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Invasión rusa de Ucrania
España es el país de la UE más ágil en legalizar a los ucranianos
Una vez presentada la solicitud, en un plazo máximo de 24 horas se concede el permiso de residencia y trabajo en un procedimiento casi automático
España no solo ha sido uno de los primeros países en adoptar la directiva europea de protección temporal para los refugiados de Ucrania, sino el que menos tiempo ha considerado para resolver las solicitudes de protección temporal, justificando la excesiva laxitud en la intención de proteger a los menores y combatir la trata de personas.
El Ministro del Interior y el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones adoptaron el pasado 9 de marzo la orden por la que se desarrolló el procedimiento de urgencia para el reconocimiento de la protección temporal a los ucranianos que huyen de la guerra.
La medida del Gobierno de España responde a la decisión histórica de la Unión Europea de activar la Directiva de Protección Temporal para atender la crisis de refugiados derivada de la invasión rusa de Ucrania que ya llega a los 3 millones de personas y podría superar fácilmente los 6,5 millones.
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En virtud de esta nueva normativa, los solicitantes ucranianos pueden acudir a los puntos habilitados en Madrid, Barcelona, Málaga y Alicante, así como cualquier comisaría provincial en cualquier parte de España.
Los funcionarios de la Policía Nacional toman sus datos identificativos y otros elementos, un trámite para el que se cuenta con intérpretes de idiomas, y en el que se les expide un resguardo acreditativo de su solicitud de protección temporal, en el que consta además un NIE asignado.
La solicitud es tramitada por la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior y resuelta en el plazo máximo de 24 horas. La intención del gobierno de España es que todas las peticiones se resuelvan favorablemente casi de forma automática, pero puede ser denegada si al cotejar los datos con los registros de antecedentes penales y con otras como la de Interpol, se identifica un posible riesgo para la seguridad nacional.
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La resolución favorable incluye la autorización de residencia y, en el caso de los solicitantes mayores de edad, de trabajo. Además, en virtud de lo establecido por la Dirección General de Tráfico, los desplazados que obtienen la protección temporal pueden utilizar legamente sus permisos de conducir en España al menos durante un año.
La resolución se notifica al solicitante de forma electrónica siempre que sea posible, de forma postal o por comparecencia personal ante comisarías u oficinas de extranjeros.
10.000 legalizaciones concedidas
Madrid (2.751), Comunidad Valenciana (1.788), Cataluña (1.252) y Andalucía (1.206) son las comunidades autónomas que reciben más solicitudes.