La distorsión judicial en Nicaragua: excarcelación o prisión como arma política

En agosto de este año, el Ministerio de Gobernación de Nicaragua informó sobre la excarcelación de las personas que fueron beneficiadas con la convivencia familiar (arresto domiciliar). El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) confirmó en un comunicado que supervisó el proceso.

«Así cumplimos con nuestro compromiso cristiano de promover la unión familiar, sobre todo de promover también la reinserción social de las personas que han cometido errores a la sociedad», dijo la vicepresidenta Rosario Murillo a medios oficiales.

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH), Michelle Bachelet, pidió en últimos días de marzo a los gobiernos que ante la pandemia de la covid-19 pongan en libertad «a todas las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros delitos por haber expresado opiniones críticas o disidentes».

Entre las reos liberados en ese momento no figura ninguno de los 70 detenidos que organismos de derechos humanos y familiares afirman que están bajo cargos de adversar al régimen Ortega - Murillo. Sus abogados temen por su integridad física y su salud frente a una inminente propagación de la Covid-19 en el país.

Esta semana se ha anunciado una nueva excarcelación. Un total de 955 varones y 45 mujeres fueron enviados a sus casas para que cumplan sus penas bajo el régimen de convivencia familiar.

Los beneficiados, que cumplían sus condenas en los diferentes centros penales de Nicaragua, ahora gozan de libertad condicional, destacó Murillo cogobernante del régimen nicaragüense.

Las excarcelaciones ocurren cuando faltan 16 días para las elecciones generales del 7 de noviembre próximo, en las que Daniel Ortega busca ser reelegido por tercera ocasión consecutiva, y segundo junto con su esposa Murillo, como vicepresidenta. Tanto la oposición como la OEA han denunciado que tales elecciones convocadas por Ortega carecen de toda legalidad conforme los estándares internacionales de elecciones libres, justas y transparentes. 

Se teme que estas excarcelaciones, puedan ser parte de una estrategia para comprometer y utilizar a los excarcelados como fuerza de choque por parte del gobierno contra la oposición, como ya ha sido un modo de operar del régimen desde 2018. 

Más presos políticos

Al mismo tiempo que se anunciaban las excarcelaciones, la Policía de Nicaragua informaba la detención de los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), quienes, dijo, están siendo investigados por delitos de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. La Policía del régimen es dirigida por Francisco Díaz, consuegro de Daniel Ortega. 

Tanto Healy, como el ahora ex vicepresidente del COSEP Álvaro Vargas, críticos del presidente Daniel Ortega, fueron capturados el pasado jueves para ser investigados por supuestamente cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense, y realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, entre otros.

La captura de líderes empresariales ocurrió un día después de que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) exigiera la liberación de los siete aspirantes la Presidencia arrestados en el contexto de las elecciones del 7 de noviembre próximo, en los que Ortega busca ser reelegido, y de otros 148 presos políticos en Nicaragua.