Las madres de los jóvenes que se manifestaron el 11-J: «Nuestros hijos fueron encarcelados y torturados»

Angélica, Roberto, Mª Cristina, Luis Mario, Alexander, Nadir, Jorge… Es solo el principio de una lista interminable de jóvenes cubanos que han terminado entre rejas por manifestarse públicamente el 11 de julio de 2021 a favor de la libertad y en contra del comunismo.

El 11-J ha supuesto un antes y un después para la historia de Cuba. Las manifestaciones se llevaron a cabo entre el 11 y el 17 de julio y han sido descritas como las más grandes contra el Gobierno desde el «Maleconazo» de 1994, cuando se produjo un levantamiento popular masivo contra el castrismo. Se acerca un nuevo aniversario.

En 2021 se documentaron 1.484 detenciones (la mayoría eran jóvenes) en el marco de las protestas y 584 personas fueron sentenciadas tras juicios sumarios.

Muchos hablan de estar hoy «en peores condiciones» que durante el llamado Periodo Especial

La chispa que incendió todo fue la grave situación de inestabilidad económica, sanitaria y alimentaria en la isla. Ahora mismo muchos hablan de estar hoy «en peores condiciones» que durante el llamado Periodo Especial, cuando la ex Unión Soviética paralizó y cortó sus relaciones comerciales con Fidel Castro, y las necesidades básicas no se cubrían.

Como consecuencia de esta situación, se calcula que solo en 2022 han huido de la isla más de 250.000 personas, aunque pueden ser muchas más. Estados Unidos, Centroamérica y Europa son algunos de los destinos más utilizados.

Las redes

Ante la tensión del momento y pese al fuerte control policial, los ciudadanos cubanos se conectaron a las redes móviles y organizaron las manifestaciones del 11-J.

Las primeras movilizaciones tuvieron lugar en la localidad de San Antonio de los Baños y se llevaron a cabo como rechazo por los cortes de electricidad en medio del sofocante calor del verano y las restricciones relacionadas con la pandemia de la Covid-19.

Como era evidente, poco a poco la ola de protestas fue contagiándose hasta llegar a La Habana y otras ciudades donde la gente salió masivamente a las calles. Entre gritos de «abajo el comunismo» y «queremos libertad» los ciudadanos también reclamaban la renuncia del presidente Miguel Díaz-Canel.

Era un movimiento social creciente e incontrolable. El Gobierno cubano no esperaba este atrevimiento. Y actuó, como cualquier dictadura, con mano dura y una fuerte represión militar y policial.

Seis meses después de las protestas, 790 personas habían sido acusadas por su participación en las manifestaciones, y 172 ya habían sido condenadas

En enero de 2022, seis meses después de las protestas, 790 personas habían sido acusadas por su participación en las manifestaciones, y 172 ya habían sido condenadas. Más recientemente, la Fiscalía General de Cuba anunció sanciones para cerca de 400 personas.

En un comunicado, el fiscal general del régimen dijo que 381 personas fueron sancionadas por «sedición; sabotaje; robo con fuerza y violencia; atentados; desacato y desorden público».

De esas 381 personas, 297 fueron condenadas a penas de prisión de entre 5 y 25 años. Las 84 personas restantes, entre las que se encuentran jóvenes de entre 16 y 18 años, fueron condenadas a penas alternativas, algunas de las cuales se centran en realizar 'trabajos correccionales' en lugar de pasar por la cárcel.

El fiscal añadió que los eventos del 11 de julio de 2021 «amenazaron el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista».

Mientras tanto, en la actualidad se cuentan por decenas los jóvenes que inundan las cárceles cubanas «en muchos casos enfermos, sin gozar de las condiciones humanitarias mínimas y sin haberse probado los hechos de los que son acusados», explican varios familiares de presos que prefieren mantener el anonimato.

En la actualidad se cuentan por decenas los jóvenes que inundan las cárceles cubanas

Precisamente este limbo judicial ya ha sido denunciado recientemente. Desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril de 2022 han sufrido prisión política en Cuba un total de 1.218 personas. De ellas, 874 son manifestantes del 11-J, según la ONG Prisoners Defenders (PD).

