«Nuestra prioridad es la batalla cultural»

Martín Arrau, vicepresidente del Partido Republicano de Chile (derecha conservadora), fue miembro del Consejo Constitucional encargado de diseñar un proyecto de Constitución. De aquellos trabajos salió un texto extenso de sesgo claramente izquierdista. Como quedó en minoría, se recicló como jefe de campaña de cara a un referéndum en el que los chilenos, el pasado septiembre, rechazaron el proyecto por abrumadora mayoría. En diciembre, la ciudadanía volverá a pronunciarse sobre el nuevo proyecto, más minimalista.

– ¿Cómo valora que el texto del nuevo proyecto constitucional sea menos exhaustivo?

– Sí, efectivamente. Uno de los grandes problemas del proyecto anterior, que fue de un maximalismo y en el que la izquierda fundacional tuvo una mayoría absoluta, trató de abarcar muchos temas, incluso temas que son de rango legal. Gracias a Dios, eso fue descartado en un plebiscito muy contundente y se inicia este nuevo proceso constitucional. Siempre estuvimos en contra y queríamos que los cambios constitucionales, respetando la institucionalidad, se hicieran en el Congreso.

–Hasta hoy.

–El oficialismo de izquierda y la derecha pactaron e iniciaron un nuevo proceso constitucional en el cual participamos hoy día y se creó este Comité de Expertos, que tiene que ser enmarcado en ciertos límites que les deja el Congreso. Y es un proyecto que, sí, es bastante más mínimo que el anterior, lo cual es positivo porque se queda en el ámbito constitucional de materias de dar principios constitucionales, mandato o estructura orgánica genera. Pero tiene todavía muchas cosas por mejorar.

–¿Cuáles son los límites para la derecha chilena?

–Hay varios límites. Son 12 los que más llaman la atención o van a generar más turbulencia o ruido. Uno es el que define a Chile como un Estado social de derecho. Hoy día Chile es un Estado definido como un Estado subsidiario de manera indirecta. No dice esa palabra del actual texto constitucional, pero toda la reacción hace que el Estado, su aparato burocrático funcione con una visión subsidiaria.

Es decir, que el Estado actúa donde los privados no lo pueden hacer de buena manera o en ciertas cosas que son evidentes como Seguridad y Defensa. Esto de incorporar este término del Estado subsidiario es algo que no nos tiene conforme o nos tiene intranquilos. Pero aún falta la definición porque al hablar de Estado social de Derecho podemos hablar de Alemania, España, pero también de Venezuela. O sea, hay un abanico bastante amplio y depende también de la bajada que se le dé. Y ahí está el desafío de estos consejeros electos de ver qué significa o qué va a alabar ese concepto.

–Será un punto de divergencia en un comité de expertos que ha sido bastante consensual hasta el momento.

–Fue un comité de expertos. Sé que ha habido mucho consenso, dos expertos de los cuales eran del Partido Republicano. Hoy día cambia un poco el escenario.

–¿Por qué ha sido tan consensual?

–Porque está dentro de los límites constitucionales. En la actual Constitución, en la reforma del actual control se hizo una reforma y en el artículo 154 se pone este límite. Por tanto, más que consejo, o que consenso, ha sido una imposición y se ha respetado, porque en Chile tenemos esa buena costumbre y creo que sigue siendo así. En ese sentido, más que consenso ha sido una imposición y yo lo que espero es que se le dote de contenido apropiado a este estado social de derecho, que puede ser mucho o poco.

–¿Cuál es la definición que ustedes rechazarían?

–Nosotros vamos a defender siempre un rol del Estado al servicio de las personas, y cuando vemos que se empiezan a abrir puertas o, a intervenir la vida de las personas, a quitar espacio de libertad, por supuesto que no vamos a estar de acuerdo. Entonces, cuando hablamos de un avance progresivo de los derechos sociales o de la preponderancia del Estado, por supuesto que nos preocupa. Habría que ver esa redacción de Estado de Derecho: que quede limitada a la libertad de elección de las personas y no en una preeminencia del Estado

–¿Podría peligrar el sistema chileno de pensiones por capitalización con una definición demasiado extensa de las competencias del Estado?

–Por supuesto que sí. Y además aquí hay una norma que se está discutiendo en el texto constitucional que tiene que ver con eso. Nosotros, vamos a impulsar normas que permitan la libertad de elección de las personas, es decir, que las pensiones puedan ser elegidas quien la administra. Si un ente público o privado hoy día en Chile es solamente privado, hay competencia en lo que nos haga a nosotros, porque la competencia saca lo mejor. Y lo segundo es que tiene que ver claramente la inexplicable debilidad de los fondos de pensión.

