La apropiación política de las Cajas de Ahorro, ¿un cambio positivo?

El surgimiento y expansión en España de las Cajas de Ahorro en el siglo XIX fue consecuencia del triunfo del liberalismo político y económico. Se buscaron fórmulas europeas para modernizar el sistema financiero y, de esta manera, se compaginaron estas instituciones europeas con los antiguos Montes de Piedad hispanos, de vocación benéfico-social. Desde 1838 en que surgió la Caja de Madrid hasta 1900 se fundaron 66, unas 19 en el reinado de Isabel II y el resto en la época de la Restauración borbónica.

Ya en el siglo XX, las Cajas de Ahorro Confederadas, a la muerte de Franco, se habían convertido en un parte esencial del sistema financiero español. Pequeños empresarios, autónomos y un amplio sector de familias depositaban sus ahorros en libretas ordinarias, a plazo fijo, de vivienda, etc. En 1975 representaban el 30, 9% del ahorro nacional y era conocida su acción social a través de diversas obras, establecidas con libertad de iniciativa, abarcando campos como la sanidad, la previsión social, la beneficencia tradicional, el impulso de la cultura, la investigación científica, etc. Su clientela había pasado de casi 3 millones de españoles en 1940 a 29 millones al comenzar la transición democrática española.

La llegada de la democracia trajo una serie de consecuencias a las Cajas de Ahorro, como la sujeción orgánica a la nueva estructura territorial del poder, lo que conllevó cambios de dependencia desde el Gobierno nacional a las comunidades autónomas, y vinculación con los ayuntamientos. Y así según la LORCA (Ley de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro, de 2 de agosto de 1985), se asignó una participación en los organismos de gobierno de las Cajas a los representantes de los municipios de un 40 % como mínimo, que ascendió mucho más en aquellas en las que no había presencia anterior de entidades fundadoras. De esa manera, la ley predispuso a unas tomas de decisiones de interés municipal que rebasaba normativas anteriores.

Sin embargo, esa ley supuso una anomalía histórica y orgánica en la historia de las Cajas de Ahorro, siendo una vuelta atrás en el tiempo, que no aportó ninguna mejora, dificultó su natural desarrollo desde el siglo XIX y cuestionó seriamente su independencia funcional desde una perspectiva profesional en sus vertientes financiera y social.

Consecuencia evidente de los cambios introducidos fue la diversificación y politización de los organismos rectores de las Cajas. En 1977, la UCD los amplió con el objetivo de mejorar su gestión y el control interno del funcionamiento de cada entidad, introduciendo un sistema electivo parcial para la entrada de los representantes de los impositores.

Los mismos serían elegidos entre compromisarios elegidos entre compromisarios salidos de un sorteo previo, que eran representantes de entidades científicas, culturales y benéficas situadas en los centros urbanos donde estaban las Cajas, y los empleados elegidos por la plantilla de cada una de ellas. Así, se intentó compaginar los principios democráticos de la Transición con la solvencia de quienes pertenecían por méritos propios a entidades externas, potenciando la presencia de los empleados.

Sobre esta medida que intentó primar la eficacia profesional y el deseo de diversificar la composición de los órganos rectores, la LORCA socialista impuso la presencia mayoritaria de los representantes de los Ayuntamientos, mantuvo la de los impositores, redujo la de los empleados y supeditó a los directores generales y sus equipos a tener voz sin voto en los mismos. Asimismo, proporcionó a los presidentes de los consejos de administración unos poderes ejecutivos superiores a los del director general, introduciendo una representación de entidades fundadoras de las Cajas en una orientación que promovió la presencia de miembros por vinculación política sobre aquellos que lo estaban por competencia profesional.

Quizá tuvo algo que ver el hecho de que, en las elecciones municipales de mayo de 1983, el PSOE obtuviera una mayoría de 23.325 concejales y 2.529 el PCE, logrando –en consecuencia lógica– la alcaldía en 44 capitales de provincia y ciudades de más de cien mil habitantes.

El principio respetado desde el siglo XIX de «con el poder, pero no en el poder» resultó, por lo tanto, transgredido y transformado en otro que podría resumirse, como hace el profesor José Francisco Forniés, en «para el poder», lo cual no favoreció a las entidades de ahorro ni a sus citadas áreas de actuación, que daban tradicionalmente servicio a todos los españoles.

Si las Cajas defendieron siempre su negativa a equipararse con los Bancos tradicionales era porque carecían de afán de lucro, lo cual les supuso la prohibición de determinadas operaciones que, en 1977, se reducían al descuento de letras y a ciertos sistemas de financiación del comercio exterior. A partir de ese año, el gobierno de la UCD las autorizó, comenzando a reducirse los coeficientes de inversión y de caja obligatorios.

El destino de los beneficios de las Cajas también sufrió un cambio. Ese fin era triple: el pago de impuestos de sociedades, la formación de un fondo de reservas y la obra social. La tendencia, desde los gobiernos socialistas, fue el aumento de impuestos (del 11,44 en 1976 al 22,62 en 1994); el fondo de reservas apenas varió y, en cambio, la obra social vio reducido su porcentaje (del 37,38 al 24,99 en los citados años). Todo ello consecuencia de la presión fiscal a la que fue sometida la sociedad española en su totalidad.