El presidente colombiano, Gustavo Petro
En secreto y con sobrecostes: la chapuza del gobierno colombiano en la compra de vehículos militares
Funcionarios del Ministerio de Defensa colombiano trataron de silenciar una investigación periodística que desveló un sobrecoste de 17 millones de dólares en la compra de vehículos blindados
El gobierno colombiano presidido por el izquierdista Gustavo Petro tardó unos pocos meses en sumergirse en un primer gran escándalo económico por sobrecostes millonarios en un contrato de equipamiento militar a cargo de las arcas del Estado.
Según publica la revista Semana, poco después de acceder a la presidencia de Colombia, el gobierno de Petro firmó con absoluta opacidad y secretismo un gran contrato con una empresa canadiense por valor de más de 305 millones de dólares para la adquisición para el Ejército de 55 vehículos blindados LAV III 8x8.
Según Semana, el acuerdo multimillonario estaría manipulado con fuertes sobrecostes que habrían engordado en 17 millones de dólares la factura final en escándalo que salpicaría a la secretaria general del Ministerio de Defensa Ana María Garzón –que dimitió a principios del mes de marzo–, mano derecha del ministro Iván Velásquez.
Iván Velásquez tuvo una oscura gestión como fiscal de la CICIG (Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala). Procesó sin pruebas a numerosos inversores extranjeros, incluyendo a españoles y acabó siendo expulsado de Guatemala por el Gobierno de la nación antes de ser fichado por Petro.
El sobrecoste es si cabe más grave si se tiene en cuenta que, cuando era candidato, Gustavo Petro se destacó por su contundencia al denunciar la compra de armas y aviones para las Fuerzas Militares al considerar el gasto innecesario.
Además, denuncia Semana, el gobierno acosó a un periodista del medio, que trató de obtener más información sobre el caso, para que firmara un documento de confidencialidad. Semana afirma que las presiones sobre su periodista son «un claro acto de censura».
La salida a la luz del caso desobrecostes habría forzado la dimisión de Ana María Garzón, aunque nunca se ofreció una versión oficial de su salida del Ministerio.
Semana tuvo acceso también a documentos oficiales, como el contrato, la ficha técnica y las características del proveedor de los blindados.
Según Semana, el pasado 20 de abril uno de sus periodistas se reunió con funcionarios del Ministerio para mostrarles la documentación que obraba en su poder y pedir una explicación, aclarar si hubo o no sobrecostes y entender por qué se ejecutó el acuerdo de espaldas a la opinión pública.
El Ministerio había aceptado ofrecer en el encuentro una versión oficial de los hechos. El encuentro lo encabezaba el viceministro de Estrategia y Planeación, general retirado Ricardo Díaz. Junto a él acudieron funcionarios del Ministerio y del equipo de comunicación.
Los funcionarios expusieron el mal estado de los vehículos del Ejército y la necesidad de adquirir nuevas unidades para garantizar la protección de puntos estratégicos de Colombia.
Sin embargo, en un momento dado, el periodista de Semana mostró al coronel Carlos Luque Ochoa, director de la Escuela de Infantería, presente en la reunión, copias de los documentos que sostenían el caso.
De inmediato se presionó al periodista de Semana para que revelara la fuente que le había proporcionado documentos de seguridad nacional.
El periodista respondió que no podía revelar la fuente obtenida en el ejercicio de la labor periodística y que toda fuga de información era un asunto interno del Ministerio.
La respuesta provocó una reacción colérica en el también presente coronel Óscar Melo Muñoz, responsable del proyecto de adquisición de los vehículos 8x8.
Según la publicación, el coronel Luque estaba molesto por la posesión de los documentos en manos de Semana y no por la evidencia de sobrecostes e irregularidades en un contrato millonario de adquisición de equipo militar.
Fue entonces cuando el viceministro Ricardo Díaz exigió al periodista de Semana que firmara un documento de confidencialidad sobre lo que se tratara dentro de la reunión para poder continuar. El periodista se negó y el viceministro levantó la sesión.
La documentación aportada que desató la ira de los funcionarios de Defensa demostrada que, a pesar de que según el contrato correspondía a la empresa canadiense el traslado de los vehículos a las instalaciones del Ejército, esto no fue así.
Debido a ese incumplimiento se produjo una cascada de sobrecostes a cargo del Ministerio de Defensa.
El primero se habría debido a que el almacenaje y las pruebas de los vehículos de combate los pagó el Ministerio con un sobrecoste de 2,9 millones de dólares.
Un segundo sobrecoste de 7 millones de dólares se derivó de la integración de los sistemas de armas y comunicaciones, otro cargo que debería haber asumido el proveedor canadiense y que asumió Defensa.
Otros 4 millones de dólares de sobrecoste se derivaron de la gestión de proyectos de ingeniería en fábrica, que también debería haber asumido el fabricante.
Asimismo, otro sobrecoste de 1,4 millones de dólares se derivó de la actualización de sistemas obsoletos, otro cargo que tendría que haber asumido la empresa proveedora.
Por último, el transporte de los vehículos a Colombia, una tarea que tendría que haber correspondido al proveedor, corrió a cargo del Ministerio de Defensa colombiano.