Macron intenta a la desesperada relanzar su proyecto de ley de inmigración

La derrota severa del pasado lunes parece no haber mermado el deseo de Emmanuel Macron de sacar adelante su controvertido proyecto de ley sobre inmigración antes de la Navidad, que la Asamblea Nacional se negó a debatir el pasado lunes en una votación que ha supuesto la mayor derrota parlamentaria de su Gobierno desde que empezó la actual legislatura hace año y medio. El presidente de Francia quiere, además, lograr su objetivo sin tener que recurrir al artículo 49.3, que permite adoptar un proyecto de ley sin votación, siempre que el Gobierno comprometa su responsabilidad ante la Asamblea Nacional.

Para lograr su objetivo, el presidente de Francia ha ordenado, por una parte, a su primera ministra, Élisabeth Borne, iniciar una ronda de negociaciones con la cúpula de Los Republicanos, la formación de centro derecha cuyos votos son imprescindibles de cara a la aprobación del futuro texto –la mayoría de sus miembros votaron a favor de la moción–, pues el rechazo a debatir el anterior implica que el Gobierno no puede volver a presentar el mismo texto.

La otra decisión que ha tomado Macron ha consistido en ordenar a sus parlamentarios constituir una comisión mixta paritaria. Los miembros de esta instancia se eligen en función del peso de los grupos políticos en cada cámara. Aunque aún se está negociando los nombres de los parlamentarios, ya se conocen los de sus dos copresidentes: Sacha Houlié, diputado del macronista Renaissance por la Asamblea Nacional, mientras que el senador François-Noël Buffet, de Los Republicanos, representará a la cámara alta.

Las reuniones de la comisión mixta paritaria tendrán lugar a puerta cerrada, siendo su objetivo alcanzar un compromiso en relación con el proyecto de ley. Sin embargo, los diputados no podrán hacer uso de su derecho de enmienda. El motivo es que no se trata de una nueva lectura, sino de conversaciones para llegar a un acuerdo. Si los parlamentarios consiguen llegar a un compromiso, el texto deberá votarse en el Senado y en la Asamblea Nacional. Obviamente en los mismos términos. Si, por el contrario, fracasa, el nuevo texto retomará el itinerario parlamentario clásico.

Esta opción significaría que no se podría cumplir el deseo presidencial de votar la ley antes del 24 de diciembre. Sería un paso más en el debilitamiento, político y parlamentario del presidente y su Gobierno. Anticipando posibles acontecimientos, Macron ya ha avisado que un fracaso equivaldría al retiro definitivo del proyecto.

Desde el Elíseo, se espera que el texto se apruebe definitivamente «la próxima semana», tras un acuerdo y una votación final en la Asamblea y el Senado, que podría tener lugar tan pronto como el martes o el miércoles. Mas son proyecciones muy optimistas, pues persisten hondas diferencia entre Renaissance y Los Republicanos. Cada uno tiene sus reivindicaciones.

Las de los macronistas son tres: la posibilidad de regularizar a los trabajadores sin papeles en empleos necesitados de mano de obra –concesión al ala más izquierdista de Renaissance–, la prohibición de encerrar a menores en situación irregular en centros de retención administrativa y el mantenimiento de la asistencia médica estatal, la atención sanitaria básica a la que tienen derecho. Sobre la regularización de los sin papeles, Los Republicanos y La Agrupación Nacional –que también estará representado en la comisión mixta paritaria– se muestran intratables: aprobar esa disposición sería visto por sus votantes como una traición.

Por eso, en las últimas horas Los Republicanos han elevado el listón de sus exigencias: nada menos que una revisión constitucional relacionada con la inmigración, en paralelo a las actuales negociaciones sobre la futura ley. Una forma de intensificar la presión sobre el presidente de la República y su primera ministra de cara a la negociación política del próximo domingo por la noche en Matignon, sede de la jefatura del Gobierno y que precederá a la reunión de la comisión mixta paritaria, prevista para el lunes.