Femenina, y procuradora en Cortes, se aprobó una Ley sobre Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la Mujer, que en su art. Primero decía: «La Ley reconoce a la mujer los mismos derechos que al varón para el ejercicio de toda clase de actividades políticas, profesionales y de trabajo, sin más limitaciones que las establecidas en la presente Ley».

La Seguridad Social se convirtió en uno de los pilares de la España del Desarrollo

El año anterior, se publicó una batería de fondos que intentaba dibujar la demostración de justicia social que se realizaba en un Estado, inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia, como eran los fondos nacionales para el fomento del principio de igualdad de oportunidades, que se centraba en el derecho a la formación profesional y a la educación general básica; a la asistencia social, con la creación de comedores, guarderías y residencia para mayores; a la protección del Trabajo, ayudando a los migrantes, familias numerosas y el desarrollo del cooperativismo; crédito para la difusión de la propiedad inmobiliaria, consistente en facilitar el crédito para la obtención de un hogar, teniendo en cuenta el número de hijos o familiares a cargo. Los patronatos estaban compuestos por miembros de las instituciones oficiales, Movimiento Nacional y organización Sindical.

No obstante, lo que será la piedra clave del antiguo Estado de Bienestar español no llegará hasta la Ley de Bases de la Seguridad Social del 28 de diciembre de 1963, que integraba a los seguros precedentes, y abarcaba un universo que incluía a todos los trabajadores de cuenta ajena, propia, a sus familiares, y aquellos que por su situación laboral entrasen en régimen especial, como funcionarios civiles y militares, estudiantes, socios cooperativistas y servicio doméstico. Incluso se hizo la precisión de que se integrarán con los mismos derechos que los españoles; los hispanoamericanos, filipinos, andorranos, portugueses y brasileños. La Ley estaba planteada, formando parte del espíritu de reformas iniciadas con las administrativas unos años antes, pero planteadas en 1963, por las posibilidades de financiación a cuenta de los Planes de Desarrollo.

La Ley fue aprobada un poco más tarde, por lo que su aplicación corresponderá a 1967. La aplicación de los Planes de Desarrollo incentivó una intensa emigración del campo a la ciudad, quedando en un segundo plano la necesaria protección social de las cuatro millones de familias rurales. Por esta cuestión el 31 de mayo de 1966, sería aprobada una Ley de Régimen Especial Agrario, que protegiese a un colectivo que había sido fundamental en la articulación del apoyo social al bando nacional durante la pasada Guerra Civil. Esta Ley se vio completada con la Ordenanza General del Campo, del 2 de octubre de 1969, donde se establecieron las ocho horas como jornada laboral del campo, y algo más adelante por la Ley de Empleo Comunitario del 22 de diciembre de 1970, para aquellos jornaleros con paro estacional, que no pudiesen mantener unos ingresos regulares.

La transformación de la sociedad española a una urbana, joven y articulada en matrimonios jóvenes con una media de tres hijos, exigió un modelo social con un intenso gasto que llevó al Estado a la construcción de una red asistencial sanitaria de 150 hospitales y un millar de ambulatorios, convirtiendo a la Seguridad Social, en uno de los pilares de la España del Desarrollo. Si en 1946, los seguros existentes cubrían a un 28,5 % de la población; en 1963, era ya el 49,7 %; en 1970, ya con la Seguridad Social en funcionamiento, un 63,8 %; y en 1978 llegaba al 81,7 %.