La actual presidenta de Perú, Dina Boluarte y el expresidente, Pedro Castillo
Perú
El Supremo confirma 36 meses de prisión preventiva para Pedro Castillo
El expresidente que fracasó en su intento de autogolpe de Estado agota la última vía para estar en libertad. Está acusado de rebelición y corrupción
Se acabaron los recursos y apelaciones para Pedro Castillo. El último cartucho para evitar permanecer en prisión preventiva, lo quemó la Corte Suprema al ratificar que el expresidente deberá permanecer 36 meses entre rejas.
Castillo está detenido desde el mes pasado de diciembre cuando intentó dar un autogolpe, sin éxito, al disolver el Parlamento, intervenir el Poder Judicial y anunciar que gobernaría por decreto hasta que convocara elecciones.
El maestro de escuela que llegó a la Presidencia por aquellas carambolas electorales de Perú, deberá seguir tras las rejas hasta diciembre de 2025.
Solidaridad regional
De 53 años, Castillo, pese a intentar dar un golpe de Estado, ha logrado la solidaridad regional de presidentes como el colombiano Gustavo Petro, el mexicano Andrés Manuel López Obrador o el argentino Alberto Fernández. Todos ellos ajenos a la realidad de Perú .
«La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside César San Martín Castro, ratifica 36 meses de prisión preventiva dictada contra expresidente Pedro Castillo Terrones, investigado por el presunto delito de organización criminal y otros», comunicó el Poder Judicial en su cuenta de Twitter.
El 10 de marzo en una audiencia virtual, el juez Juan Carlos Checkley ordenó la segunda sanción preventiva -informa Efe- contra Castillo que está acusado de los delitos de rebelión y corrupción. El magistrado le dictó 18 meses por el intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.
Por el caso de corrupción, dos exministros de Castillo cumplen también prisión preventiva.
Tras su fracasada maniobra, el 7 de diciembre, Castillo fue destituido y llevado ese día al penal Barbadillo, una minicárcel para altos funcionarios dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.
Su caída profundizó la crisis política en Perú con protestas que dejan al menos medio centenar de muertos, incluidos un policía y seis soldados.
Castillo, un izquierdista y líder sindical, niega los cargos de corrupción y sostiene que está «secuestrado injustamente».
La tesis de la fiscalía es que Castillo dirigía desde la presidencia una red de corrupción de lavado de activos
La tesis de la fiscalía es que Castillo dirigía desde la presidencia una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
El expresidente peruano, quien había sido elegido en 2021 para gobernar hasta 2026, fue destituido cuando llevaba 17 meses en el poder.
Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigen su renuncia, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.