Primera crisis importante del Gobierno de Meloni tras la muerte de Berlusconi

Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de ministros de Italia, viajará a Bruselas para participar en una cumbre europea que durará dos días. Pero sin desviar el ojo de lo que ocurra en Roma: desde la mayoría de centroderecha se trabaja para evitar que la Comisión de Asuntos Exteriores vote a la misma hora en la Cámara de Diputados el proyecto de ley sobre la ratificación del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que previsiblemente se debatirá el día siguiente.

Tras la inédita espantada de parte de la mayoría el pasado miércoles en la comisión, y la tensión entre Fratelli d'Italia y la Liga Norte en la búsqueda de un desenlace, Meloni ya ha dejado claro que el examen del proyecto debe aplazarse. No ha aclarado hasta cuándo, pero todo apunta a que el objetivo es dejar que transcurra el verano para poder avanzar mientras tanto en las negociaciones europeas sobre el Pacto de Estabilidad y la Unión Bancaria.

Así se podría crear las condiciones, según Meloni, de cara a un rediseño de las negociaciones. La coalición gubernamental intentará impulsar el aplazamiento en la reunión de jefes de grupo de la Cámara prevista para el miércoles, en la que encontrará una combativa oposición del Partido Democrático y el Tercer Polo, partidarios sobre todo de la ratificación cuanto antes del citado mecanismo.

El Mecanismo Europeo de Estabilidad fue creado por un tratado intergubernamental, al margen del marco jurídico de la UE, en 2012. Su función básica es conceder, en condiciones precisas, ayuda financiera a los países miembros que –a pesar de tener una deuda pública sostenible– encuentren dificultades temporales para financiarse en el mercado.

La condicionalidad varía según la naturaleza del instrumento utilizado: en el caso de los préstamos, adopta la forma de un programa de ajuste macroeconómico, especificado en un memorando específico; es menos estricta en el caso de las líneas de crédito precautorias, destinadas a países en condiciones económicas y financieras fundamentalmente sólidas pero afectados por perturbaciones adversas.

Unas condiciones exigentes que han tenido como consecuencia que Italia, cuya situación financiera sigue siendo comprometida, se haya convertido en el único país europeo que sigue sin ratificarlo. Su cumplimiento estricto podría sembrar una ola de descontento social entre los votantes más «populares» de Meloni. De ahí su voluntad de ganar tiempo para poder renegociar ciertas modalidades y evitar brechas entre sus socios de Gobierno. Esa es la razón por la que la oposición pretende acelerar los trámites.

Otro foco de atención

Otro foco de tensión para Meloni es la investigación abierta sobre la actividad empresarial de la ministra de Turismo, la siempre polémica Daniela Santanchè. Si Santanchè es imputada, tendrá que dimitir del Gobierno.

Meloni se lo ha hecho saber personalmente a la interesada durante una entrevista destinada a hacer balance de las investigaciones que le pisan los talones. En concreto, las de las sociedades Visibilia y Ki Group Spa, en el punto de mira por historias de proveedores impagados, indemnizaciones por despido nunca recibidas y el uso que se hizo del fondo de despido durante el periodo de pandemia.

Sin olvidar acusaciones sobre transacciones financieras en detrimento de accionistas minoritarios. Santanchè tiene peso político propio dentro de Fratelli d'Italia y es muy cercana al presidente del Senado, Ignazio La Russa, uno de los padrinos políticos de Meloni. Por lo tanto, cualquier implicación judicial se convertiría en una mancha para el buen nombre del Gobierno.