Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil
Brasil
El Supremo ordena a Bolsonaro declarar ante la policía por los disturbios de Brasilia
El expresidente ha negado cualquier participación en los hechos vandálicos por parte de sus seguidores el pasado 8 de enero que se saldó con 1.800 detenidos
Un juez del Supremo Tribunal Federal brasileño ordenó este viernes a la policía que convoque al expresidente Jair Bolsonaro en un plazo de diez días para declarar en el marco de una investigación por la disturbios del 8 de enero en Brasilia por parte de miles de sus seguidores.
«Determino que la Policía Federal proceda a la audiencia de Jair Messias Bolsonaro, en el plazo máximo de 10 días», resolvió en su decisión el magistrado Alexandre de Moraes.
La policía no informó hasta el momento cuándo convocará a Bolsonaro
El expresidente, quien se encontraba en Orlando, Estados Unidos, el día de los ataques a las sedes del Supremo Tribunal Federal, el Congreso y el Palacio presidencial del Planalto, comenzó a ser investigado por los actos vandálicos el 13 de enero por decisión de Moraes.
El exmandatario fue incluido, a pedido de la fiscalía, en la investigación que busca determinar quiénes fueron los instigadores y autores intelectuales del saqueo a las sedes de los poderes públicos.
La fiscalía citó un vídeo que el exmandatario subió a sus redes sociales el 10 de ese mes, dos días después de la violenta protesta, cuestionando el resultado electoral de octubre pasado, cuando fue derrotado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro ha negado cualquier participación en los hechos vandálicos por parte de sus seguidores y por los que resultaron más de 1.800 detenidos.
Bolsonaro regresó a Brasil el 30 de marzo, tras haber dejado el país dos días antes de la toma de posesión de Lula, el 1 de enero.
El 5 de abril, tuvo que prestar declaración ante la policía federal, en la investigación abierta por el ingreso irregular de valiosas joyas regaladas por Arabia Saudita en 2021.
El exmandatario enfrenta otras cuatro investigaciones en el máximo tribunal con penas susceptibles de prisión, además de más de una decena de procesos administrativos en el Tribunal Superior Electoral por presunto abuso de poder político y económico durante la contienda electoral de 2022.