La historia se repite: el parecido entre la amnistía de Sánchez y la del Frente Popular en 1936

Salvar los actos inconstitucionales del Gobierno catalán no es un hecho nuevo, o que haya inventado Pedro Sánchez. Durante la II República, el Gobierno de Niceto Alcalá-Zamora ya hizo lo propio para blanquear los actos llevados a cabo por Lluís Companys, proclamado mártir tras ser sentenciado a morir fusilado por los actos llevados a cabo por el Gobierno de la Generalidad en julio de 1936.

Y es que todo tiene que ver. Hagamos un poco de memoria. El 6 de octubre de 1934 Companys fue un paso más allá que Puigdemont, aunque ambos dieron un golpe de Estado. Companys y sus consejeros fueron destituidos y juzgados. La Generalidad, como si se hubiera aplicado el 155, quedó en manos del gobierno de la República. El 21 de febrero de 1936, gracias a la victoria electoral del Frente Popular, Companys y sus acólitos salieron de la cárcel. ¿Por qué? Se aprobó una ley de amnistía que exoneraba los delitos políticos y sociales. Esta la promulgó y firmó Alcalá-Zamora y Manuel Azaña. Gracias a ellos, Companys regresó a Cataluña como un héroe. Lo mismo que ocurriría hoy en día con Puigdemont.

En julio de 1936 se levantaron los militares en contra de la República, por ser una institución corrupta, pero no querían restablecer la monarquía, sino limpiar la institución. Companys ordenó pasar por las armas, en el castillo de Montjuic, a todos aquellos se habían rebelado. Francisco Cambó escribió que «el fusilamiento fue un inmenso error de Franco. ¿Injusto? Él, el 6 de octubre del 34, había cometido igual delito que los militares… y fue indultado. En el 1936 él hizo fusilar a todos los militares sublevados».

Hemos explicado dos hechos cometidos, cuyo delito, según Cambó, eran el mismo. Ahora bien, ¿por qué se indultó en febrero de 1936 a Lluís Companys?

El Frente Popular ganó las elecciones que se celebraron el 16 de febrero de 1936. A partir de ese momento se produjeron diferentes motines en varias cárceles y disturbios en las calles. La ciudadanía, supuestamente, reclamaba la amnistía de todos los presos. El 19 de febrero Manuel Portela Valladares presentó su dimisión del Gobierno. El presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, pidió a Manuel Azaña que formara un nuevo Gobierno, que duró hasta el 10 de mayo, al dimitir Alcalá-Zamora y ser Azaña nombrado presidente de la República.

El 21 de febrero de 1936, aprobó la amnistía para todos aquellos que habían sido condenados cono consecuencia de la Revolución de Octubre de 1934

La primera decisión del nuevo Gobierno fue hacer caso al clamor popular. Por eso, la Diputación permanente de las Cortes, el 21 de febrero de 1936, aprobó la amnistía para todos aquellos que habían sido condenados cono consecuencia de la Revolución de Octubre de 1934.

El documento decía: «Siendo inequívoca la significación del resultado de las elecciones a Diputados a Cortes en cuanto a la concesión de una amnistía por delitos políticos y sociales, en favor de la cual se ha pronunciado la mayoría del Cuerpo electoral, y tratándose de una medida de pacificación conveniente al bien público y a la tranquilidad de la vida nacional, en qué están interesados por igual todos los sectores políticos; de acuerdo con el Consejo de Ministros, a propuesta de su Presidente y previa la aprobación de la Diputación permanente de las Cortes, Vengo en disponer lo siguiente: Artículo único. Se concede amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales. Se incluye en esta amnistía a los Concejales de los Ayuntamientos del País Vasco condenados por sentencia firme. El Gobierno dará cuenta a las Cortes del uso de la presente autorización. Dado en Madrid a veintiuno de febrero de mil novecientos treinta y seis. Niceto Alcalá-Zamora y Torres. El Presidente del Consejo de Ministros, Manuel Azaña Díaz».

Con la aprobación de este decreto de ley, alcaldes y concejales fueron repuestos en sus cargos. Dicho de otra manera, desde octubre de 1934 a febrero de 1936 los consistorios habían funcionado con una gestora. Pero no acabó aquí la cosa. También se decretó que fueran readmitidos los trabajadores despedidos y los empresarios tuvieron que pagarles todos los salarios no percibidos desde octubre de 1934.

Pues bien, aquel día de febrero de 1936 se abrieron las puertas de las cárceles. Aquel día, según cifras oficiales, salieron unos 30.000 presos. Se calcula que salieron unos 3.000 políticos y unos 27.000 presos comunes. Entre todos ellos estaba el depuesto presidente de la Generalidad, Lluís Companys, condenado a 30 años de cárcel.

Al abrirse las puertas del Penal del Puerto de Santa María salió Companys y sus consejeros Comorera y Lluhí. De la cárcel de Cartagena salieron los consejeros Gassol, Rovira, Soler, Martí Barrera y Pere Mestre. Todos ellos empezaron una peregrinación de regreso a Cataluña. Por los pueblos que pasaron el recibimiento fue multitudinario. Ocurrió en Córdoba, Ocaña o Madrid. A Ocaña se desplazaron, para recibirlos los diputados catalanes Santaló, Tomás y Piera y Marial; los diputados socialistas Bugeda, Hernández Zancajo, Araquistaín y Álvarez del Vayo; los diputados de Izquierda Republicana Carlos Esplá y Velao.

De Ocaña llegaron a Madrid, alojándose en el Hotel Palace. Aquí Companys negoció con el gobierno para que se restableciera la Generalidad. Manuel Azaña aceptó las peticiones de Companys. Con el tema resuelto, regresaron a Barcelona el 2 de marzo de 1936. El recibimiento fue espectacular: miles de personas lo recibieron y vitorearon. Tomó posesión de su cargo y nombró, de nuevo, a los consejeros destituidos en su día. Un protagonista de primera mano de esos acontecimientos fue Josep Tarradellas. Sobre todo aquello escribió…

«Yo estuve allí y lamento decir que aquel día el pueblo catalán se volvió loco, porque aquella jornada se echaron a la calle más de dos millones de personas enfervorecidas y esquizofrénicas para aclamar al «mártir» Lluís Companys y sus Consejeros y reclamar la independencia. Fue algo increíble y para mí un disparate, sobre todo cuando alguien gritó ¡Muera España! y miles de voces corearon al alimón aquel grito, como si fuese la salvación de Cataluña y todavía más sorprendente que el repuesto Presidente se sumara al griterío con gestos de estar loco... ¡Mon Deu, fue el comienzo de mi viacrucis particular!, pues yo siempre pensé que Cataluña necesitaba de España, que era España, al igual que España necesitaba a Cataluña... Era el anticipo de lo que vendría después, la despiadada Guerra Civil, de la que es mejor ni hablar...».

A partir de ese momento, Estat Català y la FAI pidió que se persiguiera a las derechas por no haber apoyado el 6 de octubre de 1934, una reforma de la Constitución para que encajara con las pretensiones de Cataluña, más autogobierno y promover la independencia. Unas reivindicaciones que no fueron atendidas al estallar, poco después, la Guerra Civil.