Testimonios desgarradores

El Debate ha podido conversar con varios de los familiares de estos presos, como Luís Rodríguez (profesor de Español y Literatura en Quiviacán), marido de Angélica Garrido, detenida tras el 11-J. «A mi esposa le adjudicaron delitos que no cometió; ella y su hermana se manifestaron pacíficamente el 11-J y no hubo ningún altercado; solo se pedía libertad y un cambio del sistema».

Angélica asumió una pena de tres años de prisión por presunto «desacato y atentar contra la vida de cinco agentes policiales». A su hermana, María Cristina, la condenaron a siete años por un motivo diferente: «Atentado con agravante». A raíz de la detención de su mujer, le expulsaron de su trabajo.

Marta Perdomo, madre de Jorge (Licenciado en Matemáticas y Computación) y Nadir (Licenciado en lengua inglesa y francesa), comenta que sus hijos también salieron pacíficamente el 11-J «buscando un futuro mejor» y seis días después fueron «detenidos, llevados a la cárcel y cruelmente torturados».

«Se encontraron con una realidad que jamás hubieran imaginado.» Les cayeron seis y ocho años de privación de libertad, respectivamente. Marta pertenece ahora al movimiento de madres #CubadeLuto que han decidido vestir de negro hasta que liberen a sus hijos.

César Adriam Delgado, licenciado en Cultura Física, es otro de los jóvenes detenidos en las manifestaciones del 11-J. Después de pasar cuatro meses en el centro penitenciario Combinado del Sur fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Agüica. Lo acusaron como presunto autor de «desórdenes públicos y desacato». Al final la condena quedó en cinco años de privación de libertad. Poco después César contrajo matrimonio en la cárcel con su novia Roxana.

Las historias de damnificados se multiplican mientras los presuntos expedientes penales se acumulan en algún rincón de algún sótano. Pero lejos de esperar una relajación, la noticia de la aprobación de un nuevo Código Penal ha encendido todas las alarmas.

Nuevo Código Penal

El nuevo Código Penal de Cuba, con sus 141 páginas, sustituye al anterior, que se remontaba a 1987, y contiene varias disposiciones nuevas y antiguas preocupantes para los derechos humanos.

Entró en vigor el 1 de diciembre pasado y «corre el riesgo de consolidar aún más unas limitaciones arraigadas a la libertad de expresión y de reunión, y presenta un panorama aterrador para periodistas independientes, activistas y cualquier persona crítica con las autoridades», según explica Amnistía Internacional.

Todas las personas presas de conciencia de Amnistía Internacional, y muchos centenares de personas más criminalizadas en el contexto de las protestas, fueron acusadas en aplicación de varias disposiciones del Código Penal que se utilizan históricamente para silenciar a la disidencia, como las relativas a «desórdenes públicos», «resistencia» y «desacato».

Por ejemplo, el artista Luis Manuel Otero fue declarado culpable de «desórdenes públicos», «desacato» y «ultraje a los símbolos nacionales». Por su parte, el líder del grupo de oposición política no oficial de Cuba, José Daniel Ferrer, a quien se le ha limitado a menudo el acceso al mundo exterior desde su detención en julio de 2021, fue acusado de «desórdenes públicos».

Según explica esta organización, todas estas disposiciones siguen estando en el nuevo Código Penal: aunque hay algunos cambios de redacción, las penas mínimas aumentan. Por ejemplo, el «desacato», los «desórdenes públicos» y la «resistencia» conllevan actualmente una pena mínima de seis meses a un año de privación de libertad y/o multa, frente al mínimo de tres meses a un año de prisión y/o multa del Código Penal anterior.

El futuro es cada día más oscuro para unos ciudadanos hastiados y sin recursos

Del mismo modo, el «ultraje a los símbolos nacionales», que incluye mancillar o mostrar con otros actos desprecio a la bandera o al himno nacional, incluye ahora una pena de privación de libertad de dos a cinco años o una multa considerable o ambas, frente a la pena de tres meses a un año de privación de libertad o multa del Código anterior.

Como se puede ver el futuro es cada día más oscuro para unos ciudadanos hastiados y sin recursos, que ya sólo piensan en la supervivencia tras 64 años de comunismo.