El presidente salvadoreño, Nayib Bukele (Iz) y el ministro de Defensa, René Merino durante un evento militar
«Cárcel o muerte»: la advertencia del presidente Bukele para contener las pandillas en El Salvador
La ONU recuerda que es «imperativo» que las políticas de seguridad se ajusten al derecho internacional de los derechos humanos
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ante el súbito incremento de la criminalidad, no ha dudado en demostrar el poder que acumula en todos los poderes del Estado. En una estrategia muy parecida a la de sus antecesores ha advertido que participar en las pandillas desembocará en «la cárcel o en la muerte».
Tras imponer un estado de excepción por la ola de asesinatos en el país centroamericano, Bukele se dirigió directamente a los padres de familia a quienes ha advertido sobre las consecuencias de que sus hijos adolescentes se unan a las pandillas.
«A los padres de familia. Muéstrenles este vídeo (de pandilleros encarcelados) a sus hijos adolescentes, explíquenles que entrar a la pandilla solo tiene dos salidas: la cárcel o la muerte», indicó el mandatario en Twitter un día después de que el Congreso quintuplicó la pena máxima de prisión por pertenecer a esos grupos.
Bukele publicó en Twitter un vídeo en el que se muestran las duras condiciones de encierro que tienen actualmente los pandilleros en prisión, en el marco del estado de excepción aprobado por el Congreso a pedido del mandatario y que regirá por un mes para frenar la violencia de esas bandas consideradas «terroristas».
Presuntos pandilleros arrestados en El Salvador durante el estado de excepción
En las imágenes se observa a pandilleros aglomerados en celdas, sin colchones en donde dormir y se escucha la voz de uno de ellos que se queja de la disminución en las raciones de comida y la falta de implementos para limpiar su lugar de encierro.
El presidente recordó que desde que se declaró el estado de excepción, «la comida es racionada» a dos tiempos de alimentación para los 16.000 pandilleros presos. Las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, entre otras, tienen unos 70.000 miembros en El Salvador.
Penas más duras
El régimen de excepción, que implica la restricción de libertades civiles y la ampliación de los poderes de la Policía y el Ejército en el control del orden público, fue adoptada tras una ola de violencia que dejó 87 muertos en un fin de semana.
El 30 de marzo, el Parlamento salvadoreño controlado por el oficialismo, reformó el Código Penal para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas, en medio de una serie de reformas legales.
El Salvador cerró 2021 con una tasa de homicidios de 18 muertes por cada 100.000 habitantes
La reforma establece que «el que tomase parte en una agrupación, asociación u organización ilícita» como las pandillas «será sancionado con prisión de 20 a 30 años» y si son «cabecillas» la pena de prisión será de 40 a 45 años. Antes de la reforma, la pertenencia a pandillas se castigaba con prisión de tres a cinco años, y si era cabecilla la pena era de 6 a 9 años.
«Tratos crueles, inhumanos o degradantes»
La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, expresó recientemente su preocupación por las medidas excepcionales aprobadas en El Salvador para frenar la violencia de pandillas, señalando presuntos «tratos crueles» contra pandilleros presos.
«Estamos profundamente preocupados por la serie de medidas introducidas recientemente en El Salvador en respuesta al aumento de los asesinatos de pandillas», señaló la portavoz de la Alta Comisionada, Liz Throssell, en una nota de prensa difundida en Ginebra.
De acuerdo con Throssell, desde que entró en vigencia el estado de excepción, el 27 de marzo, fuerzas policiales y del Ejército han sido desplegadas en zonas con presencia de pandillas y, «según informes», «recurrieron al uso innecesario y excesivo de la fuerza».
«Algunas» personas detenidas por presuntamente ser parte de una pandilla presuntamente «han sido sometidas a presuntos tratos crueles, inhumanos o degradantes», añadió Throssell.
«Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos», agregó la portavoz de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
«Recordamos a El Salvador que el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a tortura, los principios de juicio justo y la presunción de inocencia, así como las garantías procesales que protegen estos derechos, se aplican en todo momento, incluso durante los estados de excepción. Esto es especialmente cierto en el caso de los niños», sostuvo la portavoz.