La izquierda de Ecuador prepara un nuevo juicio político para destituir al presidente Lasso
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el informe de una comisión que recomienda abrir un juicio político al presidente, Guillermo Lasso, por supuestos actos de corrupción y ahora la bancada opositora se prepara para solicitar un juicio político en su contra.
Un total de 104 de los 125 asambleístas aprobaron el informe, 18 votaron en contra y tres se abstuvieron en la sesión convocada exclusivamente para debatir del informe de la llamada Comisión Especializada por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la corrupción, en un caso conocido como «El Gran Padrino».
La votación abre paso a que un legislador presente la solicitud del juicio político de manera formal, para lo que requiere el respaldo de al menos 46 legisladores.
El pasado miércoles, la comisión, impulsada por la oposición, recomendó que el pleno de la Asamblea Nacional interpele a Lasso por los supuestos actos de corrupción investigados.
La investigación gira en torno a una presunta trama de corrupción en empresas públicas donde estarían implicados los empresarios Danilo Carrera, cuñado del presidente, y Rubén Cherres, un hombre cercano al oficialismo que ya fue objeto de una investigación policial por su supuesta relación con una red de narcotráfico, que fue archivada.
La Constitución ecuatoriana establece que, «para iniciar el juicio político, se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional» y «no será necesario el enjuiciamiento penal previo».
El fracaso de la consulta popular liderada por Lasso, unido a la victoria en los comicios locales del partido del expresidente Rafael Correa (prófugo de la justicia, condenado a ocho años de cárcel por corrupción) y a la ola de violencia provocada por el narcotráfico han debilitado al máximo la popularidad del presidente ecuatoriano, quien además no cuenta con apoyos parlamentarios.
El Gobierno critica el informe
El ministro de Gobierno (Política), Henry Cucalón, ha criticado el informe de la Comisión que investiga el caso y ha dicho que hasta analistas de oposición lo han rechazado.
«Muchas voces a lo largo y ancho del país han repudiado este informe, inclusive las personas que son críticas del Gobierno», señaló Cucalón, quien el pasado miércoles dijo que el documento «no tiene ni pies ni cabeza. Para mí sin valor jurídico alguno, no vinculante».
Asimismo, la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), el mecanismo de integración regional que forman Costa Rica, Ecuador, Panamá y República Dominicana, ratificó en su sexta cumbre, celebrada en Quito, su apoyo unánime al presidente Lasso ante otro posible juicio político.
«Rechazamos todos aquellos intentos que pretendan desestabilizar la institucionalidad democrática en la región», señalaron los miembros de la ADD tras su reunión, donde además de Lasso participaron los presidentes de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y de República Dominicana, Luis Abinader, además del vicepresidente de Panamá, José Carrizo.
Tanto los gobiernos de Costa Rica, República Dominicana y Panamá hicieron además un comunicado a parte en el que manifestaron su preocupación por el juicio político impulsado por la oposición en Ecuador y consideraron que lo que se busca es «desestabilizar un gobierno electo por la voluntad popular».
«Hacemos un llamado respetuoso y fraternal a los distintos actores sociales y políticos en Ecuador para que se garantice el período constitucional del gobierno y el país pueda continuar el normal desenvolvimiento democrático», concluyeron.