Aznar y 23 expresidentes denuncian el asalto de Petro a la Fiscalía colombiana

Al término de su visita de Estado a España, el presidente de Colombia Gustavo Petro arremetió contra la autonomía de la Fiscalía colombiana, algo que según la propia Corte Suprema de Justicia del país sudamericano iría en contra de la separación de poderes que establece la Constitución vigente que data de 1991.

Las voces de alarma por la intento de alteración del orden constitucional colombiano no solo vienen de dentro del país sino que veinticuatro exjefes de Estado y de Gobierno agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) respaldaron al Fiscal General y el pronunciamiento del Supremo colombiano.

Petro, tras ser homenajeado en la Universidad de Salamanca, defendió la tesis de que como jefe del Estado, también sería el superior jerárquico de la fiscalía de la Nación, que según la Constitución colombiana es «una parte de la rama judicial» del Estado.

Los líderes iberoamericanos, entre los que se encuentran el expresidente de Gobierno José María Aznar, saludaron «la declaración emanada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que acompaña al fiscal general y con la que le salen al paso a lo afirmado por el presidente de la república, Gustavo Petro».

«Los precedentes que han tomado cuerpo en la región, como el socavamiento por distintos gobiernos de la independencia del Poder Judicial y el ejercicio indebido de presiones para atemorizar ante la opinión pública a los servidores de la Justicia, dan cuenta de comportamientos que no solo afectan a uno de los elementos esenciales de la democracia representativa como lo es 'el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho' tal como lo prescribe la Carta Democrática Interamericana» señala el pronunciamiento de IDEA.

Los jefes de Estado y de Gobierno firmantes, que incluye a los expresidentes colombianos Andrés Pastrana (1998-2002) e Iván Duque (2018-2022), agregaron que «antes bien, al corresponderle a los jueces ejercer el control de convencionalidad y de constitucionalidad de los actos de los distintos poderes del Estado, invadir las competencias de la Justicia debilita los derechos de cada persona a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados por la Convención Americana de Derechos Humanos».

Finalmente, el pronunciamiento de IDEA señala que hacen «votos para que Colombia y los colombianos resuelvan con prontitud esta situación que puede crear riesgo o afectar el legítimo ejercicio del poder».