Al menos 18 reclusos muertos en un nuevo estallido de violencia en las cárceles de Ecuador

Ecuador vive una ola de violencia en sus cárceles que está dejando un reguero de muertos. Un nuevo motín en una peligrosa cárcel de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil y que ha durado todo el fin de semana ha dejado al menos 18 reclusos muertos.

«Hasta el momento se confirma el fallecimiento de 18 privados de libertad, tras los enfrentamientos registrados desde el sábado en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Además 11 personas (incluido un policía) resultaron heridas», ha afirmado la Fiscalía en su cuenta de Twitter.

Los choques entre diferentes bandas comenzaron el sábado por la tarde y se recrudecieron durante toda la madrugada del domingo, con estruendos de detonaciones de armas de fuego y artefactos explosivos. Las cárceles de Ecuador han sido desde 2020 escenario de una serie de masacres en las que han sido asesinados más de 450 presos, producto de enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control interno de los centros de reclusión.

Estado de excepción

Ante esta situación, cada vez más alarmante, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado el estado de excepción durante sesenta días «por grave conmoción interna» en todos los centros de privación de libertad que integran el Sistema nacional de Rehabilitación Social.

La secretaría general de Comunicación de la Presidencia difundió este martes el decreto, suscrito por el jefe de Estado con fecha del lunes, tras conocerse los últimos enfrentamientos de este fin de semana. Además, 96 agentes penitenciarios permanecen retenidos por reclusos en cinco cárceles, y presos de 13 centros de reclusión mantienen una huelga de hambre.

La declaración del estado de excepción pretende preservar los derechos de las personas privadas de la libertad (PPL), como grupo de atención prioritaria, así como de los agentes penitenciarios y de la Policía. Su finalidad también es controlar las circunstancias actuales y restablecer la convivencia pacífica, el orden y el normal funcionamiento de los centros de privación de libertad.

Con el decreto se dispone la intervención de las Fuerzas Armadas en el interior de las cárceles, una actuación excepcional temporal, subsidiaria y exclusiva ante graves alteraciones del orden.

La entrada de las Fuerzas Armadas en las cárceles se realizará hasta retomar su control y garantizar que no existe amenaza o afectación grave a la vida e integridad física o sexual de los reos, visitantes y servidores penitenciarios, entre otros. El decreto también señala la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de la correspondencia y libertad de reunión entre los reclusos.

El decreto relativo a las cárceles se emitió mientras se ha acordado también declarar durante 60 días el estado de excepción y un toque de queda nocturno en las provincias de Manabí y de Los Ríos y en el municipio de Durán, un día después de que el alcalde de Manta, Agustín Intriago, fuese asesinado.