Fernández se niega a acatar un fallo del Supremo argentino para no entregar fondos a Buenos Aires

El presidente de Argentina está dispuesto a sumir las consecuencias judiciales con tal de no entregar un peso (su moneda oficial) al gobierno opositor de la ciudad de Buenos Aires.

La Corte Suprema le ordenó desembolsar el porcentaje que le corresponde de los impuestos al equivalente a alcalde, Horacio Rodríguez Larreta, pero Alberto Fernández, con el respaldo de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, anunció que no lo hará.

La cuerda se tensa y el pulso es por partida doble. Por un lado significa un desafío a la máxima instancia judicial y por otro, algo parecido a una peineta al jefe de Gobierno de la ciudad en la que el kirchnerismo es incapaz de vencer en elecciones.

La historia viene de atrás aunque el horizonte está en las elecciones presidenciales del próximo año que se celebrarán en octubre. En 2020 el gobierno nacional de los Fernández bajó por decreto de 3,50% a 2,32% el porcentaje que la Capital recibía de los llamados «fondos de coparticipación», fruto de la recaudación de impuestos federales.

En este escenario, en cierto modo y salvando la brecha, con cierto paralelismo con el de Isabel Ayuso y Pedro Sánchez, los recursos judiciales se sucedieron para recuperar los fondos que, por ley, le correspondían a CABA, siglas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La travesía por el desierto judicial llegó a su fin esta semana con el fallo de la Corte que hizo lugar a las medidas cautelares y ordenó elevar a 2,95% el reparto de los fondos en discusión.

La decisión judicial se recibió en principio con un mutismo del Ejecutivo que fue roto con una declaración de rebeldía del presidente Fernández, al anunciar que no acatará el fallo y además, recusará a los integrantes del Alto Tribunal.

Es un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimientoEl presidente de Argentina, Alberto Fernández

«Es un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento», protestó Fernández que buscó el apoyo de gobernadores peronistas para poner en tela de juicio la autoridad de la Corte.

En esa tesitura, encontró el apoyo cuatro gobernadores que dejaron por escrito su disconformidad. También, salvando las distancias, fue lo que hizo Sánchez y remató el titular del Senado,el socialista Ander Gil esta semana al declarar en la Cámara Alta que el TC (en Argentina no hay Tribunal Constitucional) había, «despojado a las Cortes Generales de su facultad de legislar».

Alberto Fernández, con los índices de popularidad bajo mínimos y orgulloso, al menos de palabra, de ser profesor de Derecho, calificó de «fallo político de cara al año electoral», la decisión de los magistrados.

Horacio Rodríguez Larreta, como buena parte de la oposición acusó a Fernández de «quebrar el orden institucional y atentar contra el estado de derecho y la democracia».

Rodríguez Larreta, precandidato presidencial por la coalición liberal Juntos por el Cambio, advirtió -informa Efe- que denunciará a los funcionarios que no acaten el fallo y que su bloque en el Congreso «analiza y trabaja otras acciones judiciales y legislativas para defender el estado de derecho».

Los fondos de coparticipación se reparten entre los 24 distritos, es decir las 23 provincias más la ciudad de Buenos Aires, donde viven 2,8 millones de los 47 millones de argentinos.

En enero de 2016, el expresidente Mauricio Macri (2016-2019), que fue también jefe de gobierno de la capital (2007-2015), elevó de 1,4% a 3,75% el porcentaje de reparto de recaudación impuestos correspondiente a la ciudad de Buenos Aires, porque acaba de asumir el traspaso de la Policía Federal lo que implicaba la necesidad de un presupuesto mayor.