La manipulación rusa del Consejo de Seguridad se convierte en una amenaza para el derecho internacional

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene un papel fundamental en la promoción del Estado de derecho y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Sin embargo, durante la Presidencia rusa del Consejo, hemos sido testigos de sus flagrantes violaciones a los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y sus intentos por manipular al Consejo. Nada ilustra mejor este punto que el siguiente dato: mientras Putin invadía Ucrania en febrero de 2022, su representante presidía el Consejo.

Esto fue solo el comienzo. Desde entonces, Rusia ha utilizado el Consejo de Seguridad para promover sus intereses, incluso si ello significa violar el derecho internacional. Recientemente, Rusia utilizó indebidamente la fórmula Arria para organizar una reunión del Consejo en la que María Lvova-Belova se dirigió al Consejo. Incluso, Rusia pretendió transmitir la sesión utilizando los medios de comunicación de la ONU, pero la transmisión no fue permitida.

La fórmula Arria es un arreglo informal que otorga al Consejo mayor flexibilidad para recibir información sobre cuestiones relativas a la paz y la seguridad internacionales, tal y como ha sido aplicada desde marzo de 1992. Pero Rusia invocó este arreglo no para promover la paz y la seguridad, sino para difundir información errónea sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los niños ucranianos, al invitar a Lvova-Belova, quien según la CPI es responsable del crimen de guerra del desplazamiento ilegal de niños ucranianos.

La violación de la fórmula Arria es consecuencia de una grave desviación. Sobre la base de los valores fundamentales del Estado de derecho incorporados en la Carta de las Naciones Unidas, y que son necesarios para mantener la paz y la seguridad internacionales, Rusia no puede presidir reuniones del Consejo que aborden la situación de Ucrania.

Un valor universal clave del Estado de derecho, aceptado por la Corte Internacional de Justicia, es que nadie puede ser juez en su propia causa (nemo iudex in causa sua). El Consejo de Seguridad debe estar sujeto a estos principios y a otros estándares básicos relacionados con la equidad y la justicia. Las especiales funciones que la Carta confiere al Consejo de Seguridad, ciertamente, justifican la modulación de esos principios para garantizar la protección de la paz y la seguridad. Sin embargo, vilipendiar estos principios para facilitar violaciones graves de los derechos humanos es censurable.

La presidencia del Consejo de Seguridad proporciona a Rusia una plataforma única para promover su agenda de agresión en contra de Ucrania, permitiéndole actuar como juez en sus propias acciones. Lamentablemente, casos anteriores han demostrado que los procedimientos oficiales del Consejo, como el derecho de veto, pueden permitir la difusión deliberada de información falsa. Estas prácticas probablemente persistirán durante el mandato de Rusia como presidente rotatorio. Por ello, como declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, esa presidencia es «una bofetada en la cara de la comunidad internacional».

Es urgente poner fin a las manipulaciones autocráticas del Consejo de Seguridad por parte de Rusia. Los procedimientos del Consejo deben guiarse por los principios universales del Estado de derecho consagrados en la Carta, y no por el interés propio de ningún Estado miembro. La falta de acción socava la credibilidad y la eficacia del Consejo de Seguridad y amenaza los cimientos mismos de las Naciones Unidas.

Es crucial que los otros miembros permanentes del Consejo de Seguridad, a saber, China, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, asuman la responsabilidad y eviten que Rusia manipule al Consejo en favor de su propia agenda violatoria del derecho internacional. La defensa de los principios universales de justicia y equidad exige que estos miembros impidan que Rusia dirija las reuniones del Consejo para abordar la invasión de Ucrania. De lo contrario, el Consejo quedará reducido a una mera estructura formal carente de sentido.

• Diego Arria es exembajador de Venezuela ante las Naciones Unidas
• José Ignacio Hernández es investigador en la Escuela Kennedy de Harvard