Hispanoamérica
Venezuela cuadruplica las intervenciones a teléfonos desde que asumió Maduro
La dictadura de Nicolás Maduro ha intensificado el espionaje y persecución contra opositores y obliga a las operadoras telefónicas a «cooperar con la justicia»
La dictadura de Nicolás Maduro ha intensificado el espionaje, la persecución y la represión contra los opositores bajo una apariencia de legalidad. Según el informe de transparencia de Telefónica, las solicitudes «legales» para intervenir teléfonos se ha cuadruplicado en los últimos cuatro años.
De acuerdo con el informe de transparencia de la compañía de telecomunicaciones española, el número de solicitudes presentadas a la empresa por parte de las «autoridades competentes» de Venezuela ha crecido exponencialmente en los últimos cuatro años.
En 2017 se produjeron un total de 234.932 solicitudes, cuatro años después, en 2021, se registraron 861.004. Este drástico aumento solo es explicable por la radicalización en la persecución de los opositores al régimen como un primer paso para su posterior captura sin las debidas garantías judiciales.
Compañías de telecomunicaciones como Telefónica alegan que cumplen con la legislación local y cumplen con las solicitudes de sus autoridades, pero ignoraran el régimen generalizado de violaciones de derechos humanos que imperan en Venezuela.
«Línea directa con Maduro»
El espionaje y la persecución a los opositores, encubierto por el régimen como procesos investigativos legales, son el primer paso para extorsionar e incluso encarcelar a los opositores políticos incluyendo defensores de derechos humanos y periodistas.
En Venezuela no hay separación de poderes y «absolutamente nada sucede en cuanto a la planificación y ejecución de la represión sin que Maduro y sus altos mandos no se enteren» denunció el pasado abril la abogada venezolana Tamara Sujú.
«Obtuvimos información sobre cómo funcionarios y oficiales tienen línea directa con (el presidente venezolano) Nicolás Maduro para la aprobación, actuaciones y procedimientos falsos de persecución sistemática contra opositores civiles y militares», añadió Sujú directora del instituto Casla.
El instituto ha denunciado el uso de nuevos métodos de tortura como azotes con cabilla (barra de metal) y cables de electricidad, sujetar a la víctima a un punto fijo de manera que si intenta sentarse se asfixie, sumergirla desnuda en un pozo helado, introducir una cuchara en la nariz y en las orejas, uso de sustancias que causan quemaduras, inyecciones que producen alucinaciones y colocar una pistola dentro de la boca.