Chile
Kast frente a Boric: Chile encara sus elecciones más decisivas con dos propuestas de país antagónicas
El fallecimiento de Lucía Hiriart, viuda del dictador Augusto Pinochet, añade más incertidumbre a unas elecciones que marcarán el camino del futuro del país
Chile encara las últimas horas previas a la celebración de las trascendentales elecciones presidenciales del 19 de diciembre. Unas horas que podrían resultar decisivas. Los electores chilenos deberán elegir entre el conservador José Antonio Kast, del Partido Republicano, y el izquierdista Gabriel Boric, de la coalición de partidos de izquierda y extrema izquierda, Frente Amplio.
Unas elecciones que están marcadas por las protestas sociales de los últimos años, el proceso de reforma constitucional y el revisionismo histórico de la transición posterior a la dictadura que ha arrojado la sombra de Pinochet sobre los comicios. Una sombra que se incrementa con el fallecimiento de Lucía Hiriart, viuda del dictador.
Elecciones presidenciales
El candidato de derecha Kast y el izquierdista Boric pasan a la segunda vuelta en Chile
Los perfiles de ambos candidatos son tan dispares como sus propuestas en caso de alcanzar la presidencia del país.
José Antonio Kast, de 55 años, es hijo de inmigrantes alemanes y creció en una familia numerosa (tuvo 9 hermanos), emprendedora y católica. Boric, de 35 años, antiguo líder estudiantil, se define como ecologista, feminista y regionalista.
Ambos dieron la sorpresa en la primera vuelta de las presidenciales, celebradas el 21 de noviembre, al superar a los partidos tradicionales. Los programas del Partido Republicano y el del Frente Amplio proponen dos modelos de país muy diferentes en un momento en que Chile afronta un proceso de reforma constitucional.
Mientras el Partido Republicano busca reducir el papel del Estado, bajar impuestos, promover políticas familiares y a favor de la vida, y reforzar fronteras y la seguridad, el Frente Amplio quiere ampliar el papel del Estado en la vida de los chilenos.
Programa electoral de Boric
El programa de gobierno de Gabriel Boric no esconde la intención del Frente Amplio de introducir la ideología de género en la vida privada de los ciudadanos. Boric propone modificar «la ley de identidad de género para permitir el cambio de nombre y sexo registral a menores de 14 años y establecer el procedimiento administrativo como norma general».
Pretende reconocer «las identidades LGBTIQA+» en el documento de identidad mediante la implementación de un «carnet no binario».
De llegar a la presidencia, Boric reformará el sistema educativo del país para introducir la ideología de género: «Impulsaremos una ley de educación sexual integral en todos los niveles de la enseñanza como pilar de una educación igualitaria que reconozca la diversidad sexual, cuestione los estereotipos de género, y enseñe los derechos sexuales y reproductivos de las personas».
En cuanto al aborto, Boric asegura que lo legalizará, «estableciéndolo como una prestación de salud garantizada». «Apoyaremos la demanda histórica por el aborto legal, libre, seguro y gratuito, superando la criminalización y poniendo la decisión de la persona gestante en el centro» mediante una ley «para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo». También reformará «reglamento de implementación de la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo en tres causales y al protocolo de objeción de conciencia, limitando diversos aspectos».
El hipotético futuro gobierno de Gabriel Boric, que se definirá como feminista y que será paritario, emprenderá una política fiscal de subidas de impuestos.
«La necesidad de enfrentar los desafíos sociales, medioambientales y productivos, buscando al mismo tiempo asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, exige un esfuerzo adicional de las personas de más altos ingresos y patrimonios, mientras revisamos y perfeccionamos nuestra institucionalidad fiscal», argumenta en su programa electoral.
Boric pretende poner en marcha un nuevo régimen de impuesto a la renta con subidas escalonadas, un «impuesto a la riqueza» e «impuestos verdes».
Otro elemento central del programa de Gabriel Boric es el revisionismo de la transición democrática posterior a la dictadura de Pinochet. Afirma que «se adoptarán un conjunto de medidas para avanzar en verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición».
En particular, se implementará un plan nacional de revisión y reparación de casos de violaciones de los derechos humanos que incluirá también «desde el retorno a la democracia».
Programa electoral de Kast
El programa de José Antonio Kast sigue unas premisas completamente opuestas con la seguridad, la recuperación económica y la defensa de la vida como ejes vertebradores.
En materia de familia y vida, en el programa de Kast se subraya que «la familia, núcleo fundamental de la sociedad, es el espacio de protección y reconocimiento incondicionado, donde las personas valen por ser quienes son, aprenden a relacionarse gratuitamente y a desarrollar virtudes, lo que luego impacta en una sana convivencia social. Por eso resulta tan fundamental su promoción».
«Por las mismas razones, nadie está en mejor posición para velar por el interés de los hijos que sus padres», subraya. «Las libertades para escoger proyectos educativos están en el núcleo mismo de ese deber y derecho de los padres como educadores».
Frente a las propuestas abortistas de Boric, Kast hace hincapié en que «los niños, sin importar su etapa de desarrollo biológico, tienen derecho a la vida, derecho que defendemos desde la concepción y hasta la muerte natural».
Propone «proteger la maternidad y la infancia» y «establecer reformas que permitan asegurar el pago de las pensiones alimenticias adecuadas».
En educación defiende que «la misión de educar es tarea que corresponde fundamentalmente a los padres». «La tarea del Estado es garantizar que sean las familias, cualquiera sea su realidad, las que puedan educar e instruir a sus hijos e hijas de un modo que sea conforme a sus convicciones y creencias».
En el ámbito de la seguridad, la prioridad del posible gobierno de Kast será la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. «El avance del narcotráfico y la llegada de crímenes violentos» «han dejado en evidencia las profundas debilidades en materia de seguridad», se advierte en el programa de Kast. Frente a ese problema, «seremos el gobierno que recuperará el Estado de derecho, el orden y la autoridad». Para ello, propone «una política de Seguridad Integral».
En política carcelaria, propone construir «la infraestructura carcelaria necesaria para asegurar el cumplimiento de las penas y permitir la separación de los delincuentes primerizos de los reincidentes».
Propone también una «reorganización y modernización de las policías» y darles «mayores facultades de investigación», especialmente «respecto del crimen organizado, sin la necesidad de intervención de fiscal o de los jueces, en tanto no involucren medidas que afecten o restrinjan garantías individuales».
Kast incrementará esfuerzos en la guerra contra los narcos y las drogas. Exigirá «que todos los candidatos a elección popular, desde cores y concejales hasta el Presidente de la República, se sometan a un test de drogas». «Impulsaremos un sistema integrado de combate contra el narcotráfico cuyo eje sea el trabajo colaborativo entre las distintas agencias. Teniendo la información al centro, se buscará desarrollar una red de combate contra el narco que permita enfrentar el problema considerando sus múltiples dimensiones».
En materia de inmigración, promoverá la inmigración legal y controlada, «quienes ingresen ilegalmente o no cumplan con esa normativa serán deportados».
Fortalecerá los puestos fronterizos e incorporará «en la legislación de Extranjería un nuevo Estatuto de Expulsión de Inmigrantes ilegales que contenga las medidas legales que permitan expulsar del país a extranjeros que ingresen ilegalmente a nuestro territorio».
Además, construirá «recintos transitorios para inmigrantes ilegales que permitan darle alojamiento, comida y atención de salud a las personas que crucen a Chile por pasos no habilitados, con especial cuidado de los menores, con el objetivo de que reciban un trato humanitario mientras se prepara su expulsión del país conforme a derecho».