Perú
Miles de manifestantes izquierdistas toman el centro de Lima contra la presidenta Boluarte
La Defensoría del Pueblo de Perú ha informado de 42 muertes y más de 50 heridos en las manifestaciones contra el gobierno que sacuden en país
Colectivos izquierdistas se movilizaron en Lima este jueves para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones anticipadas, en el marco de las protestas que dejaron al menos 42 muertos en poco más de un mes.
Los focos importantes de las protestas se están situando en zonas andinas como Cuzco, meca del turismo peruano, cuyo aeropuerto cerró por seguridad.
Bajo la consigna «Ni un muerto más, abajo la dictadura cívico militar, racista y clasista», miles de manifestantes marcharon pacíficamente por el centro histórico de Lima convocada por un conglomerado de colectivos sociales, sindicales y partidos de izquierda.
Las protestas continuaron una segunda semana, tras la tregua por fin de año, promovidas por sectores radicales y gremios campesinos que reclaman justicia por sus familiares y una sanción a los responsables del uso desmedido de la fuerza en las zonas andinas.
Este jueves, Perú amaneció con bloqueos en carreteras en 10 de los 24 departamentos como Tacna, Puno, Cusco, Arequipa y Madre de Dios, entre otras, detalló la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN).
En la región Puno, epicentro del movimiento, ya se han empezado a celebrar los entierros de los 17 fallecidos tras los enfrentamientos el pasado lunes entre los manifestantes y las fuerzas del orden en la ciudad altiplánica de Juliaca.
El dolor se prolongó en Juliaca por una nueva muerte: un joven de 16 años que permanecía hospitalizado desde el lunes por herida de bala. Su deceso elevó a 19 los fallecidos en las protestas en esa ciudad.
El ministro de Trabajo, Eduardo García, renunció y pidió adelantar las elecciones para este año en lugar de en 2024.
Además de la renuncia de Boluarte y anticipar los comicios, las protestas exigen el cierre del Congreso y la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reemplazar la Carta Magna de 1993, impulsada por el entonces presidente Alberto Fujimori, que establece la economía de mercado como eje del desarrollo socioeconómico.
Protesta contra Lima
La movilización en la capital es parte de una «asonada que quieren hacer contra Lima probablemente el día 14», declaró el pasado lunes el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.
Según el alto funcionario, las protestas «se están financiando con dinero oscuro del narcotráfico», proveniente supuestamente de los valles cocaleros andinos.
Otárola, que obtuvo el martes un voto de confianza para su investidura en el Congreso, describió una posible situación de guerra que tendrá lugar cuando las fuerzas del orden defiendan Lima.
El funcionario responsabiliza al detenido expresidente Pedro Castillo de ser «quien azuza a la gente y coordina estas movilizaciones para buscar impunidad».
El izquierdista Castillo fue destituido por el Congreso y detenido el pasado 7 de diciembre tras un fallido golpe de Estado, que pretendía cerrar el parlamento, intervenir la justicia y gobernar por decreto. Lo reemplazó Dina Boluarte, de 60 años, su vicepresidenta.
Llamamiento a la moderación en Cuzco
En Cuzco, una de las mecas del turismo mundial por la ciudadela inca Machu Picchu, el hotel Marriot fue atacado a pedradas por manifestantes durante una marcha por las calles de la ciudad la noche del miércoles como protesta por la muerte de un campesino en manos de la policía.
La Defensoría del Pueblo informó de más de 50 heridos, entre ellos 19 agentes del orden.
El gobierno cerró este jueves temporalmente el aeropuerto internacional de Cuzco ante el alto riesgo de que los manifestantes traten de ocuparlo por la fuerza, a pesar de estar resguardado por un contingente policial y militar.
El servicio de ferrocarriles entre Cuzco y Machu Picchu ha quedado suspendido hasta nuevo aviso para garantizar la seguridad de sus pasajeros y trabajadores, informó en un comunicado la compañía operadora.
Las violentas protestas iniciadas hace un mes arrastran hasta el momento 42 muertos, incluido un policía que fue quemado vivo por una turba.
El saldo trágico provocó un llamamiento de Estados Unidos a la «moderación» por ambas partes, mientras una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evalúa desde Perú esta crisis.
Naciones Unidas instó al gobierno a respetar los derechos humanos y evitar el uso desproporcionado de la fuerza contra las protestas, y pidió a las diversas organizaciones detrás de las protestas, «abstenerse de actos de violencia y ejercer el derecho a la protesta de manera pacífica, respetando la vida y la propiedad pública y privada».