La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernandez, viuda de Néstor Kirchner, y el presidente Alberto Fernández
Argentina
Argentina, condenada a pagar cerca de 15.000 millones de euros por la expropiación de Ypf a Repsol
Una juez de Nueva York da la razón a los accionistas representados en el fondo de inversión Burford Capital, que reclamaban compensaciones por la intervención de la multinacional hace ocho años
Sucedió hace ocho años y se considera el pistoletazo de salida de las inversiones que todavía resistían en Argentina. El Gobierno de la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, intervino Ypf, bajo control de Repsol, y posteriormente expropio el 51 % de las acciones a la petrolera española. Desde entonces los fallos en contra de Argentina por este asunto se suceden.
La jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló hoy a favor del fondo Burford Capital en su litigio contra el Estado argentino por las consecuencias de aquella expropiación y obliga al gobierno a pagar el mayor monto posible: 16.000 millones de dólares (unos 14.940 millones de euros).
La jueza especifica en su fallo las razones por las que castiga con una cifra tan elevada a Argentina. Lo hace al considerar los perjuicios acumulados de los accionistas del fondo, , con sede en Nueva York, a los que entiende que debe reconocer que «los intereses del 8 % son apropiados y deben contabilizarse desde el 3 de mayo de 2012», fecha en la que se nacionalizaron el 51 % de las acciones que tenía Repsol de Ypf, y sobre las que el Estado tuvo responsabilidad en la gestión posterior.
El gobierno anuncia que recurrirá
Mientras que la acusación reclamaba 16.000 millones (14.522 millones de euros), Argentina estimaba que –con base en un fallo anterior de la jueza– le correspondería abonar cerca de 5.000 millones, aunque el Gobierno del país sudamericano ya adelantó que pensaba recurrir cualquier decisión al respecto.
El caso se remonta a ocho años atrás y en él se dirimía la compensación que Argentina debe o no pagar a inversores de YPF, que argumentan que se vieron afectados cuando el Estado expropió a la española Repsol el 51 % de las acciones de la petrolera y no hizo una oferta pública por el resto de títulos.
Repsol llegó a un acuerdo con el gobierno de entonces, pero no sucedió lo mismo con los titulares de los diferentes paquetes del accionariado. Este fallo se suma a otros anteriores y demuestran, una vez más, lo perjudicial que fue para el país aquella expropiación, por las bravas, en términos financieros y políticos.