Tenemos experiencias cercanas como Argentina, por ejemplo, donde el Estado se ha apropiado de los fondos de inversión y al final tenemos sectores de la población que dependen de lo que el Estado les quiera dar, dependen de los políticos de turno. Nosotros creemos que el sistema chileno necesita mejoras, por supuesto, pero otorga libertad a las personas y nosotros siempre vamos a defender esa premisa.

–¿Un error elevar al rango constitucional las pretensiones en materia de pensiones?

–Fue un error desde el punto de vista político, ceder el espacio a la discusión constitucional cuando hay presión y violencia en la calle. No fuimos suficientemente firmes como país para decir que con violencia no se negocia políticamente. Y eso es algo que se aprendió. Por eso digo que veo una montaña rusa, porque hoy día, a diferencia de ese año, el apoyo al uso de la fuerza por parte del Estado a la seguridad es altísimo en Chile, porque tenemos otro tipo de problemas derivados del desorden y la gente ya está aburrida y cansada de la inseguridad y otras materias. Entonces, el principal error que se cometió en octubre de 2019 por parte del Estado fue ceder ante la violencia, a la coacción de la violencia.

–Otro punto de fricción fue el lugar que deben ocupar en la construcción la sociedad chilena, los pueblos indígenas. La propuesta es más moderada ahora.

–Hay gente que no lo sabe: Chile no es como otros países de Latinoamérica con fuerte presencia de pueblos indígenas y con personas que hablan diferentes idiomas, pero quedan ciertos grupos que lo hablan como segunda lengua. No es un tema relevante y, de hecho, así lo confirman los estudios de opinión. Pero, claramente, se pone la moda con todo este enfoque interseccional de la izquierda. Por eso el primer texto constitucional fue una brutalidad. Dividió a los sistemas de Justicia, dividió a Chile en una plurinacionalidad de extrema izquierda. Bolivia tiene un Estado plurinacional, uno conoce Bolivia y es muy diferente a la realidad chilena.

Creemos que todos los chilenos, independiente de su origen, de su etnia, de su raza, tienen los mismos derechos

–¿Qué les sigue incomodando?

–Que se reconozcan derechos colectivos a grupos específicos dependiendo de su origen étnico. Nosotros creemos que todos los chilenos, independiente de su origen, de su etnia, de su raza, tienen los mismos derechos, las mismas libertades, los mismos deberes. Entonces, cuando en rango constitucional se reconocen derechos colectivos para ciertos grupos específicos, abrir la puerta precisamente a una diferenciación, a una discriminación, no viene bien a Chile.

–Y se cuestiona el universalismo, que es una esencia de la democracia.

–Imagínese que hay una debilidad de ciertos sectores que incluso se hacen llamar de centro-derecha en cosas tan básicas, como que en esta última elección de consejeros constitucionales habían cupos diferenciados para los pueblos indígenas cuando la mayoría de los mapuches [el pueblo indígena más importante de Chile] vive en las ciudades, lejos de donde ellos estaban originalmente.

–¿Sus problemas específicos no necesitan solución propia?

–Por supuesto que pueden tenerlo como cualquier grupo específico, pero no requieren de normas constitucionales o leyes específicas. Por supuesto que pueden ser resueltos en el derecho común si reconocemos a todas las personas en igualdad de condiciones con los mismos derechos y deberes. Porque si vamos a empezar a hacer diferenciaciones y leyes específicas para cada grupo específico, es que nos compramos totalmente este enfoque interseccional de la izquierda que busca dividir. Es claramente el camino equivocado. Nosotros creemos en la unidad y en la igualdad.

–Es decir, que están dispuestos, incluso más allá del debate constitucional, a librar la batalla cultural en puntos como ese.

–El triunfo que nosotros hemos tenido y muy en plural, porque no es mérito de un partido en específico, ni menos de una persona en específico, es el rechazo a ese texto fundacional. Y en el último, la última elección, donde obtuvimos una votación muy alta, es un triunfo cultural más que electoral.

Nosotros lo vemos, y estamos convencidos, que estamos dando una batalla cultural donde los frutos de ella, se verán en 10 o 15 años. Nos interesa, por supuesto, más que tener un mayor número de parlamentarios, que quizá formar gobierno.

Nuestra meta, la que estamos buscando, es un cambio cultural y poner de moda temas que hoy día la sociedad quizás ha dejado porque creemos que son los principios y valores que le hacen bien a nuestra sociedad y a nuestro país.