Un grupo de personas marcha en Santa Cruz para exigir una actualización del censo electoral en 2023 y no en 2024
Bolivia Santa Cruz de la Sierra cumple medio mes de huelga por la manipulación del censo electoral
En la capital de la región de Santa Cruz se mantienen los bloqueos callejeros, las actividades son casi nulas y existe la posibilidad de que la protesta se extienda a otros departamentos
La región boliviana de Santa Cruz, la mayor del país, cumplió este domingo 16 días de huelga con el objetivo de que la actualización del censo electoral se realice en 2023.
El gobierno boliviano presidido por Luis Arce postergó el censo electoral ya que pretende seguir utilizando el padrón electoral viciado con el que hizo fraude en las elecciones generales del 2019.
El partido gubernamental, el Movimiento al Socialismo (MAS) pretende usar dicho padrón para ganar las elecciones del 2025.
Para los cruceños es fundamental que se realice la actualización del censo electoral en la máxima brevedad posible para ejercer los derechos electorales que les corresponden.
El temor gubernamental es que la protesta se extienda a otros departamentos, mientras una comisión técnica trabaja para fijar la fecha definitiva del empadronamiento.
Los problemas de abastecimiento de combustible persisten a pesar de que vecinos lograron el viernes hacer retroceder a un grupo afín al oficialismo y en contra de la huelga por el censo que mantenía bloqueado el paso a la principal refinería cruceña, informó la agencia Efe.
El bloqueo a la refinería era parte del «cerco» a Santa Cruz con cierres de carreteras iniciado hace 13 días en respuesta al paro por sectores oficialistas, que hizo escasear los alimentos y combustible en la región.
El «cerco» se levantó momentáneamente en algunas zonas a la espera de las resoluciones de la comisión técnica instalada en la ciudad amazónica de Trinidad para definir la fecha del censo.
Posible escalada
El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, se pronunció sobre los 16 días de huelga en un vídeo difundido en las redes sociales de esa entidad, una de las promotoras del paro.
Calvo señaló que la región lleva «16 días de paro en una lucha legítima y pacífica» en la que sus habitantes han «tenido que aguantar violencia» ejercida por militantes del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), «un cerco, necesidades, abusos policiales y las mentiras del gobierno».
«Nuestros derechos no se negocian y Santa Cruz no se rinde jamás. Sigamos firmes», manifestó.
Calvo comunicó luego a los medios que se espera que el presidente del país, Luis Arce, «quiera dar punto final» al conflicto y evitar que continúe la huelga y que «otras poblaciones vayan sumándose a tomar medidas».
El dirigente recordó que en otros departamentos se han anunciado movilizaciones desde el lunes por el censo en 2023.
En algunas regiones, los movimientos cívicos anunciaron huelgas de hambre, paros de 24 horas e incluso indefinidos, mientras que sectores como los trabajadores sanitarios prevén parar el martes.
Los cocaleros de Los Yungas advirtieron con iniciar bloqueos de caminos este lunes por el censo y para reclamar la liberación de sus compañeros detenidos dentro de un conflicto con un grupo de productores afines al gobierno.
El problema
El censo debía realizarse este noviembre, pero el gobierno de Arce anunció en julio su aplazamiento a 2024 argumentando razones técnicas, lo que motivó la protesta sobre todo de Santa Cruz.
La mesa técnica cumple este domingo su segunda jornada de trabajo en Trinidad, sin un tiempo límite para definir la fecha del empadronamiento.
El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, dijo a los medios que «hasta el momento» no se demostró que sea factible realizar el censo en 2023, circunstancia que negó el portavoz del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo en 2023 y rector de la estatal Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.
En una entrevista con los medios estatales, el portavoz presidencial, Jorge Richter, insistió en que el conflicto busca una «ruptura constitucional» como, según el oficialismo, ocurrió en 2019 cuando Evo Morales renunció a la presidencia asegurando ser víctima de un golpe de Estado, en medio de denuncias de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios de ese año.
No obstante, el mismo Evo Morales indicó en Twitter que no cree que detrás de las protestas por el censo haya una intención de dar un «golpe de Estado», pero sí un «plan» para debilitar al oficialismo y dañar la economía.