Pulso decisivo entre Macron y los sindicatos a cuenta de las pensiones

Si el presidente Emmanuel Macron renuncia a su proyecto de reforma del sistema de pensiones, su segundo mandato quedará lastrado de forma irreversible. Es el único punto que goza de consenso entre la clase política y sindical francesa ante la «jornada de acción» prevista para hoy.

El jefe del Estado y su primera ministra, Élisabeth Borne, se muestran dispuestos a algunos ajustes menores –en relación con las profesiones más penosas y con las mujeres–, pero han advertido que no cederán un ápice sobre el núcleo de la reforma: situar en 64 años la edad para poder jubilarse con una pensión plena.

Hasta la fecha, y desde la reforma, impulsada por Nicolas Sarkozy en 2010-2011, es de 62. Macron prometió elevarla a 65 en su campaña electoral del pasado año. De ahí que los esfuerzos realizados son más que suficientes. De lo contrario, asegura, se pondría en riesgo la viabilidad del sistema.

Por parte de los sindicatos –convocantes de la «jornada de acción»–, de los partidos de izquierda radical congregados en torno a la Nupes, y de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, se considera el proyecto como un ataque en toda regla al modelo francés de Estado de Bienestar.

El protagonismo principal de hoy corresponde a los sindicatos, que han fijado en 1,5 millones –según el «recuento de la Policía», precisan– el número de huelguistas a los que pretenden movilizar para, según han anunciado, intentar «paralizar el país» y alcanzar su su objetivo de forzar al Gobierno a «dar una respuesta». En otras palabras, ceder.

Disponen de varias bazas, siendo la principal una unidad de acción poco frecuente en los últimos años: hasta la socialdemócrata y reformista Confederación Francesa Democrática del Trabajo, cuya moderación fue crucial en la aprobación de reformas anteriores –y no solo las relativas a las pensiones–, exige la retirada del proyecto.

Para que el éxito de la cita sea mayor que las convocatorias de enero y febrero, apuestan, asimismo, por el apoyo de la opinión pública: de las últimas encuestas se desprende una mayoría, no holgada, pero sí sensible, hostil al proyecto. La tendencia podría invertirse si se producen actos violentos.

En su contra juegan los antecedentes: la «paralización del país» de diciembre de 1995, las más importante desde mayo de 1968, impactó en un 0,2 % en el PIB trimestral, según estadísticas oficiales. También la inflación galopante y las dificultades de un importante número de hogares para llegar a fin de mes, podría disuadir a muchos de embarcarse en la aventura.