Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo
EE.UU. despliega una batería de medidas contra el régimen de los Ortega-Murillo
La ley conocida como 'Renacer', promovida tanto por congresistas demócratas como republicanos, fue recientemente promulgada por el presidente Biden
La Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral, conocida como ley Renacer, establece medidas de presión y revisión de acuerdos económicos para presionar al régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Tras las fraudulentas elecciones en Nicaragua del pasado domingo, el propio presidente Biden las catalogó como una «pantomima» antidemocrática.
La nueva ley –que nace de una propuesta bipartidista en el Congreso– también propone sanciones específicas tras las elecciones y aborda la corrupción en el gobierno nicaragüense y la familia Ortega-Murillo, así como abusos a los derechos humanos cometidos por las autoridades de ese país, entre otras medidas.
Principales estipulaciones de la ley renacer
- Aumentar, en coordinación con Canadá, la Unión Europea y países latinoamericanos y caribeños, las sanciones selectivas de Estados Unidos a personas involucradas en abusos de derechos humanos y obstrucción de las elecciones libres.
Amplía la supervisión de los préstamos de las instituciones financieras internacionales a Managua, tales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Pide revisar la participación de Nicaragua en el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) vigente desde 2009.
Agrega a Nicaragua en la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa por corrupción.
Requiere más informes de inteligencia sobre las actividades del gobierno ruso en ese país centroamericano, incluyendo reportes sobre las ventas militares de Moscú a Managua.
Aunque la Ley Renacer, trata de ser directa y específica contra los Ortega-Murillo también toca temas sensibles que podrían afectar la estabilidad general del país centroamericano, sobre todo con la amenaza contra el tratado de libre comercio actualmente vigente.
Dado que la eventual suspensión de este acuerdo comercial no sería de manera inmediata, parece ser un órdago tanto para actores internos como el gran capital nicaragüense, así como actores externos como el Sistema de Integración Centroamericana, ambos hasta ahora indiferentes a la deriva autoritaria que sufre Nicaragua.
Un funcionario de la Casa Blanca consultado por la Vos de América explicó a ese medio que «la legislación transmite un mensaje contundente y nuevas herramientas para abordar el gobierno corrupto y autoritario de Ortega-Murillo y su intento de subvertir las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense».
Además agregó que su declaración reafirma la postura de Washington en materia de derechos humanos: «seguimos pidiendo la liberación incondicional de los contendientes presidenciales encarcelados, activistas políticos, periodistas, estudiantes, otros miembros de la sociedad civil y la comunidad empresarial detenidos en la actual ola de represión».
90 días para rendir informes
A más tardar 90 días después de la fecha de la promulgación de esta ley, el Secretario de Estado, en coordinación con el Director de Inteligencia Nacional, presentará un informe clasificado al Congreso sobre actividades del Gobierno de la Federación de Rusia en Nicaragua, incluyendo: la cooperación entre militares rusos y nicaragüenses en materia de telecomunicaciones y satélite navegación así como otra cooperación política y económica, en particular con respeto a la banca, la desinformación y la interferencia electoral.
En igual plazo, deberá elaborarse otro informe 'clasificado' conteniendo detalles sobre las compras militares por parte del Ejército de Nicaragua, con una lista detallada de todo equipo, tecnología o infraestructura con respecto al sector militar o de inteligencia de Nicaragua comprada, a partir del 1 de enero de 2011.
Este último documento, deberá partir del contenido del informe del Agencia de Inteligencia de Defensa titulada, 'Rusia: Cooperación de Defensa con Cuba, Nicaragua y Venezuela' y con fecha 4 de febrero de 2019.
Ahora la Ley Renacer es un mandato para la Casa Blanca que ahora debe intentar una respuesta conjunta y coordinada con países aliados para dirigir una estrategia de presión contra el régimen de la familia Ortega-Murillo.
Se espera que esta semana Estados Unidos recalque su posición junto a países de la región desde la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que comenzó este miércoles.