Israel cumple 75 años con su democracia en jaque

En su última columna, el recientemente fallecido autor y activista israelí Yehonatan Gefen exhortaba a luchar para impedir que el actual jefe del Gobierno, Benjamín Netanyahu, «hiera de muerte la democracia israelí». El propio primer ministro, quien ha eludido ofrecer sus condolencias por el deceso del poeta –muy crítico con su gestión–, ha pedido unidad en vísperas de que Israel conmemore este miércoles su Día de la Independencia en momentos de inédita contestación a su polémica reforma judicial.

La votación de la misma ha sido congelada hasta el próximo mes, para aplacar un descontento sin precedentes durante las fechas patrias, que Israel festejará el miércoles según el calendario hebreo, y no el 14 de mayo conforme al almanaque gregoriano.

Conflicto y crisis social

Cada año cumplido es motivo de un balance que no deja fuera las luces y sombras de un Estado que ha librado seis guerras e innumerables crisis bélicas que jalonan un conflicto inacabado con sus vecinos árabes y que viene recrudeciéndose con los palestinos. El 2022 dejó un balance de 146 palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes –cotas no vistas desde 2004– y 21 israelíes a manos palestinas. Sólo en lo que va de año han perdido la vida por el conflicto 89 palestinos y 14 israelíes o extranjeros, de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Pero ni el propio conflicto armado, con el que los israelíes están más que acostumbrados a convivir, ni siquiera las amenazas existenciales internas o externas, han supuesto un punto de quiebre entre la sociedad civil de semejante magnitud como lo ha hecho la reforma judicial, que está sacudiendo las placas tectónicas de una democracia hasta ahora sólida.

«No recuerdo algo tan fuerte como estas manifestaciones. Es una brecha que empezó a abrirse poquito a poco desde el asesinato del (primer ministro Isaac) Rabin (1995)», explicó a El Debate Maayan Erez, originaria de Tel Aviv, 20 años residiendo en España y una de las coordinadoras de una iniciativa ciudadana internacional a favor de la democracia en Israel.

La plataforma ha convocado tres manifestaciones frente a la Embajada israelí en Madrid para expresar solidaridad con sus compatriotas y el rechazo a la pretensión de modificar de manera sustancial la praxis democrática. Argumenta que las convocatorias responden a «un momento crítico que puede afectar tanto a los israelíes que viven fuera del país como a los judíos, porque la relación entre ambos es directa».

Los temores de la senda iliberal a la que se dirige el Estado judío son fundados y vienen labrándose en una sociedad que desde hace algún tiempo, según encuestas, refleja su despreocupación por la vulneración de derechos fundamentales en aras de mantener cierta seguridad física y económica.

Reforma polémica

La reforma impulsada por el Ejecutivo, advierten constitucionalistas, socavaría la independencia de la justicia y la separación de poderes en Israel, ha despertado a muchos israelíes (que en noviembre acudieron a las urnas) del espejismo en el que vivían, y evidencia una división irreconciliable entre los que están a favor y los que están en contra de las modificaciones y el Gobierno.

«Tras una etapa difícil de seis elecciones en diez años, el Gobierno de Netanyahu se apoya en partidos ultra-radicales del nacionalismo religioso, fundamentalmente anti-árabes y anti-derechos fundamentales», anotó a El Debate el profesor Antonio Bar Cendón, catedrático de Derecho Constitucional y catedrático Jean Monnet 'ad personam', de la Universidad de Valencia.

Esta coalición está tensando hasta extremos insospechados el equilibrio democrático, además del robusto tejido de la seguridad israelí con la creación de una Guardia Nacional que despierta el temor de que quede en manos de los ultras y no del mando policial.

En paralelo, la oposición negocia con el Ejecutivo un nuevo texto de la reforma –que alega necesaria para reequilibrar los poderes de un Supremo que considera ideologizado–, aunque hasta la fecha no se vislumbran avances, lo que hace sospechar que se trate de una medida paliativa sin ánimo de llegar a acuerdos.

