Companys y su golpe de Estado de 1934: «A ver si ahora diréis también que no soy catalanista»

En el verano de 1934, el deterioro de situación política en España era imparable. Tras la victoria del centro y la derecha en las elecciones del noviembre anterior, la izquierda obrera y los republicanos izquierdistas comenzaron a conspirar para derribar al gobierno del centrista Partido Radical, apoyado por la derecha posibilista en las Cortes.

En junio, la Federación de Trabajadores de la Tierra de UGT promovió una violenta huelga política para boicotear la recogida de cosecha y crear ambiente social para justificar un movimiento insurreccional. Paralelamente, se produjo una crisis política en Cataluña originada por la aprobación de una ley de Contratos de Cultivo en el parlamento regional controlado por la Esquerra Republicana. Mediante la misma se facilitaba la transferencia de la propiedad de la tierra a los rabasaires, arrendatarios de viñedos asociado a un sindicato ligado a ERC.

Los jefes de la Esquerra continuaron promoviendo un clima de confrontación con Madrid con actos paramilitares de las juventudes independentistas

Los propietarios protestaron por la expropiación, logrando el apoyo de entidades económicas y de la Lliga. En las Cortes, los diputados de esta derecha nacionalista catalana consiguieron el apoyo de radicales y carlistas a su proposición para que el gobierno planteara la cuestión de competencia y llevara esa ley de Contratos de Cultivo ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. La Esquerra contestó organizando una manifestación de rabasaires en Barcelona al grito de «muerte a Cambó», el líder de la Lliga.

Como esa ley afectaba a materia social y contractual que la Constitución otorgaba en exclusiva a las instituciones nacionales, el citado Tribunal la declaró inconstitucional el 8 de junio. Pero la Esquerra no acató el fallo. El presidente de la Generalidad, Lluís Companys, logró que sus diputados ratificaran la ley el 12 de julio y lograron el apoyo de los diputados del PNV, socialistas y de la izquierda burguesa en las Cortes, lamentando las «agresiones perpetradas» contra Cataluña. Hacía poco que el gobierno había concedido una inversión de 160 millones de pesetas para los enlaces ferroviarios de esa región.

Los presidentes Alcalá Zamora y Ricardo Samper se mostraron partidarios de la moderación, tratando de convencer a Companys para que modificara los aspectos inconstitucionales de la ley. Para los líderes de la derecha, esa postura era una simple claudicación. La intransigencia de la Esquerra se debía a sus lazos con los conspiradores que pretendían derribar al gobierno utilizando la fuerza de las armas.

Estaba creando una justificación para el desencadenamiento de una revolución como demostraban los ultrajes a la bandera nacional, que se retiró de los edificios oficiales. El consejero de Gobernación, Josep Dencás, entregó el orden público a los jefes de las milicias separatistas, que recolectaron armas y planearon la fortificación de edificios oficiales. El Somatén fue disuelto y se entregó sus armas a las juventudes de ERC. Companys envió a Joan Ventosa a comprar fusiles y ametralladoras a Bélgica.

El presidente del gobierno, Samper, propuso al presidente de la República, Alcalá Zamora, la declaración del Estado de Guerra en Cataluña el 16 de junio pero éste se negó, para no dar pretextos a los sediciosos. Le propuso solucionar el problema por medios jurídicos, apartándose de formas violentas. Y eso a pesar de que, al aprobar la misma ley, la Generalidad se había puesto en franca rebeldía contra la República.

La UGT condenó públicamente al gobierno declarándolo «un régimen de terror blanco». La revolución ya estaba justificada

Cuando los jefes de los partidos de derecha se enteraron de que el gobierno no recogería sus sugerencias sobre suspensión de competencias de orden público a la Generalidad y cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Garantías Constitucionales, mostraron su oposición. Ello hizo que Samper presentara un voto de confianza a su gestión en las Cortes, logrando sacarla con 191 frente a 62 votos.

Se iniciaron conversaciones moderadas cuyo resultado fue que el 21 de septiembre el parlamento catalán votó un reglamento de aplicación de la Generalidad que sólo modificaba la conflictiva ley en las juntas arbitrales y disposiciones transitorias. Y, entre medias de todo, Companys permitió que se aplicara dicha ley ilegal, incluso con amenazas a los propietarios.

Orgullosos de su éxito, los jefes de la Esquerra continuaron promoviendo un clima de confrontación con Madrid con actos paramilitares de las juventudes independentistas y discursos de apelación a la violencia frente a los «ataques de la reacción y el fascio». Como el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro se opuso a la ley, militantes del comunista Bloque Obrero y Campesino lo asaltaron e incendiaron. La ERC aprovechó para cerrar dicho centro, mientras cimentaba su alianza con los socialistas. La UGT condenó públicamente al gobierno declarándolo «un régimen de terror blanco». La revolución ya estaba justificada.

Ante esta situación, más la desafección del PNV, las Cortes retiraron su apoyo al gobierno Samper el 1 de octubre. La difusión de que, en el próximo, se incluirían miembros de la CEDA, fue utilizada por los conspiradores como chispa para la preparada revolución que se intentó por muchos lugares, pero prendió en Asturias con fuerza. Se logró organizar un paro en Barcelona al contar con la pasividad de la Generalidad desde donde, el 6 de octubre, Companys proclamó el Estado catalán dentro de la nueva República Federal Española –objetivo de los revolucionarios– e invitó a que los líderes de la sublevación constituyeran su gobierno provisional en Barcelona.

Se declaró el Estado de Guerra en Cataluña y el general de la IV División, Domingo Batet, impuso la legalidad, a costa de medio centenar de muertos y el triple de heridos graves, además de varios hechos trágicos en la región, cuya responsabilidad recayó en la ERC por su actuación.