La crisis migratoria del Canal de la Mancha divide a la Iglesia y al Parlamento británico

Las costas británicas del Canal de la Mancha están saturadas: en el año 2022, 45.755 personas llegaron en pequeñas embarcaciones para solicitar asilo en Reino Unido, y en lo que llevamos de 2023, ya lo han hecho más de 6.000. El Gobierno de Rishi Sunak es incapaz de procesar todas estas solicitudes, dando pie a un bloqueo de 92.601 expedientes que el primer ministro ha prometido resolver pronto.

El problema sobrepasa los recursos del país, y las soluciones suscitan polémica. Por ejemplo, para paliar el coste de albergar a los solicitantes de asilo en hoteles (5 millones de libras diarias), el Ministerio de Interior tiene dos planes: el primero, hospedar a los inmigrantes en antiguas bases militares o en barcazas atracadas. El segundo, más controvertido, es enviarlos a Ruanda para que esperen allí el resultado de sus solicitudes de asilo.

En paralelo, la ministra del Interior Suella Braverman ha propuesto una Ley de Inmigración Ilegal, que busca expulsar del país a aquellas personas que entren de manera ilegal. Este proyecto de ley, que actualmente está siendo debatido en el parlamento, perjudicaría a los solicitantes de asilo, ya que no es legal entrar en Reino Unido en pequeñas embarcaciones. Sin embargo, en muchos casos, las personas que huyen de sus países no tienen otra opción.

Así lo denunció el Arzobispo de Canterbury, que se pronunció en contra de esta ley en una excepcional intervención parlamentaria. Según el Arzobispo Justin Welby, la ley ignora «la responsabilidad moral hacia los refugiados» del Gobierno británico.

«Este proyecto de ley carece de visión a largo plazo respecto a los desafíos de la migración, y socava la cooperación internacional. Puede perjudicar los intereses y reputación de Reino Unido tanto en casa como en el extranjero, y los intereses de aquellos que necesitan protección», criticó Welby en la Cámara de los Lores.

«Es un proyecto de ley aislado, no un proyecto de ley del gobierno en su conjunto. No tiene en cuenta la gestión y prevención de los conflictos que impulsan la migración. Es moralmente inaceptable y políticamente ineficiente dejar que los países más pobres enfrenten las crisis solos sin nuestra ayuda», agregó el Arzobispo.

Criticó, además, la falta de medidas para enfrentarse a las redes de traficantes, principales culpables de las olas migratorias del Canal, y la falta de opciones de rutas seguras y legales para los solicitantes de asilo.

Fracasos de los Conservadores

Las palabras del Arzobispo de Canterbury asustan a Suella Braverman y al Ministerio del Interior, impulsores de este proyecto de ley que pronto será debatido en la Cámara de los Lores. Según el periódico The Times, los ministros temen que los lores quieran diluir las medidas, o reformar la ley para ampliar las rutas de acceso a Reino Unido desde países en guerra, como Sudán.

Braverman y el ministro Alex Chalk han pedido a los Lores «que no desafiaran la voluntad del pueblo británico» al bloquear este plan radical contra la inmigración ilegal, que según ellos «perjudica a los verdaderos refugiados».

Por otra parte, The Times reveló que Sunak está fracasando en su promesa de resolver el bloqueo de miles de solicitudes de asilo-promesa que fue uno de los pilares de su campaña electoral. El pasado mes de febrero, el premier anunció un plan para «acelerar» las solicitudes de cinco países, cuya tasa de éxito es del 95%: Afganistán, Siria, Yemen, Eritrea, y Libia. Eliminó la parte del proceso que incluía una entrevista cara a cara, y en su lugar implementó un cuestionario de diez páginas con preguntas clave.

Pero, aunque ya se han devuelto tres cuartas partes de los formularios, solo el 10 % se ha completado correctamente. Esto ha obligado al Ministerio del Interior a llevar a cabo el doble de entrevistas de la manera habitual, y demostrado que el plan de Rishi Sunak fue inútil.

Una fuente gubernamental lo atribuyó a abogados que buscan dinero. En declaraciones al periódico The Guardian, esta fuente explicó: «Somos conscientes de que hay abogados que están aconsejando a los inmigrantes para que completen los formularios de manera incorrecta. Así se aseguran de que el proceso sea más largo, con más entrevistas, y que se les pague por ese trabajo».