Nicaragüenses refugiados en Costa Rica protestan frente a la embajada de Nicaragua
Derechos humanos
Represión sin límites en Nicaragua
La salida cívica y democrática que la oposición nicaragüense demandaba y la comunidad internacional respaldaba, ha sido liquidada con la cárcel y el exilio de los opositores
El próximo 7 de noviembre se celebrarán en Nicaragua las séptimas elecciones generales desde el fin de la guerra civil que destruyó el país. Estos comicios parecían una oportunidad para resolver la crisis desatada hace ya tres años, cuando las protestas ciudadanas desafiaron el autoritarismo de Daniel Ortega, quien con lujo de violencia e impunidad las aplacó.
Lejos de ser una salida a la crisis, sometiendo a la voluntad popular un cambio o continuidad en el ejercicio del poder, estas elecciones se han convertido en una trampa para la oposición y un proceso totalmente parcializado a favor de la reelección continua e indefinida de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, quien le acompaña en la vicepresidencia de la República.
En diciembre de 2020, desde la Asamblea Nacional de mayoría Sandinista, se enfilaron severas leyes que castigan penalmente la «conspiración» y la «traición a la patria». Destaca entre ellas la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, un instrumento para la persecución política e inhabilitación de candidaturas presidenciales con vistas a las elecciones generales.
«La peor elección posible»
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, advirtió el pasado 12 de mayo que Nicaragua se encaminaba a «tener la peor elección posible» y que «a pesar de los pedidos de la comunidad internacional para permitir la reinstitucionalización democrática con elecciones justas, libres y transparentes el régimen no ha demostrado voluntad política para implementar reformas».
Para entonces, lo peor aún estaba por venir. El sandinismo, en pleno control de la fiscalía y la policía, emprendió una cacería contra todos los potenciales competidores bajo el amparo de las leyes represivas promulgadas. Desde el mes de junio hasta la fecha, han sido llevados a prisión 34 miembros y líderes de la oposición, entre ellos los seis principales precandidatos a la presidencia por parte de la oposición.
Como parte de la misma estrategia represiva, entre el 18 de mayo y el 6 de agosto, el Consejo Supremo Electoral canceló la inscripción de tres partidos políticos de la oposición que pretendían competir en los comicios de noviembre próximo. De esta forma, el régimen de Ortega ha tomado las medidas más que suficientes para que las elecciones se conviertan en parte del problema en lugar de una solución a la crisis.
Presos políticos
Las detenciones ocurridas en el contexto preelectoral no han sido las únicas y vienen a engrosar la lista de 130 presos políticos, algunos detenidos desde el año 2018. La oposición ha sido descabezada y ha pasado a la defensiva, enfocando sus esfuerzos en la urgencia de la liberación de los presos políticos. Pero incluso las estrategias de defensa legal han sido obstaculizadas. Los abogados defensores han sufrido intimidación y persecución, al punto que algunos de ellos se han visto obligados a exiliarse y otros han sido apresados junto con sus defendidos.
Policías del régimen mantienen en casa por cárcel a la aspirante opositora a la Presidencia, Cristiana María Chamorro en Managua
La presión internacional también ha encallado y solamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continúa activa otorgando medidas cautelares a favor de los opositores apresados, reconociendo las evidentes arbitrariedades policiales y procesales que mantienen tras las rejas a los principales líderes opositores por más de tres meses. Aunque estas medidas cautelares son ignoradas por el régimen, permiten evidenciar internacionalmente los vicios legales y procesales presentes en los encarcelamientos.
Actualmente no existe un ambiente típico de elecciones y a pesar de que en la boleta electoral aparecerán una media docena de partidos, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como partido gobernante, no tendrá competencia real. De esta manera, Ortega y Murillo aseguran su reelección para un período más que se extendería hasta 2026.
4.000 personas exiliadas al mes
Ya son más de 100.000 nicaragüenses que se han visto forzados a salir del país, en primer momento principalmente hacia Costa Rica, pero ahora también con una tendencia creciente hacia los Estados Unidos, con una media de 4.000 personas exiliadas al mes.
Sin una resolución a la crisis interna a la vista (se estima que) esta cifra seguirá aumentando
En las últimas semanas se incrementan los casos de nicaragüenses asaltados, secuestrados y extorsionados mientras atraviesan México en su camino hacia los Estados Unidos. El exilio nicaragüense que hasta hace poco presionaba principalmente a Costa Rica, ahora empieza a engrosar las corrientes migratorias centroamericanas que se agolpan en la frontera sur de los Estados Unidos.
La aplicación del manual represivo de Ortega, en su propósito de aferrarse en el poder, parece no tener límites, mientras empieza a irradiar consecuencias fuera de las fronteras de Nicaragua e incluso más allá de la región centroamericana.
Sin diarios en papel
El siguiente día, la policía allanó la redacción del diario y acusó a su gerente, Juan Lorenzo Holman, por los delitos de fraude aduanero, lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado.
Ya en septiembre de 2019, El Nuevo Diario, el otro diario de circulación nacional, también cerró debido al agobio aduanero.
