Los 5 asuntos pendientes que debes conocer del caso Pfizergate de Ursula Von der Leyen

Quizás no haya oído hablar del Pfizergate, un caso de posible corrupción que salpica a la presidenta de la Comisión Europea por unos mensajes de texto intercambiados con el director ejecutivo de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, antes de que se firmara un jugoso contrato multimillonario entre la UE y la empresa por la compra de vacunas COVID.

El acuerdo fue completamente opaco y el secretismo se dio a conocer públicamente gracias a una serie de diputados, entre los que se encontraba el conservador rumano del ECR, Christian Terhes. Mostraron a las cámaras cómo el documento estaba tachado casi por completo y no podían conocerse los pormenores de un suculento negocio de más de 70.000 millones de euros.

Un escándalo que se ha ocultado durante meses pero que sigue latente y puede explotarle a la alemana poco tiempo antes de unas elecciones en las que tiene todo en contra para repetir como jefa del Ejecutivo comunitario.

Algunas preguntas son inevitables: ¿qué es lo que había realmente en esos mensajes de texto? ¿Por qué el precio de la dosis aumentó en un 25 por ciento y se compraron millones de dosis que, como en casos anteriores con otras vacunas, han acabado en la basura? ¿Puede hablarse de malversación?

Otra cuestión que se está tratando en paralelo a las anteriores es el acceso a documentos oficiales de la Unión Europea. ¿Los mensajes de texto de los comisarios pueden ser categorizados como tal?

Estas cuestiones se han planteado a raíz de la demanda que el New York Times presentó a principios de este año contra la Comisión por obstaculizar el acceso a esos mensajes de texto. El Tribunal Europeo de Justicia deberá pronunciarse a principios de 2024 al respecto.

«Al público se le sigue negando información sobre las condiciones de uno de los mayores contratos de compra en la historia de la UE», dijo Nicole Taylor, portavoz del New York Times.

1. El NYT tiene todas las de ganar

Según un reglamento comunitario de 2001, los ciudadanos de la UE tienen derecho a «acceder a cualquier contenido, sea cual sea su soporte (escrito en papel o almacenado en forma electrónica, grabación sonora, visual o audiovisual)". No se especifican los mensajes de texto (SMS). El juez bien podría incluirlos al entenderlos como “forma electrónica».

El derecho a acceder a la información puede verse enfrentado al derecho a la privacidad, de ahí la importancia de conocer los límites de lo que es oficial o no siendo cargo público.

Por otro lado, se aprobó el pasado mes de octubre la Media Freedom Act bajo la cual se proteje la labor del periodista y sus fuentes, algo que podría servir para decantar la balanza del lado del periódico estadounidense.

Al tratarse sobre comunicaciones que podrían haber afectado el transcurso de los acontecimientos también motivaría al juez a entenderlo como un caso de relevancia pública.

2. Cambiará cómo se comunican

El debate real sobre el que gira la demanda es sobre si debe o no tener acceso a los documentos esenciales para la toma de decisiones, incluso los mensajes digitales.

Este fallo podría sentar un precedente crucial en cuanto a transparencia dentro de la Unión Europea. Una transparencia, por otro lado, de la que hacen gala y que comprometería el discurso oficial.

Las consecuencias no serían inmediatas, ya que la batalla por la privacidad podría extenderse durante años y más si se tratan de documentos oficiales.

Lo que sí es evidente es que los protocolos de comunicación, tanto interna como externa, deberán modificarse para evitar casos semejantes en el futuro y conocer cuáles son las limitaciones de funcionarios y de personal de alto nivel según sus funciones.

3. ¿Siguen existiendo los mensajes?

El tribunal está evaluando la validez de la posición mantenida por la Comisión para rechazar el acceso al New York Times, lo que determinaría si los mensajes de texto deben considerarse como documentos que deben ser almacenados y accesibles para los ciudadanos.

Ahora bien, durante todo este tiempo lo más probable es que las partes afectadas hayan eliminado los mensajes para no dejar pruebas. La tecnología permite recuperar las copias de seguridad, pero los medios jurídicos no tienen por qué ir a la par.

Bajo la legislación actual europea es casi imposible que se pueda incautar ese material, si bien el derecho belga ya es un asunto aparte. Llegado el momento podría validar la medida. En el caso de que no se pueda acceder a ese material, la Comisión evitaría las consecuencias del fallo en contra.

4. El factor tiempo lo es todo

La resolución del TJUE se espera para principios de 2024, justo en plena campaña de las elecciones europeas. Esto podría acarrear un alto costo político para Von der Leyen. El fallo será de gran interés mediático y atraerá los focos a una presidenta cuya imagen ya está en entredicho.

Además, expondrá a la Comisión a acusaciones de falta de transparencia, lo cual no ayuda en absoluto tras el escándalo del Parlamento Europeo en el caso Qatargate.

Pero, así como ocurre en otras ocasiones, el factor tiempo es fundamental. En el caso de que la Comisión pierda, dispondría de al menos dos meses para apelar. Sin embargo, el TJUE suele tardar al menos nueve meses en emitir un nuevo fallo, lo que significaría llegar a 2025. Tiempo más que de sobra para desviar la atención y recuperar el terreno perdido.

5. Ganar no es sinónimo de salvarse

Incluso si gana la Comisión, Von der Leyen no está fuera de peligro ya que a la presidenta se le acumulan los casos. La Fiscalía Europea está llevando a cabo una investigación sobre las adquisiciones de vacunas por parte de la UE en la que se podría haber incurrido en malversación.

Por otra parte, un ciudadano belga presentó una denuncia penal en Bélgica contra Von der Leyen en abril. Esta denuncia incluye acusaciones de corrupción y destrucción de documentos. ¿Serán los mensajes de texto en discordia?

Los próximos seis meses van a ser un calvario para la jefa del Ejecutivo comunitario. Las voces discrepantes dentro de su propio grupo parlamentario (EPP) no paran de crecer por su acercamiento a las fuerzas de izquierda; estas le reprochan el haber cercenado gran parte de los objetivos más ambiciosos de la agenda climática y la postura internacional sobre la guerra entre Israel y Hamás ha sido ambigua, lo que ha generado malestar entre partidarios y detractores de cada bando.