La acelerada tramitación legislativa de la reforma no deja dudas a sus detractores de la razón que está detrás: una confluencia de intereses personales del primer ministro, atenazado por varios casos judicializados por presunta corrupción, y la de unos socios de conocida herencia antidemocrática.

«El riesgo es que el Gobierno pretende gobernar sin control de ningún tipo y maniatar al poder judicial. Es muy importante que exista el control de los jueces porque limitarán su actuación y con ello los derechos fundamentales y evitarán el abuso de poder», argumenta el experto constitucionalista, quien fuera asesor jurídico de la UE en el proceso de paz palestino-israelí. Recuerda que Israel no tiene Constitución porque los padres fundadores del Estado evitaron en 1948 enfrentarse al sector religioso y tener que introducir posicionamientos radicales alejados del secularismo del sionismo primigenio.

Sin embargo, a lo largo de los años el Supremo israelí ha venido estableciendo de manera progresiva una doctrina compuesta por Leyes Básicas, «atribuyéndose su propia protección como garantía básica constitucional y de los derechos fundamentales de los israelíes y, por cierto, también de los palestinos en la medida en que sus derechos se vean afectados por la actuación de la autoridad del propio Estado, de sus fuerzas armadas o de sus ciudadanos».

Entre las reformas más controvertidas del programa presentado en enero figuran el debilitamiento del Supremo otorgando al Parlamento la posibilidad de revertir sus fallos por mayoría simple; cambios en el método de la elección de jueces dando total control al Ejecutivo; la eliminación de la potestad de los jueces de revisar la adecuación de las personas para ocupar el cargo de ministro; o la designación de asesores jurídicos del Gobierno, que emiten informes vinculantes.

«Este Gobierno quiere cambiar las reglas del juego: el sistema de nombramiento de jueces, que los asesores legales del Gobierno sean cargos de confianza», alerta por su parte, León Amiras, vicepresidente del Colegio de Abogados de Israel y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Hebrea de Jerusalén. El jurista israelí estima que si el paquete termina aprobándose en su formulación actual o con pocas variaciones, «no va a ser una reforma fría, sino una espada que va a matar a la democracia israelí» por cuanto blinda al Ejecutivo del posicionamiento y la fiscalización judicial de los profesionales.

Las medidas propuestas son de tal calado, insiste, «que nos van a quitar las armas para poder vivir». Y frente a los que abogan por «ponerle el cascabel al gato» de elaborar una Carta Magna, aconseja «ni pensar en una Constitución. No querría que el precio fuera un baño de sangre, prefiero quedarme con 75 años de democracia».

¿Señales de humo o alerta económica?

Junto a las alarmas jurídicas y políticas, un reciente informe emitido por la agencia de calificación Moody's, ha rebajado la perspectiva de Israel de «positiva» a «estable» por la fuga de capitales y la incertidumbre económica, y echado más leña al fuego. Analistas y políticos difieren sobre el peso que debe dársele a la valoración de la agencia que, no obstante, mantiene para Israel una calificación crediticia de A1, consciente del «fuerte crecimiento económico» demostrado tras la pandemia (un 6,5 % en 2022).

La ex gobernadora del Banco de Israel, Karnit Flug, esgrimió que estos síntomas son una señal muy negativa para los inversores, particularmente para la todopoderosa industria tecnológica israelí. A ello se suma una pronunciada depreciación del shékel frente al dólar y el euro, que ha llegado a su nivel más bajo en el último trienio.

La también integrante honoraria del Israel Democracy Institute analizó que la calificación económica evidencia que aún «no se ha interiorizado que la elaboración de la reforma judicial debe pasar por un amplio consenso».

Un consenso que se antoja cada día más alejado del statu quo que cimentó al Estado que vio la luz hace 75 años de la mano de David Ben Gurión.

El poeta fallecido recientemente ironizó hace unos años con que tenía la misma edad que Israel, pero que el Estado judío había envejecido terriblemente rápido. Lamentablemente, el interrogante que se abre hoy no es si el Estado está en forma o ha madurado demasiado deprisa, sino si la partida que se juega sobre el tablero democrático entre una sociedad dividida a ha llegado a jaque, o a jaque mate.