Inmigrantes africanos en Montreuil, un suburbio de París
Inmigración masiva
Francia está dispuesta a asumir los costes del endurecimiento de su política inmigratoria
Un nuevo proyecto de ley plantea varias propuestas que podrían chocar con los límites marcados por el Convenio Europeo de Derechos Humanos
El asesinato del profesor Dominique Bernard en Arras, al norte de Francia, parece haber colmado la paciencia del gobierno de Emmanuel Macron.
Gérald Darmanin, el ministro de Interior, ha prometido mano dura en inmigración y quiere deportar a los extranjeros considerados peligrosos sin esperar a lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) pueda decir al respecto.
El procedimiento actual a través del Tribunal frena la resolución rápida de muchos procesos al tener que revisarse cada solicitud bajo el prisma del Convenio Europeo de Derechos Humanos. París está dispuesto a pagar las multas que sean necesarias con tal de frenar la caída por la pendiente resbaladiza en la que se encuentra.
De ir adelante esta legislación, sería la posición más dura contra la inmigración en 30 años. Las razones son varias. Por un lado, la situación actual en Oriente Próximo y la tensión en aumento por la radicalización de la población musulmana.
Por otro, es una estrategia política de partido -robar votos de los descontentos con la actual política inmigratoria que votan a partidos más conservadores- y a futuro para el ministro de Interior -suena como sucesor de Macron una vez se retire este en las próximas elecciones-.
La propuesta legislativa de Darmanin plantea extender el periodo de tiempo que alguien puede estar detenido sin cargos.
Los extranjeros a los que se notifiquen avisos de deportación podrán ser retenidos durante año y medio si también tienen antecedentes penales o están en una lista de vigilancia.
En la actualidad solo pueden ser detenidos un máximo de 90 días y en numerosas ocasiones son liberados antes de tiempo.
El ministro también quiere agilizar la expulsión de los solicitantes de asilo que no obtengan el estatus de refugiado y negar los permisos de residencia a los que no hablen francés o que defiendan un islam radical.
Sin el apoyo de la oposición, la legislación propuesta por Darmanin tiene pocas posibilidades de ser aprobada por ambas cámaras del Parlamento, donde el gobierno carece de mayoría absoluta. Por eso le es vital conseguir el apoyo de los Republicanos y del partido de Marine Le Pen. Al centroizquierda y a la izquierda los da por imposibles.
En los últimos años la población inmigrante ha pasado del 8,13 % en 2006 a más del 10,3 % en 2021. Tan solo en 2022, la inmigración en Francia tuvo un resultado neto de 320.000 personas. Este porcentaje no refleja la población nacionalidad de origen inmigrante.