Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión por corrupción
El juicio pretendía confirmar irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas entre los años 2003 y 2015
Por qué Cristina Kirchner no irá a la cárcel y otras claves de la condena: el análisis de Carmen de Carlos
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada este martes a seis años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015).
Al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo de 2019, el Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires también condenó a la expresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los jueces hallaron culpable a Cristina Fernández del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita.
La pena dispuesta para Fernández en la denominada causa Vialidad es menor a la de 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado la Fiscalía en los alegatos finales de este proceso.
El tribunal oral también ordenó decomisar los efectos del delito, que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares).
La expresidenta, de 69 años y quien en principio goza de inmunidad hasta diciembre de 2023 en razón de su cargo en el Ejecutivo, tiene el derecho de recurrir la sentencia ante tribunales superiores.
«No seré candidata»
Fernández, confirmó este martes que no será «candidata a nada» en las elecciones de 2023, después de que se anunciara su condena.
«No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre de 2015 (cuando empezó el Gobierno de Mauricio Macri), a mi casa, a la misma casa de donde salí el 25 de mayo de 2003 para acompañar al que fuera mi compañero», el ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), dijo la también expresidenta.
En este proceso se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
Además de condenar a Cristina Fernández, el tribunal también impuso una pena de seis años de prisión para Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.
También impuso diversas penas de entre tresaños y medio y cinco años a los extitulares de Vialidad Nacional en Santa Cruz Mauricio Collareda y Raúl Daruich, a los expresidentes de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz Raúl Pavesi y José Raúl Santibañez y a Juan Carlos Villafañe, exalcalde de la sureña ciudad de Río Gallegos y expresidente de Vialidad de Santa Cruz.
Por otra parte, el tribunal absolvió a Julio De Vido, ministro de planificación Federal de Argentina entre 2003 y 2015; Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas de Argentina, y Héctor Garro, expresidente de la Agencia Provincial de Vialidad en Santa Cruz.
En el caso de Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner y extitular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, los jueces lo absolvieron por el delito de asociación ilícita y dictaron su sobreseimiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público al considerar que ese delito había prescrito.
En la cuerda floja
La vicepresidenta, que en los últimos años ha sorteado los pedidos de prisión preventiva dictados en su contra en diversas causas –en muchas de las cuales fue sobreseída– gracias a los fueros que la protegen, siempre ha defendido su inocencia y ha asegurado ser blanco de un hostigamiento judicial y político.
En su tramo final, el juicio se vio sacudido por el atentado que sufrió Cristina Fernández el 1 de septiembre, cuando un hombre intentó dispararle a las puertas de su domicilio en Buenos Aires, mientras un grupo de seguidores demostraba su apoyo a la vicepresidente en el proceso judicial.