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El barco de la ONG Open Arms.

Meloni se harta del Open Arms y decreta el bloqueo del barco durante 20 días

El gobierno italiano también impuso una multa de 10.000 euros a la ONG española por asumir tareas que son de competencia de la Guardia Costera italiana

La ONG humanitaria Open Arms volvió a cruzar los límites al desafiar abiertamente al gobierno italiano presidido por Giorgia Meloni, lo que le ha valido una sanción de 20 días de bloqueo en puerto y una multa de 10.000 euros.

El problema se produjo cuando el lunes el Open Arms desembarcó en el puerto de Marina de Carrara a 195 inmigrantes rescatados en el mar Mediterráneo.

El barco tenía autorización para desembarcar a 26 personas en dicho puerto, sin embargo, se desviaron de la ruta marcada para rescatar a otras embarcaciones de inmigrantes hasta sumar la cifra de 195 personas, a pesar de que la Guardia Costera italiana les había advertido que ellos se hacían cargo de llegar a las coordenadas donde se encontraban las embarcaciones en peligro.

La ONG difundió un comunicado donde lamenta esta decisión justo en un momento en que la Open Arms había logrado mejorar sus relaciones con el gobierno italiano y colaborar juntos en varios rescates.

«En el mar, las reglas parecen ya no tener ningún valor, a veces nos piden que tomemos el lugar de la Guardia Costera permitiendo 7 rescates en un solo día, otras nos detienen y nos sancionan», escribió la ONG en sus redes sociales, horas después de que la cifra oficial de muertos en el Mediterráneo Central superase los 2.000.

La ONG denuncia que, tras recibir la notificación de que la Guardia Costera se hacía cargo del rescate, pidieron información adicional, petición que no fue atendida, por lo que se dirigieron a las coordenadas establecidas para el rescate.

El barco ayudó a 132 personas: «La operación duró aproximadamente 2 horas, durante las cuales no se ha presentado nadie», lo que les «confirmó» que «se trataba de personas abandonadas a la deriva».

«Salvar vidas es un deber moral y legal, detener barcos que puedan ayudar en un contexto de emergencia humanitaria es peligroso e inconstitucional», explicó sobre el decreto adoptado por el Gobierno que preside Giorgia Meloni para dificultar las labores de las ONG en el mar.

El pasado lunes, las autoridades italianas también decretaron el bloqueo durante 20 días de la nave humanitaria Aurora, de la ONG alemana Sea Watch, en su caso por desembarcar 72 inmigrantes en la isla de Lampedusa desoyendo sus indicaciones porque «no tenían otra alternativa», según la organización.

«Los buques humanitarios se encuentran a merced de elecciones arbitrarias y totalmente inconstitucionales, por lo que a veces se les llama a hacer las veces de la Guardia Costera, otras son, por el contrario, están sujetos a sanciones y bloqueos administrativos. Un decreto que impide salvar vidas no puede considerarse legítimo», añadió Open Arms.

El Gobierno de Meloni, que llegó al poder en octubre del año pasado prometiendo en campaña entre otras cosas una gestión más dura de la inmigración, afronta su primer verano encarando este fenómeno, agravado por las buenas condiciones del mar y la crisis en Túnez.

Según los últimos datos oficiales, más de 105.000 migrantes han llegado al país desde principios de año, un incremento más de un 115 % respecto al mismo periodo de 2022, impulsados por la crisis de Túnez, de donde huyen miles de subsaharianos, lo que ya llevó al país a declarar en mayo pasado al Ejecutivo el «estado de emergencia migratorio».