El exvicepresidente Lula besa su voto en el día de las elecciones generales de Brasil, el 2 de octubre de 2022
El Gobierno de Brasil investigará a las empresas demoscópicas por si hubo manipulación en las elecciones
Las tres compañías vaticinaron antes de la primera vuelta que Lula da Silva tendría cerca del 50 %
El Gobierno brasileño anunció este jueves que ha abierto una investigación en torno a las actividades de tres empresas demoscópicas, debido a sospechas surgidas en sus encuestas de cara a la primera vuelta de las elecciones en el país.
La investigación estará a cargo del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) y afectará a las empresas Datafolha, Ipec e Ipespe, sobre las que se presume que pudieron haberse comportado como «un cartel» en sus sondeos para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales del pasado día 2.
En las presidenciales, se impuso el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato de un frente progresista que obtuvo el 48,4 % de los votos y disputará una segunda vuelta el próximo día 30 contra el mandatario Jair Bolsonaro, que logró el 43,2 %.
Las tres empresas demoscópicas citadas por el Cade vaticinaron antes de la primera vuelta que Lula tendría cerca del 50 %, como efectivamente ocurrió, pero a Bolsonaro le atribuyeron una votación entre 10 y 14 puntos menor de la que finalmente obtuvo.
El propio líder de la ultraderecha declaró tras la primera vuelta que esas encuestas pudieron haber sido manipuladas para intentar beneficiar a Lula, quien ha liderado todos los sondeos durante el último año con tasas superiores al 40 %.
Dos días después de la primera vuelta, el ministro de Justicia, Anderson Torres, ya había anunciado que la Policía Federal abriría una investigación sobre las empresas demoscópicas, por sospechas similares a las que ahora ha manifestado el Cade, que está vinculado a ese mismo despacho.
En la misma línea, el diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los tres hijos del gobernante que actúa en política, ha anunciado que pedirá a la Cámara Baja que se instale una comisión especial con el mismo objetivo de investigar a las empresas encuestadoras.
El jefe del grupo oficialista en la Cámara de Diputados, Ricardo Barros, agregó por su parte que preparará un proyecto de ley que establezca sanciones pecuniarias y penales para las empresas cuyas encuestas se equivoquen más allá del margen de error que ellas mismas prevén en sus estudios.