Todas las claves de las negociaciones venezolanas en México que Maduro ha suspendido

El diálogo y la negociación son procesos naturales y necesarios de la política, pero en América Latina y especialmente en Venezuela no han sido una práctica fructífera en materia democrática. Desde agosto de este año, en Ciudad de México, se desarrollaba otro intento de negociación entre la oposición, que representa al Gobierno Interino de Juan Guaidó y los representantes del régimen de Nicolás Maduro. Las negociaciones anteriores tuvieron lugar en República Dominicana, Oslo y Barbados.

La extradición de Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, a Estados Unidos desde Cabo Verde, ha sido la nueva excusa del régimen venezolano para poner palos en las ruedas del del proceso de negociación que se desarrolla en México.

La noche de este sábado, menos de 24 horas antes de regresar a la mesa de negociación en Ciudad de México, el régimen chavista suspendió su participación, alegando que la extradición de Alex Saab -a quien recientemente habían nombrado delegado de su equipo negociador frente a la oposición venezolana- violaba el derecho internacional y los derechos humanos. 

Contexto de las [recientemente suspendidas] negociaciones 

A dos años desde que medio centenar de países reconocieran la legitimidad del intento opositor por acabar con la usurpación chavista del poder en Venezuela, el proceso democratizador se estancó, entre otras cosas, por la incapacidad de la comunidad internacional y de la oposición al régimen, de desarticular los grupos paramilitares y la alineación granítica del ejército bolivariano con la cúpula chavista. Sin esta desarticulación, ha sido imposible reconfigurar una asimetría de fuerzas internas que allane el camino al cambio. Hasta ahora, este estatus quo garantiza a Maduro el control interno y su permanencia en el poder a pesar de las sanciones internacionales.

En los últimos meses, la pandemia ha complicado seriamente la posibilidad de promover un proceso de transición democrática a lo interno del país y a nivel internacional ha desviado la atención hacia la crisis sanitaria. En términos humanitarios es innegable que el drama de millones de venezolanos en el exilio y la crítica escasez de medicina y atención hospitalaria exige una atención urgente, contexto que parece justificar un nuevo acercamiento entre los opositores y el régimen. 

La inmovilidad en el tablero político con una oposición debilitada en su posición de Gobierno de Transición y un régimen necesitado de respirar libremente con alivio de las sanciones internacionales, ha empujado a mover fichas e instalar una nueva mesa de diálogo con el auspicio de México y con la mediación del Noruega.

A pesar de los diversos apoyos e incluso la 'luz verde' de los Estados Unidos a dicha negociación, la coyuntural aura de legitimidad que el actual diálogo con la oposición le pudiera otorgar al régimen de Maduro, no puede obviar que en 2020, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), concluyó en su examen preliminar, que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde al menos abril de 2017. Por tanto, cualquier vía de resolución negociada de la crisis venezolana debería pasar necesariamente por el tema de la justicia para las víctimas del régimen. Por supuesto, los representantes chavistas intentarán evitar a toda costa asumir compromisos en esta dirección o, dicho de otra forma, buscarán garantizar impunidad para sus crímenes, en el caso de que se retome el diálogo.

El patrón característico de las negociaciones anteriores

El profesor Benigno Alarcón Deza, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello explicó recientemente en entrevista a Caracas Chronicles los patrones persistentes a lo largo de «20 años de negociaciones» partiendo desde el primer episodio de diálogo en agosto de 2001 entre el gobierno de Hugo Chávez y FEDECAMARAS, la mayor gremial empresarial de Venezuela.

El primer patrón es que, en la mayoría de los procesos, «hay una diferencia en las agendas» mientras «el gobierno busca un mecanismo para mantenerse en el poder» la oposición busca «condiciones electorales que debiliten el poder del gobierno», pero «si las condiciones fuera de la mesa de negociación ya son favorables para el gobierno» este simplemente se retira.

El segundo es que «tanto la oposición como el gobierno son profundamente asimétricos» mientras «el gobierno tiene la capacidad de hacer cumplir su curso de acción deseado sin enfrentar una amenaza existencial» la oposición no puede hacer eso, ya que «no tiene el poder para confrontar físicamente al gobierno».

Finalmente, el último patrón identificado por Alarcón Deza es que muchos de los intentos de diálogo, como en 2002, 2014 o 2017, «ocurrieron luego de momentos en los que las condiciones parecían cambiar contra el chavismo» aprovechando para instrumentalizar este proceso para «detener o disipar el peligro dividiendo a la oposición», pues si bien el gobierno «no incurre en un costo político al sentarse y negociar, la oposición sí lo hace».

Solución pasa por elecciones libres y justas

Los puntos de negociación de estas nuevas negociaciones que iban a dar inicio hoy, eran prácticamente los mismos de siempre, con pretensiones dispares y asimetrías de fuerzas que auguran un estancamiento similar al de las negociaciones anteriores. El único tema nuevo, era el referido a la urgencia de la atención de la crisis sanitaria generada por la Covid-19, pero el tema de fondo sigue siendo la justicia para las víctimas y la transición democrática.

