La extradición de Ledezma y el silencio de Pedro Sánchez
El alcalde legítimo de Venezuela, que logró huir en una travesía digna de película, se refugió en España, donde debería sentirse seguro, pero no es así
El régimen de Nicolás Maduro ha pedido la extradición de Antonio Ledezma. La solicitud de una dictadura que es responsable de decenas de miles de asesinatos no ha merecido un comentario del Gobierno de Pedro Sánchez. El alcalde legítimo de Venezuela, que logró huir en una travesía digna de película, se refugió en España donde debería sentirse seguro, pero no es así.
A Ledezma, con razón, le preocupa su situación. La última palabra de la extradición la tiene un gobierno que, aunque esté en funciones, bien podría aprovechar para mandar un mensaje de tranquilidad a una de las 40.351 víctimas del terrorismo de Estado que impera en Venezuela.
La bandera de los derechos humanos parecería haberse convertido en un trapo apolillado en la Moncloa, cuando se trata de defender a personas cuya ideología está a años luz de esa izquierda con tintes bolivarianos que parece haberse adueñado del Ejecutivo.
España, pese al revival de los movimientos indigenistas y de izquierdas trasnochadas, no ha dejado de ser el país de referencia en Hispanoamérica. La expresión madre patria ha sido sustituida, en ocasiones y por intereses políticos, por la de madrastra, pero los mismos que echaban leña al fuego violento de un revisionismo histórico sesgado, no perdían la ocasión de subirse al avión para cruzar el Atlántico. Lo hizo Hugo Chávez y le siguieron Evo Morales, Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner, los cuatro jinetes del apocalipsis de la democracia que alimentaron el germen de la hispanofobia.
Nicolás Maduro se ha quedado con las ganas de poner pie en territorio español. El privilegio lo han tenido ministros suyos hasta cuando la Unión Europea, entre las sanciones que aplicó, les colocó en la lista negra de persona non grata. La «escala» de Delcy Rodríguez en Barajas con el equipaje que nadie revisó y que debía ocultar el oro, los dólares o los metales preciosos de Venezuela, fue un ejemplo de complicidad injustificable. Rodríguez Zapatero, padre político o adoptado de Sánchez y de Pablo Iglesias, se han convertido, gratis o previo cheque, en interlocutor y defensor de una tiranía imposible de justificar por un demócrata.
Él sabrá por qué lo hace, pero él también podría aprovechar para susurrarle al oído a Sánchez que Ledezma bien vale una declaración de respaldo. Alguien debería advertir al presidente en funciones que unos 400.000 venezolanos viven y pueden votar en España. Enviarles el mensaje de que nadie les va a mandar de vuelta a las mazmorras del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), al helicoide, a la prisión militar de Rama verde o a cualquiera de esas tumbas sería tan fácil como anunciar que la extradición de Ledezma, que estuvo en todos esos centros de tortura, nunca se producirá.