El oasis belga, o cómo Bélgica se ha convertido en refugio de delincuentes

La colaboración en el terreno judicial entre España y Bélgica siempre ha podido ser mejor. La historia cuenta numerosas batallas en los tribunales entre ambos países que se han saldado con la protección de delincuentes en territorio belga, en pleno corazón de Europa. Igual que en el siglo XVII la isla Tortura era refugio de piratas, Bélgica lo es ahora en pleno siglo XXI.

Carles Puigdemont y Valtònyc son los nombres que hoy tenemos en mente, pero han sido otros muchos los delincuentes que se han amparado en el derecho belga para no ser extraditados a España, donde o habían sido previamente condenados o están pendientes de juicio. Incluso algunos no españoles como el expresidente de Ecuador Rafael Correa se protegen con las leyes belgas para no pagar por sus delitos en su país.

¿Por qué eligen Bélgica? No hay una razón evidente y, sin embargo, sí un sinfín de casos, tanto nacionales como extranjeros, que demuestran la laxitud de los tribunales en este país. El más llamativo de todos fue la vergüenza de toda Europa en plena década de los 90. Marc Dutroux fue detenido por violar a cinco niñas y condenado a 13 años de cárcel junto con su mujer, que colaboró en sus crímenes. Después de tres años, los jueces le dieron la libertad por su buen comportamiento y, poco después, secuestró, torturó, abusó sexualmente y asesinó a cuatro niñas.

En relación a España, la falta de colaboración judicial se remonta a décadas atrás. El país flamenco se convirtió en refugio de etarras sobre todo a partir de 1984. La extradición de Joseba Mirena Artetxe 'Txistu', que más tarde sería exonerado por la Audiencia Nacional, dio paso a 21 años de continuos rechazos por parte de Bruselas a la Justicia española.

En el camino, bajo el paraguas belga, se protegieron Luis Moreno y su mujer Raquel García, presuntos colaboradores del comando Vizcaya, cuya extradición detuvo el Gobierno belga para dejarlos en libertad dentro de su territorio. Lo mismo ocurrió con Enrique Pagoaga 'Peixotin', que llegó de Venezuela a Bélgica con pasaporte falso y fue detenido, pero las autoridades rechazaron su extradición. Lo dejaron en libertad y, aunque no le concedieron asilo político, sí le dieron el permiso de residencia.

Otro etarra, Ricardo Cruz Maiztegui, fue detenido también por entrar en el país de forma ilegal y España pidió su extradición, pero el Consejo de Estado la suspendió después de que el Gobierno la hubiera autorizado. No fue hasta 2005 cuando la devolución a España de Diego Ugarte López de Arkaute y Jon Gómez López, por el asesinato de Fernando Buesa y de su escolta, rompieron una racha de más de 20 años.

Con todos estos antecedentes, no es casual que Carles Puigdemont eligiera Bélgica como destino tras perpetrar el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Tampoco que se dejara aconsejar por el mismo abogado que había llevado los casos de los etarras anteriormente mencionados.

El expresidente de la Generalitat fijó su residencia en Bruselas en octubre de 2017 y se entregó a la Justicia belga después de que el juez Llarena dictara una euroorden contra él por rebelión, sedición y malversación. El magistrado no tardó ni un mes en retirarla previendo el laberinto judicial en el que podía entrar el caso, que se archivó en Bélgica unos meses después. Todavía hoy, Puigdemont sigue disfrutando de su libertad en la capital de Europa y, si llevara su proceso hasta el Tribunal de Derechos Humanos, podría alargarse hasta 2026.

Al tiempo que Puigdemont, el rapero José Miguel Arenas Beltrán, Valtònyc, fue condenado por el Tribunal Supremo por enaltecimiento del terrorismo, amenazas y calumnias e injurias graves a la Corona. Para evitarlo, escapó a Bélgica, donde se ha rechazado ya hasta en tres ocasiones su extradición basando los tribunales belgas sus argumentos en la libertad de expresión.