Los supuestos que podrían llevar a Putin a la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania el pasado jueves 24 de febrero han muerto en bombardeos indiscriminados contra zonas residenciales más de 2.000 civiles, según denunció el Gobierno ucraniano.

En la ofensiva rusa contra Ucrania se podrían estar produciendo crímenes de guerra y de lesa humanidad, según advirtió el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. El lunes 28 de febrero, el fiscal anunció que había decidido «abrir una investigación sobre la situación en Ucrania».

Khan aseguró, en un comunicado difundido por la Corte Penal Internacional, que «existe una base razonable para proceder a abrir una investigación. En concreto, estoy convencido de que existe una base razonable para creer que se han cometido en Ucrania tanto crímenes de guerra como crímenes de lesa humanidad».

De esa misma opinión es el primer ministro británico, Boris Johnson, que calificó al presidente ruso, Vladimir Putin, de criminal de guerra. «Lo que vemos que está haciendo el régimen de Vladimir Putin, con el uso de armamento contra civiles inocentes, se califica, en mi opinión, de crímenes de guerra», afirmó.

La pregunta es si existe base real para llevar a Putin y a los demás responsables políticos y militares de la invasión ante La Haya, donde se encuentra la sede del Tribunal.

Para los irónicos miembros de la resistencia ucraniana, no hay duda, y han cambiado numerosas señales de tráfico de las carreteras por donde avanzarán los tanques rusos con una única dirección: «A La Haya».

El Estatuto de Roma, que regula la Corte Penal Internacional, establece que «la Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado».

Ucrania no forma parte de la Corte Penal Internacional, sin embargo, como recordó el fiscal Khan, «ha ejercido en dos ocasiones sus prerrogativas para aceptar legalmente la jurisdicción de la Corte sobre presuntos crímenes que ocurran en su territorio».

En cuanto a los delitos concretos sobre los que podría juzgarse a Putin y a los miembros del Gobierno ruso, el Estatuto de Roma establece que se entiende como crimen de lesa humanidad actos de asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de la población, desaparición o delitos sexuales que se cometan «como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil».

En ese sentido, se entiende por ataque contra una población civil «una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política».

En cuanto a los crímenes de guerra, el Estatuto de Roma incluye en este supuesto el homicidio intencional, la tortura, los atentados contra la integridad física, la destrucción y apropiación de bienes a gran escala, la deportación o la toma de rehenes.

El Tribunal también entiende por crímenes de guerra los ataques intencionados contra la población civil y personas que no participen en las hostilidades, ataques contra bienes civiles que no son objetivos militares, ataques lanzados «a sabiendas de que causará pérdidas incidentales de vidas», ataques y bombardeos contra ciudades, aldeas o viviendas.

Otros delitos entendidos como crímenes de guerra por el Tribunal de La Haya: ataques intencionados contra edificios religiosos, el saqueo, emplear armas químicas y biológicas, delitos sexuales, ataques contra infraestructuras sanitarias, provocar hambrunas como técnica de guerra o el empleo de niños soldado.

El exministro español de asuntos Exteriores, Josep Piqué, declaró a El Debate que Putin sí podría ser juzgado por crímenes de guerra, pero «para ello, habría que arrestarle y llevarle ante el Tribunal, aunque pueda ser juzgado en rebeldía de forma simbólica. Es obvio que ha cometido crímenes de guerra y habría que tratarlo en consecuencia».

El Tribunal Penal Internacional empezará las investigaciones para dictaminar si en la invasión rusa se ha producido alguna de estas situaciones. El Gobierno ucraniano no tiene dudas. Su embajador ante la ONU, Sergiy Kyslytsya, denunció que Putin está realizando en Ucrania un «genocidio»: «Está claro que el objetivo de Rusia no es solo la ocupación. Es el genocidio».