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Procesión de Semana Santa en Managua, capital de Nicaragua

Procesión de Domingo de Ramos en Managua, capital de NicaraguaEFE

Nicaragua

Nicaragua otorga la libertad condicional a 2.500 prisioneros por Semana Santa

La frecuente liberación de presos comunes en el país es a menudo criticada bajo el argumento de que, tras esos beneficios, hay un incremento de la delincuencia

El Gobierno de Nicaragua excarceló con sentencia firme el pasado viernes a 2.500 reos comunes para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus casas con motivo de la Semana Santa.

De los presos beneficiados, 830 estaban recluidos en la cárcel La Modelo, en la localidad de Tipitapa, 530 en el penal del municipio de Granada, 425 en el de Matagalpa, 196 en el de Estelí, 164 en la cárcel de Juigalpa, 148 en la de Chinandega, 113 en el centro penitenciario de León y 94 en el de Bluefields, según las cifras del Gobierno.

Los convictos fueron excarcelados en medio de ceremonias con sus familiares, en las que firmaron su carta de libertad bajo condiciones, según medios estatales.

Durante el acto de excarcelación, la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, instó a los presos que ahora gozan del beneficio legal de convivencia familiar a «aprovechar su libertad» condicional, que «conlleva mucha responsabilidad y compromiso».

En 2022, las cifras de reos enviados a sus casas son todavía más elevadas: se estima que un total de 4.850 reos comunes obtuvieron el privilegio durante el año pasado.

Entre los años 2014 y 2022, el Gobierno nicaragüense sacó de prisión a 38.540 prisioneros; es decir, un promedio anual de 4.282 órdenes de libertad condicional decretadas directamente por el Ejecutivo.

El Gobierno de Daniel Ortega tiene por costumbre conceder la libertad condicional a los convictos comunes en Semana Santa, por el Día de la Madre, el Día del Padre, en el aniversario de la revolución sandinista y durante el periodo de Navidad.

La excarcelación de presos antes de cumplir sus penas es a menudo objeto de críticas por parte de organizaciones feministas, como la Red de Mujeres contra la Violencia, bajo el argumento de que tras esos beneficios hay un incremento de feminicidios y de delincuencia en general en el país.

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