Xiomara Castro entrega el control de las prisiones de Honduras a la Policía Militar

La situación, tras la muerte de al menos 46 mujeres en la revuelta en la prisión del Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), resultaba insostenible. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, decidió tomar cartas en el asunto y anunció que la Policía Militar de Orden Público (PMOP) asumirá a partir del 1 de julio el control de todas las cárceles del país.

La decisión fue adoptada por Castro en un reunión con altos funcionarios de las Secretarías de Seguridad y Defensa, y según un comunicado de la Casa Presidencial, la PMOP ejercerá el control de los penales durante un año.

En ese tiempo, añade la información oficial, la PMOP deberá «reclutar, capacitar y formar por lo menos 2.000 nuevos custodios de centros penales, en cumplimiento de la Ley del Instituto Nacional Penitenciario (INP)».

El sistema penitenciario hondureño está conformado por 25 cárceles, en las que permanecen alrededor de 21.000 reclusos, pese a que la capacidad instalada es para unos 15.000 reclusos, según fuentes oficiales.

El Ejecutivo también le solicitó al Poder Judicial conceder medidas sustitutivas de prisión preventiva a todas las mujeres privadas de libertad en el Cefas que no están condenadas y las que sufren de enfermedades terminales, y preservar la prisión a las que son consideradas de alto peligro.

«Granja penal»

La mandataria hondureña le ordenó además a las Fuerzas Armadas habilitar las Islas del Cisne, en el Caribe, «como granja penal para el traslado de los cabecillas de las organizaciones criminales, considerados de alta peligrosidad, que estén detenidos en las cárceles o que sean identificados, capturados y procesados».

La muerte de las 46 mujeres en el Cefas, 23 de ellas con armas de fuego y blancas, y las 23 calcinadas en un incendio, es atribuida por las autoridades a un enfrentamiento entre dos bandas criminales.

Además, Castro decretó tres días de duelo nacional, sin suspensión de labores, «por el cruel y trágico asesinato de mujeres en la Penitenciaría Femenina».

Entre otras medidas, la presidenta de Honduras cesó en el cargo a todos los miembros de la Junta Interventora de los centros penales, que nombró en abril, al frente de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, quien retorna al mismo cargo de esa cartera.

El estado de excepción, parcial, que rige desde diciembre de 2022, se ampliará a otras regiones del territorio nacional y se extenderá en el tiempo la vigencia del mismo, indicó la Presidencia de la República.

Los niños de la cárcel

Por otra parte, el director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, Garry Conille, alertó que entre el casi medio centenar de mujeres que murieron el martes tras una reyerta en una cárcel de Honduras, algunas vivían con sus hijos, que se encuentran ahora «en situación de extrema vulnerabilidad».

«Algunas de las mujeres vivían en detención junto a sus hijos. Estos niños ahora están en situación de extrema vulnerabilidad. Estoy profundamente preocupado por su bienestar y seguridad», señaló en una declaración escrita el director regional del Fondo de las Naciones Unidades para la Infancia (Unicef).

Conille manifestó que «ninguna madre, padre o cuidador quiere que sus hijos e hijas estén expuestos a una situación de violencia extrema», y recomendó que «para ayudarlos a sobrellevar el trauma y su pérdida todos los sobrevivientes necesitan con urgencia atención especial y psicosocial».

El director de Unicef consideró en se sentido que «ningún niño o adolescente debe ser separado de su madre, padre o cuidador, salvo que esté en riesgo su interés superior», y anotó que «todas las mujeres que viven en detención junto a sus hijos e hijas deben ser protegidos siempre».

Por ello, Conille afirmó que «Unicef está comprometido en apoyar a Honduras en la revisión de la situación de niños y niñas que viven en instituciones, incluyendo centros de detención, para garantizar todos sus derechos».

«No podemos dejar atrás a los niños y niñas atrapados en la espiral de violencia, exclusión y pobreza. La única manera de romper este círculo es asegurando que tengan acceso a todos los servicios sociales. Ellos se merecen la oportunidad de prosperar», remarcó el alto funcionario de Naciones Unidas.

Conille apuntó que «lamentablemente» este incidente no es un caso aislado en América Latina y el Caribe «donde la violencia suele ser parte de la vida cotidiana de muchos niños, niñas y mujeres».

«Hacemos un llamamiento a todos los países de la región para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y niñas que viven con sus madres en detención», agregó el director regional de Unicef.

La entrega de las primeras mujeres muertas el martes en una cárcel de Honduras entre quemadas y asesinadas a tiros y con armas blancas, tuvo lugar este miércoles en Tegucigalpa entre el dolor de sus familiares y la confusión de muchos que no saben nada de las parientes a las que buscan.