«Cualquier solución va a requerir elecciones libres y justas» señala el informe elaborado por la ONG de derechos humanos WOLA a partir de entrevistas elaboradas a los equipos negociadores de las pasadas conversaciones de 2019 en Oslo y Barbados. También agrega que «el éxito de las negociaciones no fue necesariamente el objetivo primordial de ninguna de las partes».

En una reciente declaración conjunta del senador estadounidense Bob Menéndez y homólogos europeos, entre ellos David McAllister, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, expresaron que creen que «un acuerdo que concrete las condiciones y los términos de nuevas elecciones –especialmente elecciones legislativas y presidenciales– es clave para este esfuerzo. Por ende, estamos dispuestos a apoyar acuerdos que sostengan estos principios fundamentales».

Precisamente, el informe de WOLA también señala que «los actores internacionales pueden apoyar los avances en las negociaciones, dejando claro que ninguna alternativa a la negociación (la normalización de relaciones con Maduro, por un lado, o el reconocimiento incondicional e indefinido de Guaidó en el otro) sea viable».

En sintonía con esto, los influyentes senadores advirtieron en su declaración conjunta que «no tolerarán ningún esfuerzo para retrasar, impedir o desviar la atención de los temas centrales de la agenda principal… El pueblo venezolano no se puede dar el lujo de perder más tiempo».

El acicate de las sanciones internacionales

Las sanciones internacionales individualizadas contra Maduro y su entorno son parte de la negociación actual y también cuello de botella de la anteriores. Según recoge el informe de WOLA «los Estados Unidos debe abandonar su enfoque de todo o nada para la presión, y dejar claro que el avance de la implementación en los puntos acordados puede conducir a un alivio gradual de las sanciones sectoriales, medidas que se podrían revertir en caso de incumplimiento».

Los congresistas estadounidenses y europeos parecen estar de acuerdo con esto, al expresar en su declaración conjunta que «cualquier recalibración de las sanciones impuestas por la comunidad internacional deben ser ligadas directamente a la voluntad del régimen de adoptar medidas concretas como resultado de las negociaciones con la oposición».

Negociación con enfoque de Derechos Humanos

José Manuel Vivanco director para las Américas de Human Rights Watch declaró que para que una negociación de este tipo sea exitosa «debe generar resultados tangibles que permitan restablecer el Estado de derecho y el ejercicio de derechos fundamentales en Venezuela, lo cual incluye terminar con la censura y la represión, liberar a presos políticos y garantizar que ingrese ayuda humanitaria apolítica al país». También afirmó que debe contar con «un acompañamiento internacional riguroso de la implementación del acuerdo».

«Si no se llevan a cabo investigaciones sólidas e independientes en Venezuela sobre la responsabilidad penal de los máximos responsables de los aberrantes abusos cometidos la CPI desempeñará un papel crucial como tribunal de última instancia» puntualizó Vivanco.

Memorando de entendimiento beneficioso para el régimen

El Memorando de Entendimiento suscrito entre Jorge Rodríguez, representante del régimen de Maduro y Gerardo Blyde, representante de la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela indica, en un lenguaje típico del oficialismo, que el objetivo de la «negociación integral» es «llegar a un acuerdo, a través de una negociación intensa, incremental y pacífica, para establecer reglas claras de convivencia política y social, con respeto absoluto a la Constitución Nacional».

Sobre «el principio de que nada está acordado hasta que todo lo esté» se comprometían en una agenda de 7 puntos: derechos políticos para todos, garantías políticas para todos (cronograma electoral para elecciones observables), levantamiento de sanciones (restauración de derechos a activos), respeto al Estado Constitucional de Derecho, convivencia política y social (renuncia a la violencia, reparación de las víctimas de la violencia), protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano y por último, garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado.

La otra parte de la oposición 

A pesar de que en el Memorando de Entendimiento expresa, en cuanto a representación de las partes, que «se esforzará por incluir a mujeres en las delegaciones» la principal líder opositora de Venezuela María Corina Machado aún no ha sido convocada, ni parecía que fuera a serlo antes de que el régimen chavista diera por suspendido el diálogo.

Machado, al conocer los primeros preacuerdos de la negociación, ha afirmado que «con esa firma le han puesto la lápida al interinato» en referencia al Gobierno Interino de Guaidó. La líder de Vente Venezuela plantea que «la única negociación que aceptamos es para una transición, no para una transacción» admitiendo estar de acuerdo con el proceso, pero no con el contenido y fines pactados.

Por ahora, conforme los infructuosos antecedentes, el claro patrón oportunista del régimen y los actuales indicios de mala fe de Maduro –vetando a delegados extremadamente críticos y amenazando con cárcel a opositores incluyendo a Guaidó– no auguraban avances significativos ni resultados sustancialmente distintos a los anteriores, en los que el régimen al final siempre logra oxigenarse y continuar en su agenda totalitaria, sumiendo a Venezuela a la miseria y a los venezolanos al exilio.

El parón, quién sabe si temporal o definitivo, de las conversaciones, no hace sino añadir aun más drama a la situación del país.