Entra en vigor el control a las grandes plataformas digitales: así funciona el Gran Hermano europeo

«El que avisa no es traidor», reza el dicho. La Unión Europea ha avisado desde hace años de su intención de controlar contenidos en plataformas digitales que puedan ser considerados «peligrosos o dañinos».

En concreto desde la victoria del «sí» al Brexit, el «no» al proceso de paz en Colombia con los terroristas de las FARC y la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Todo fue en el año 2016.

Un annus horribilis para los dueños de Occidente. Estos tres acontecimientos fueron considerados fruto de la «desinformación», de las conocidas como fake news. Y había que hacer algo para evitar que se repitiera. Los referéndums los carga el diablo si el resultado no es el deseado.

Todo ha ido más rápido desde la crisis sanitaria del coronavirus. La imposición del relato oficial a toda costa llevó a la Comisión Europea a plantear la imposición de la ley de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés) propuesta en diciembre de 2020.

El control de la narrativa ya no estaba en manos de los gobiernos y había que retomarlo de alguna manera. Son de sobra conocidos los cientos de millones con los que en España el Gobierno de Pedro Sánchez regó a los principales medios de comunicación.

Ahora, lo que la Unión Europea quiere es poner en cintura a los grandes tecnológicas. Cerca de 20 empresas (desde redes sociales a buscadores, pasando por plataformas de compra) se verán afectadas. Aquellas con más de 45 millones de usuarios europeos son el objetivo. Desde este momento tienen un máximo de cuatro meses para ajustarse a la nueva legislación.

Luces y sombras

Como suele ocurrir con otras legislaciones semejantes, la motivación subyacente es positiva. Luchar contra el fraude, la pornografía infantil o el terrorismo en plataformas digitales es algo loable. El problema radica en la persecución de postulados morales o alternativos.

Los códigos de conducta religiosos –y la defensa de valores a los que estos llevan– no casan con la visión secular instigada por las autoridades en las sociedades occidentales. Defender la biología básica hoy puede ser considerado delito de odio, y esto es una de las líneas rojas que serán perseguidas desde el día uno de la implantación de esta ley.

Quién controla al controlador

Según fuentes internas del equipo encargado de implantar la DSA, desde 2016 la Unión Europea «ha mejorado en la persecución de los delitos de odio». Son esfuerzos para controlar el contenido en el mundo digital a los que ahora se suman aquellos para «luchar contra la desinformación, en especial la que viene de Rusia».

Desde la UE aseguran que el proceso de reclamación será triple. Primero, el usuario podrá apelar a la plataforma; segundo, según el artículo 18 de la ley, podrá aplicar a un cuerpo intermediario independiente que estará listo en febrero de 2024 a más tardar e, incluso, a un juez y tercero, organizaciones y asociaciones podrán presionar a la plataforma.

Esto último da a entender que se creará una constelación de ONG, asociaciones y fundaciones que, de una u otra manera, vivirán de esta legislación. Lo que se conoce habitualmente como «chiringuitos». A efectos, es la censura política implantada por terceros supuestamente independientes. El poder político estipula las normas de juego, se lava las manos y permite que otros sean los encargados de ejecutar.

El deseo es que «la experiencia del usuario no se vea afectada en términos generales». Las plataformas deberán implantar un sistema de denuncia visible, pero no habrá grandes cambios que entorpezcan su uso como hasta el momento.

Estructura y financiación

El equipo de trabajo encargado del sistema de observación y censura consta de cuatro departamentos. Uno, el legal y de coordinación; dos, el encargado de la observancia; tres, el de competencias y cuatro, el de cooperación con las partes afectadas (usuarios y plataformas).

Un total de más de 100 personas estarán trabajando en esta materia, incluido el equipo del algoritmo de transparencia establecido en Sevilla. Todos ellos serán los encargados de «recoger hechos y evidencias que justifiquen la toma de decisiones y colaborar», cuando sea necesario, con entidades como Europol.

Para financiarse, según el artículo 43 de la DSA, se cobrará una tarifa fija a cada empresa en función del número de usuarios que «nunca podrá superar el 0,05 % del total de ingresos anuales» de la compañía.

El presupuesto para este curso es de 45 millones de euros, aunque se revisará anualmente. Las multas por incumplimiento pueden suponer hasta el 6 % del total de ingresos de la empresa.

El próximo año, los gobiernos nacionales deberán aprobar una ley que regule esto acorde a las legislaciones particulares de cada Estado miembro.